Legisladores, especialistas en Derecho y al menos 20 mil firmantes de una petición formal entregada al Senado repudian la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de la cual saldrá el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Coinciden en que –además de su cuestionada trayectoria y su nexo con Televisa–, su imposición por parte del Ejecutivo acabará de trastocar el ya de por sí frágil equilibrio de poderes en el país. Para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, la terna de Enrique Peña Nieto “tiene una clarísima dedicatoria y sería ingenuo suponer que de resultar electo (Medina Mora) vaya a poder cortar el cordón umbilical con el Ejecutivo”. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El amplio repudio a la propuesta de que Eduardo Medina Mora participe en la terna de la cual saldrá un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a la plataforma de internet change.org –dedicada a promover iniciativas ciudadanas– a reunir en tres días 20 mil firmas de ciudadanos y académicos que rechazan al ahora diplomático. Las firmas fueron entregadas el jueves 5 al Senado de la República, cuya Comisión de Justicia había aceptado ese mismo día la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para elegir a un ministro de la SCJN que ocupe la plaza vacante tras el fallecimiento de Sergio Valls en diciembre del año pasado. Los cuestionamientos a Medina Mora –quien tiene la simpatía de la bancada del PRI y de un sector de la del PAN– pasan la factura a una trayectoria transexenal asociada a numerosos escándalos por violaciones a los derechos humanos, acciones contra la progresividad de derechos y mal manejo administrativo, así como por sus nexos e inversiones en Televisa, empresas del sector energético e inmobiliario y, finalmente, por sus posturas plegadas a las de la Iglesia Católica. Tanto las 20 mil firmas como muchos otros cuestionamientos ventilados la semana anterior en los medios de comunicación pusieron el acento en la inelegibilidad del hombre –habilitado al vapor como diplomático en el sexenio calderonista–, por carecer de buena reputación, fama pública y desempeño con honorabilidad y competencia en su trayectoria, requisitos establecidos para el cargo de ministro de la SCJN en el Artículo 95 de la Constitución. La fracción V de dicho artículo fue invocada desde mediados del mes pasado –cuando Peña Nieto envió su propuesta al Senado– a propósito del requisito de residencia; a esto se han referido constitucionalistas como Elisur Arteaga (Proceso 1999). Embajador desde 2009 en el Reino Unido y a partir de 2013 en Estados Unidos, Medina Mora llevaba casi seis años fuera del país. El Artículo 95 establece una residencia mínima de dos años en México previos a la elección como ministro. Respecto a la residencia, el también constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se dice convencido de que el espíritu del legislador se dirige a que quien asuma como ministro viva, conozca y esté familiarizado con la situación del país, por lo cual no se satisface la exigencia constitucional que pretende evitarse con la Ley del Servicio Exterior que establece como domicilio el último ocupado durante la estancia en el país. Además, en su paso por diferentes instituciones públicas, Medina Mora fue y es objeto de severas críticas, recuerda Carrancá en entrevista. En alusión a las organizaciones de la sociedad civil, los 20 mil firmantes, subraya las numerosas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), cuando Medina Mora fue titular de estas instancias. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)