José Mujica –quien el pasado 1 de marzo entregó el poder presidencial a Tabaré Vázquez-- impulsó la legalización del consumo de mariguana, así como de su producción y su venta, a contracorriente de la mayoría de la opinión pública de su país que, en principio, veía con recelo dicha iniciativa. Las claves de la operación política que llevó a cabo el mandatario uruguayo son descritas por el periodista Mauricio Rabuffeti en “José Mujica. La revolución tranquila”, libro que, bajo el sello de Aguilar, realiza un revelador perfil humano y político del popular expresidente. Con autorización del autor, se reproducen fragmentos sustanciales del libro. MONTEVIDEO (apro).- José Mujica llegó al poder como continuador de un gobierno de izquierda que asumió las riendas del país en el año 2005. Fue la primera vez que la izquierda uruguaya, que se con­solidó como tal en 1971 en el Frente Amplio, llegó a la Presidencia. Esta variopinta “fuerza política”, como se au­tocalifica, incluye a dirigentes de extracción socialista, co­munista, de izquierda radical y moderada, socialdemócra­tas y sindicalistas de izquierda, a quienes les gusta definirse como “progresistas” (…) Mujica fue electo en una segunda vuelta electo­ral y logró mayoría parlamentaria en la primera ronda, una situación de gran comodidad para un mandatario que asu­mía con fuerte resistencia de buena parte de la población. Los uruguayos esperaban lo obvio: continuidad de la política económica que desde 2003 había asegurado creci­miento al país y, con una reforma tributaria adoptada por sus predecesores en el gobierno que dio al Estado ingentes recursos en relación a lo que venía percibiendo, aguarda­ban medidas de redistribución de la riqueza. Pero bajo la manga, Mujica escondía otras ideas bas­tante más polémicas y revolucionarias. En 2012 el presidente lanzó de forma poco clara su idea de regular el circuito de producción, distribución y consumo de la mariguana (…) En Uruguay ya era legal consumir mariguana antes de que Mujica presentara su reforma; no así venderla o intercambiarla. Incluso la po­sesión de plantas de mariguana podía ser considerada un delito si un juez estimaba que el volumen a cosechar era demasiado importante para un solo individuo. Esa situación llevó a que en Uruguay muchos consumi­dores que plantaban mariguana para evitar comprar la dro­ga de mala calidad proveniente de Paraguay, que es la mayor parte de la que todavía llega al país, fueran presos con de­lincuentes comunes en superpobladas e insalubres cárceles. En paralelo, aumentaba el consumo de una droga destructora conocida como “pasta base” de cocaína. Suma­mente adictiva y muy barata, esta sustancia fabricada en base a los restos de elaboración de la cocaína hacía –hace– estragos entre los jóvenes de menor poder adquisitivo. Las historias de adolescentes robando a sus propias familias para comprar este narcótico y de jóvenes llegando a centros de desintoxicación pidiendo que los ayudaran por no sopor­tar la abstinencia, se multiplicaron en los medios locales (…) Cuando Mujica empezó a gobernar, habían pasado años de inacción oficial durante los cuales el consumo de pas­ta base de cocaína se disparó. Los médicos comenzaban a ver el efecto acumulativo del consumo de esta droga en los jóvenes, y los centros de tratamiento y desintoxicación públicos y privados se poblaron de adictos que recaían una, y otra, y otra vez. El presidente y su equipo de asesores estaban conven­cidos desde antes de tomar las riendas del país de que algo debían hacer. Para ellos, el problema mayor no era el con­sumo de drogas, sino las consecuencias que el comercio de estupefacientes traía aparejadas. Enfrentaban una contradicción legal enorme: en Uru­guay podía consumirse una sustancia adictiva pero la etapa previa, la venta y distribución, era ilegal y lo sigue siendo para drogas más duras que la mariguana, como la cocaína, la pasta base o drogas sintéticas. En junio de 2012 Mujica introdujo en el debate público la idea de regular el mercado de la mariguana, una dro­ga considerada blanda, de consumo social extendido en el país y utilizada con fines medicinales en varias naciones (…) Mujica no solo proponía que la venta de mariguana fuera legal, una experiencia que ya se había dado y probado en otros países. El presidente dijo que sería el Estado el que regularía y controlaría la producción y distribución de la hierba. Era la primera vez en la historia que un mecanismo tal se planteaba por parte de un gobierno, en un mundo en el que al narcotráfico se lo combate sobre todo a balazos. Las críticas llovieron sobre el presidente mucho más que los elogios. La mayoría de los uruguayos se declaraban contrarios a la idea de que el Estado actuara como regulador del mercado de drogas. Algunos incluso insinuaron que Mu­jica había consumido mariguana en su juventud, que coin­cidió en parte con los albores del movimiento hippie, y que ahora, ya viejo, quería legitimar un hábito tal vez perdido. Mujica, que fue un fumador empedernido, nunca con­sumió mariguana. La idea para el cannabis, elaborada en conjunto con sus asesores que debían darle forma de ley, era única y ori­ginal. El Estado uruguayo recibiría la producción de la hier­ba cultivada de forma autorizada en el país y se encargaría de su distribución a través de las farmacias. Se crearía un registro de consumidores que retirarían una cantidad limi­tada por persona al mes, mediante una tarjeta que no in­cluiría información de identidad a la vista y estaría vincula­da a una base de datos computarizada confidencial. El autocultivo estaría permitido y en cada casa podría haber hasta seis plantas de mariguana. Muchos políticos de la oposición lo acusaron de crear una nube de humo para distraer a la opinión pública de los evidentes problemas de gestión que exhibía su gobierno, in­capaz de responder de forma eficiente a las dos principales demandas de los uruguayos: mejorar la seguridad pública y el deteriorado sistema educativo El contexto político regional le dio una mano a un pre­sidente con gran sentido de la oportunidad. En América Latina se libra una cruenta guerra antidro­gas. El combate armado al narcotráfico es la estrategia pro­movida, auspiciada y respaldada militar y financieramente por los gobiernos de Estados Unidos, uno de los países con registros más altos de consumo de drogas del planeta. Los Estados nacionales, muchas veces desbordados por la vio­lencia, se pliegan a esa política. Pero los efectos de esta estrategia son cada vez más cuestionados en una región en donde el número de crímenes violentos y muertes asocia­das al tráfico de drogas se dispara sin remedio. La posibilidad de que un proyecto como el que tenía en carpeta el presidente Mujica fuera aceptado en el conti­nente americano y ganara algún respaldo que lo legitimara ante los parlamentarios uruguayos comenzó a hacerse cla­ra en la Sexta Cumbre de jefes de Estado de las Américas, que tuvo lugar en Cartagena, Colombia, en abril de 2012. Pocos meses antes, en febrero, el presidente de Gua­temala, Otto Pérez Molina, había propuesto que los países de América Central, por los que transita buena parte de la droga que termina en Estados Unidos, discutieran la despe­nalización de estas sustancias. El tema había sido instalado por el mandatario de un país como Guatemala, con muchos más argumentos que Uruguay para justificar cualquier nueva postura en materia de lucha antidrogas. No por casualidad el presidente Pérez se había convertido en el primer gobernante latinoamerica­no en ejercicio en proponer una discusión a escala global sobre la sustitución del combate armado al tráfico de dro­gas por una progresiva legalización. Guatemala es uno de los principales escenarios de los combates entre traficantes –y entre traficantes y fuerzas de seguridad–, con más de seis mil muertos por violencia en el año 2013, la mayoría vincu­lados a esta actividad ilícita, según datos oficiales. En Cartagena, los mandatarios americanos encomenda­ron a la OEA, el organismo regional por excelencia, un informe específico sobre el combate a las drogas en las Américas. “Los mandatarios del Hemisferio iniciamos una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin”, anunciaba al término de la cumbre el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Por primera vez todos los presidentes del continente, incluido el de Estados Unidos, estaban de acuerdo en revi­sar la política antinarcóticos y pensar “nuevos enfoques”, más allá del combate armado frontal a los narcotraficantes. Mujica, que tenía entre ceja y ceja a la pasta base, reconoció el momento perfecto para presentar a su país como terreno para un experimento regional, que bien ma­nejado podría tener pocas consecuencias negativas en caso de fracasar. Y así lo hizo apenas dos meses después de esa reunión de presidentes. El informe de la OEA cristalizaría trece meses después de la reunión de Cartagena en el reporte titulado El proble­ma de las drogas en las Américas. El texto estaba destinado principalmente a fomentar el debate sobre el abordaje que se había dado hasta ese momento al combate contra el tráfico de estupefacientes y fue publicado por la propia Secretaría General del orga­nismo. Este detalle es de gran importancia: la OEA cuenta con unidades de investigación sobre diversos temas que publican de forma más o menos autónoma los resultados de su trabajo. Esto quiere decir que lo que publican no debe ser necesariamente aprobado por los países miembros del organismo antes de llegar al público y a la prensa, y sue­le dejar lugar para cuestionamientos de parte de gobier­nos disconformes con los resultados de las investigaciones de los especialistas. Pero el hecho de que el informe sobre combate a las drogas fuese publicado con el visto bueno de la máxima autoridad de la OEA le dio un carácter tal que minimizó las posibilidades de crítica o detracción por parte de los Estados. Al fin y al cabo, el secretario general de la OEA representa al colectivo de países que integran el orga­nismo. Sus informes deberían reflejar cierto consenso. Así, el estudio de ciento diecisiete páginas incluye va­rias conclusiones interesantes sobre la estrategia regional antidrogas. La más importante para el gobierno uruguayo y en particular para José Mujica, es que reconoce que existen “tendencias” claras hacia la legalización o despenalización de la producción, venta y consumo en el caso de la mariguana. La OEA pedía “una mayor flexibilidad” para “aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacio­nales o de impulsar cambios en la legislación internacional”. Y fue especialmente contundente en el caso de la mariguana: “Corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la mariguana puedan ser despenalizados o legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto”. Mujica tendría que dar muchas explicaciones a sus colegas presidentes de los países vecinos acerca de cómo evitaría que Uruguay se convirtiera en un centro distribui­dor de mariguana para la región o en un imán para extran­jeros deseosos de encontrar una nueva meca del cannabis. Pero el informe de la OEA le daba a su propuesta de regulación del mercado de la mariguana un reconocimien­to tácito de que iba por un camino que las Américas, en conjunto, comenzaban a pensar en explorar. Uruguay sería pionero, con el visto bueno de sus vecinos de continente al “experimento” propuesto por el viejo guerrillero. Mujica había dado un paso fundamental. Pero le que­daba la pelea más dura, en su casa: debía tratar de conven­cer a los uruguayos (…) Así se lanzó a una verdadera cruzada mediática para explicar que su gobierno no buscaba fomentar el consumo de la hierba, ni convertir a Uruguay en el nuevo Ámster­dam, paraíso turístico del libre acceso a las drogas, sino luchar contra el narcotráfico y el consumo de pasta base. En su audición radial del 19 de julio de 2012 el presi­dente explicó que de los casi 9 mil presos en las cárce­les uruguayas, un tercio estaba en prisión por participar en algún “eslabón” del narcotráfico. “El grueso de la nación –dijo– no se da cuenta porque estos números son de los últimos años”, y acusó a los tra­ficantes de drogas de “desparramar violencia en el seno de las sociedades”. “Este es el peor de todos los males. Las grandes mayorías de este país que ni consumen droga, ni trafican droga” sino que “más bien le tienen asco a todo esto, un poco por autodefensa se resisten a ver la magnitud de este peligro. Se autoanestesian defensivamente intentando aprender a vivir con este flagelo, y terminan, inevitable­mente, subestimando la amenaza creciente que significa el narcotráfico muy por encima de la droga”. El llamado del presidente encerraba una crítica velada a sus conciudadanos, un riesgo político que Mujica estaba dispuesto a correr por este proyecto que lanzó con más de la mitad de la población uruguaya en su contra, lo cual que­ría decir que no contaba con el beneplácito de muchos de los votantes de su propio partido. Mujica insistió, sabedor de que una de las demandas principales de los electores era mejorar la situación de se­guridad. “La violencia que se siente en nuestra sociedad tiene una ligazón directa enorme con la proliferación de la metodología en la que incurre precisamente el narcotráfi­co”, les dijo. “Mucho más grave que los daños innegables que hacen a la salud humana las drogas, mucho peor to­davía, es el resultado en las sociedades del narcotráfico. Y esta idea hay que grabársela”, concluyó. Tras el anuncio del proyecto de ley, una primera en­cuesta mostró que 66% de la población estaba en contra de la idea y solo 24% apoyaba la iniciativa de Mujica (…) Así comenzó un debate que pondría a Uruguay en el centro del interés mundial y que traería al país a una verda­dera legión de periodistas interesados en escribir sobre este proyecto que no tenía precedentes en el mundo, y sobre su impulsor: José Mujica. La idea era vista con interés por países latinoameri­canos que no tenían las condiciones de estabilidad insti­tucional o de situación geográfica para tomar un camino similar. La “ley de la mariguana” puso a Mujica en la picota internacional. La ley uruguaya sobre el cannabis es la única en el mundo que da al Estado la potestad de controlar la distribución de la mariguana entre los consumidores. De hecho, de acuerdo a esta iniciativa, quienes deseen consumir mariguana tendrán dos caminos para acceder a ella de forma legal, esto es, sin pasar por la compra a un traficante. El primer camino será registrarse como consumidor y comprar en las farmacias una cantidad que tendrá un límite mensual máximo de cua­renta gramos de hierba por persona, para un total de 480 gramos autorizados al año por consumidor. La segunda posibilidad es obtener la mariguana de cultivos que pueden ser propios a partir de un número máximo de seis plantas por vivienda, o realizados de forma cooperativa en “clubes cannábicos” o clubes de cultivadores. El gobierno de Mujica creó un Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que será el encargado de las tareas de vigilancia, control y fiscalización del circuito de producción, distribución y consumo de mariguana. El cultivo masivo será realizado por agentes privados licenciados por esta nueva entidad, en predios militares o bajo custodia militar. En cambio, los clubes de cultivadores o “clubes de membresía” podrán tener plantas para produc­ción destinada en exclusividad a sus socios. Estos clubes podrán tener entre 15 y 45 miembros, y producir una cantidad máxima de 480 gramos de mariguana por socio por año, a partir de un número de plantas que no puede superar las 99. En el caso de consumidores individuales que deseen acceder a la droga a través de los puntos de venta en farma­cias locales, deberán registrarse y retirarán la droga a través de un sistema de escaneo de su huella digital. Su información personal quedará en secreto cuando procedan a la compra. Solo podrán adquirir diez gramos semanales de la droga. El consumidor solo podrá escoger una opción de ac­ceso. Así, el miembro del club cannábico no podrá comprar en la farmacia. En todos los casos, los beneficiarios de la norma debe­rán ser uruguayos o residentes legales en Uruguay que acre­diten su presencia en el país. La droga no podrá enajenarse. La norma prevé duras sanciones a quienes violen los prin­cipios contenidos en ella. El IRCCA será responsable de controlar la calidad de la droga (…) La ley prohíbe la publicidad que fomente el consu­mo de mariguana; el uso de la droga en horario de trabajo, e incluso trabajar habiendo consumido. Los controles de consumo en conductores de vehículos comenzaron a im­plementarse en agosto de 2014. “Para el narcotráfico nada vale nada. Es mucho peor que la drogadicción el narcotráfico. Porque la drogadicción destruye físicamente a la gente. Pero el narcotráfico destruye ética y moralmente a las sociedades, empezando por los aparatos de control del Estado. Estamos cada vez peor. ¿Entonces qué, vamos a seguir haciendo lo mismo, cuando tenemos 100 años que nos están demostrando que con la represión no vamos a ningún lado?”. En una entrevista con la televisión pública holandesa en 2014, ya aprobado el proyecto de ley y en pleno proce­so de instalación del nuevo esquema de control y distribu­ción de mariguana en Uruguay, Mujica volvía a insistir en su preocupación por los efectos del narcotráfico en la sociedad. Para él y sus colaboradores la nueva ley apunta a es­tablecer mecanismos para manejar y ordenar una realidad insoslayable: en Uruguay, según estimaciones de organi­zaciones sociales vinculadas al autocultivo de mariguana, más de 300 mil personas consumen esta droga de forma regular u ocasional. La ley de Regulación del Mercado de la Mariguana fue definida por Mujica como una “regulación” de algo que ya existía. Y existía “delante de nuestras narices, en una es­quina, en las puertas de los liceos”, esgrimió. Es “un experimento de vanguardia en el mundo ente­ro”, aseguró el presidente al mismo tiempo que anunciaba su voluntad de promover campañas “contra las adicciones en general”. “Uruguay intenta experimentar a favor del mundo sin ofender a nadie”, concluyó. Mujica cosechó un sinnúmero de elogios cuando pro­mulgó esta ley a fines de diciembre de 2013. Poco después, a fines de enero de 2014, el diario El Ob­servador informaba que un grupo de profesores de derecho penal en Alemania había resuelto enviar una misiva al comi­té encargado de seleccionar a los candidatos al Premio Nobel de la Paz, exhortando a que incluyera en la lista a José Mujica. En la carta publicada por el diario, los 115 firmantes argumentaban que el enfoque de política antidro­gas de Mujica era innovador y debería ser tomado como ejemplo en el mundo. “Esta es una insólita, pero valiente y enérgica estrategia que es probable que constituya un nuevo paradigma en la política de seguridad y salud pública, sobre todo en una región del mundo que sufre de efectos secundarios devastadores de la prohibición de las drogas, que incluyen decenas de miles de homicidios y secuestros violentos, así como la destrucción y contaminación de amplias zonas de la naturaleza”, señalaba la nota, en clara alusión a las fumigaciones de vastas extensiones de selva en Colombia para eliminar plantaciones de coca en el marco del Plan Colombia antidrogas. “El enfoque del Sr. Mujica está diseñado para ayudar a los gobiernos a romper el círculo vicioso de la violencia, la corrupción y la represión desproporcionada que se asocia con las formas tradicionales de la prohibición”, añadieron. La carta al Nobel le dio a Mujica la fuerza para pensar que, en efecto, podía hacerse acreedor a este reconocimiento. Como corolario de un rosario de aplausos cosechados en todo el mundo por su determinación de modificar el en­foque de la lucha antidrogas, el 23 de abril de 2014 la revis­ta Time incluyó a Mujica en la lista de las 100 personalida­des más influyentes que configura cada año, precisamente por su decisión sobre el cannabis. El breve artículo firmado por una celebridad moderna estadunidense, la conductora de programas de televisión Meghan McCain, ella misma partidaria de la legalización de drogas, se tituló The revolutionary who legalized pot (…) En su defensa del rumbo que dio a Uruguay en esta materia, Mujica ha sido modesto. El presidente es enfático en señalar que si la estrategia no da resultado, sería posi­ble volver atrás. “Si nos equivocamos tendremos el coraje político de decir: nos equivocamos. Pero (hay que) salir del miedo de no cambiar de camino”.