Imposiciones aberrantes

En el contexto de su visita de Estado al Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México está plagado de incredulidad y desconfianza. Fue una confesión, no una rectificación, ya que volvió a sembrar suspicacia, duda e irritación con el nombramiento de Arely Gómez como procuradora general de la República y con su propuesta de que Eduardo Medina Mora figurara en una terna para ocupar la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia. Ambos distan mucho de ser los personajes idóneos para ocupar cargos de tan alta responsabilidad. No obstante, comparten las dos características prioritarias que sustentan la decisión presidencial: fidelidad hacia el jefe del Ejecutivo y cercanía con Televisa.

Lo más grave del asunto es que la lealtad incondicional hacia Peña Nieto y sus vínculos con el consorcio de comunicación más poderoso del país cancelan la autonomía que debe tener el titular de la Fiscalía General de la República. Una de las principales razones para sustituir a la Procuraduría por una Fiscalía es, precisamente, que ya no dependa del presidente, menos aun de los poderes fácticos. Nada de eso parece preocupar al mandatario ni a los senadores. Sus propios intereses –siem­pre abiertos al trueque– están por encima del interés general. Es preciso poner un alto a la arbitrariedad.

La intolerancia hacia la genuina autonomía institucional prevaleciente en México es propia de los autoritarismos electorales, en los que una estructura gubernamental formalmente democrática es manipulada por prácticas autoritarias (Andreas Schedler, Authoritarianism’s last line of defense, Journal of Democracy 2010). Ya sea mediante trampas jurídicas, cooptaciones partidarias o voluntarismo presidencial, esta regresión sabe cómo salirse con la suya para acotar y controlar a las instituciones autónomas surgidas del avance democrático.

Así ha ocurrido con la partidocracia y las cuotas que han dominado al IFE y ahora al INE a través de la alianza entre el PRI y el Partido Verde. No olvidemos que la llegada de Peña Nieto al poder fue en gran medida resultado de su alianza con Televisa y de una violación flagrante de los artículos 41 y 134 de la Constitución, ante el silencio cómplice del IFE y las sentencias exculpatorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que culminaron en la declaratoria de validez y de presidente electo. Dos años después, el TEPJF confirmó la resolución del IFE de que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos repartidos en tarjetas Monex durante la campaña de 2012. Burlar la ley y cooptar a las autoridades electorales, supuestamente autónomas, puede rendir buenos frutos.

Otra prueba de que los amiguismos presidenciales vulneran la autonomía de las instituciones y obstruyen su funcionamiento fue la decisión de Felipe Calderón de imponer a su amigo Gerardo Laveaga como comisionado presidente del IFAI, en marzo de 2012, lo que provocó una crisis interna en el organismo de la que aún no se recupera. El reciente intento promovido por el consejero jurídico de la Presidencia para limitar el derecho de acceso a la información, poniendo objeciones a las leyes de transparencia, es otro ejemplo de esa tendencia autoritaria a limitar la autonomía institucional con trampas y ambigüedades legales, aunque afortunadamente no prosperó.

La letra chiquita en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y las presiones sobre los comisionados del Ifetel son otras formas de restringir la autonomía, independencia e imparcialidad en la toma de decisiones dentro del sector que casi siempre benefician al duopolio televisivo, como se confirmó recientemente con la nueva concesión gratuita de los canales de multiprogramación digitales.

La aprobación en la Cámara de Dipu­tados del Sistema Nacional Anticorrupción contiene avances legales importantes que incluyen la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como omisiones que es necesario subsanar: Los funcionarios deben hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés. Todavía falta que la reforma se apruebe en el Senado, al igual que en la mayoría de los Congresos estatales, y, sobre todo, que las nuevas instituciones apliquen la ley sin sesgo político alguno en los tres niveles de gobierno y en las más altas esferas del poder púbico, sin excluir a sus socios privados. Eso es lo que está en duda, sobre todo después del nombramiento de la nueva procuradora general de la República.

De acuerdo con el World Justice Project 2014, México ocupa uno de los lugares más bajos del mundo en cuanto a la calidad de su estado de derecho (el 79 de 99). En el rubro de “ausencia de corrupción” está ubicado en el penúltimo lugar, y en el de “justicia criminal” en el antepenúltimo. Estos indicadores son prueba irrebatible del ínfimo nivel de nuestro país en materia de imperio de la ley o vigencia del estado de derecho (rule of law). Ante esta humillante realidad y frente a la magnitud del desafío para superarla, tener una fiscal al servicio del presidente, no de la sociedad y de la legalidad, sería regresivo y agraviante.

Resulta contradictorio e inadmisible que si el propósito central de cambiar la procuraduría por una fiscalía es que la institución sea autónoma, es decir, que no dependa del presidente, el mandatario se arrogue la facultad de que la procuradora se convierta de manera automática, sin consulta ni opción alguna, en la fiscal general de la República por un lapso de nueve años. De entrada, ello cancelaría la autonomía de la Fiscalía. La única manera de evitar tal arbitrariedad sería que el Senado propusiera al menos 10 candidatos de reconocido prestigio, entre los cuales podría estar la actual procuradora. De esa decena el Ejecutivo podría escoger una terna de juristas distinguidos de la cual los senadores seleccionarían a la persona que por méritos reconocidos, no por la voluntad amiguista del presidente, ocuparía el cargo de fiscal.

De la Fiscalía General dependerá una fiscalía especializada en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. La procuradora Gómez fue titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de enero de 2007 a julio de 2010, y su gestión fue tan inocua como la propia Fepade. Tampoco se le ve vocación para juzgar por cargos de corrupción a sus abundantes amigos en las élites del poder. Es imperativo evitar que Peña Nieto imponga la aberración de una fiscalía que no sea autónoma.  

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