México, D.F., (apro).- El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, aseguró que la democracia en México “de ninguna manera” se encuentra en riesgo por la violencia que priva en varias entidades del país. Además, consideró que los niveles delictivos podrían bajar en las próximas semanas tras la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Óscar Omar Treviño, Z42. Las declaraciones del funcionario federal se dan luego de que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos advirtieron ayer que México atraviesa por una crisis en ese ámbito que pone en riesgo la democracia. Entrevistado al término de la firma del Convenio con Estados y Municipios Beneficiarios del Fondo y Subsidios Federales de Apoyo a la Seguridad Pública, Rubido dijo: “No creo que esté en riesgo de ninguna manera la democracia en nuestro país”. Subrayó que todas las fuerzas federales trabajan de cara al proceso electoral del 7 de junio y que no se ha presentado “absolutamente ningún incidente que pudiera poner en riesgo la elección”. Por el contrario, dijo, las detenciones de presuntos delincuentes como Servando Gómez y Omar Treviño contribuirán de manera significativa a que en las entidades donde operaban haya más tranquilidad y se abata la violencia en los próximos días. Respecto de las opiniones vertidas por diversos sectores, en el sentido de que esas detenciones no ayudarán a que disminuya la violencia, el funcionario federal expuso que “no hay una estrategia para combatir a las bandas delictivas que no transite en primerísimo lugar por la detención de los líderes”. Explicó que las organizaciones criminales trabajan con base en la confianza que el líder de la organización genera con quienes le proveen o le compran cualquier tipo de mercancía ilegal. En esa lógica, es una relación prácticamente personal y “por eso cuando se le pega al líder de un grupo delincuencial, automáticamente se le afecta a éste su capacidad operativa, económica y tecnológica”, por lo que son un gran logro estas detenciones, enfatizó. Ayer, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que “no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas y un aumento en la tortura de 600% en los últimos 10 años, en un país donde ocho de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia o donde la ‘cifra negra’ del delito alcanza 93.8%”. De su lado, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los esfuerzos que el Senado ha realizado para avanzar en reformas en este tema y destacó que el parlamento debe ser un guardián de los derechos humanos. Sin embargo, aclaró, a la luz de los hechos ocurridos en Iguala y del “lacerante fenómeno de la desaparición forzada”, está pendiente impulsar una respuesta legislativa integral en los términos recomendados a México por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU y recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas. En el Senado de la República, Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lamentó que México “no ha sabido o no ha querido” resolver el “triste” legado de violaciones graves a los derechos humanos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno forzado y desaparición forzada. Para enfrentar esta situación, dijo, todos los poderes del país deben reconocer “la alarmante crisis en materia de derechos humanos y la enorme deuda que tenemos con los cientos de miles de víctimas, a quienes se les ha negado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.