MÉXICO, D.F. (apro).- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, informó que fueron rescatados más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en Comondú, Baja California Sur. Los indígenas, precisó, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola –detrás de la cual podría estar una organización criminal– y trasladados con engaños para trabajar en Comondú en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial. En conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que el hallazgo ocurrió después de una inspección realizada por personal de la STPS, el pasado martes 10, como parte del Operativo “México con trabajo digno”, en la que participaron autoridades y personal de los gobiernos federal, estatal y municipal, quienes detectaron alrededor de 15 niños –desde bebés hasta adolescentes menores de 14 años–, de los cuales 10 se encontraban trabajando fuera de lo que marca la ley. En un video mostró cómo fueron rescatados los indígenas la mañana de ese día, luego que funcionarios de la STPS esperaron y siguieron al camión que llevó a los jornaleros a un rancho donde había muchos otros trabajadores provenientes de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero. Navarrete destacó que el operativo de rescate respondió a una denuncia de jornaleros agrícolas que aseguraron haber huido de un campo donde eran explotados laboralmente y amenazados por los patrones. Y señaló que entre las irregularidades y presuntos delitos que se pueden deslindar destacan: trata de personas, explotación laboral, explotación infantil y posible privación de la libertad, así como diversas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y sus familias. “Los inspectores comisionados confirmaron lo denunciado por una de las víctimas y constataron que un primer grupo de 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú (en el boulevard Agustín Olachea sin número, Villa Ignacio Zaragoza) en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas elaboradas de manera provisional con palos, cintas, plásticos negros, costales y cartón, entre charcos de lodo y basura”. Agregó que en el lugar había baños “totalmente contaminados” y casi sin agua. El titular de la STPS resaltó que en el lote 20, colonia Galeana, del mismo municipio, se encontró un segundo campamento de trabajadores agrícolas de la Sierra Tarahumara, con otras 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, en las mismas condiciones de insalubridad y hacinamiento que el primero. “Este segundo campamento presentaba casitas provisionales con hule y costales en los que dormían hasta 10 personas, ropa sucia y amontonada, poco abastecimiento de agua, baños portátiles totalmente sucios, niños alojados sin cuidado de un adulto con el riesgo de deshidratación por las altas temperaturas, agua encharcada, basura amontonada, por lo que había una proliferación importante de moscas e insectos que pueden transmitir infecciones tanto estomacales como de otra índole”, puntualizó. Además, dijo, estaba habilitada un área como cocina, donde se preparaban los alimentos para las más de 200 personas que laboraban en el campo. “Este espacio también se encontró en condiciones pésimas de higiene, con alimentos tirados en el suelo, trastes y utensilios de cocina sucios y las personas encargadas no contaban con ninguna medida de higiene". Navarrete subrayó que durante la inspección fueron entrevistados dos "enganchadores": Alejandro "N" y Fortino "N", quienes aceptaron ser responsables del traslado de los trabajadores desde el municipio de Creel, en Chihuahua, hasta Baja California Sur, para emplearlos en la cosecha de papa por un lapso de seis semanas, y posteriormente los llevarían a cosechas en Sinaloa y Sonora. Aceptaron que no les pagaban sueldo de manera correcta y sólo les prestaban abonos de 200 pesos para que compraran algunas cosas necesarias y al final de la cosecha les liquidaban. El titular de la STPS dijo que los indígenas fueron integrados al Programa de Movilidad de los Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que reciban el apoyo de 800 pesos por sus actividades laborales, y no los cuatro pesos por costal que recibían de los “enganchadores”, quienes cobraban ocho pesos por carga. Ante las irregularidades señaladas, la Dirección General de Inspección decretó la restricción de operaciones en el campo agrícola y se solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad, para que inicie una investigación en materia de violación a los derechos humanos de los 200 jornaleros y sus familias. También intervinieron elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, que inició una denuncia penal por el delito de trabajo infantil. De igual manera se pidió la intervención de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el objetivo de determinar las condiciones de riesgo en la salud de los trabajadores. Navarrete Prida informó que en lo que va del año, el Operativo “México con Trabajo Digno” ha realizado 11 mil 446 inspecciones a 15 mil empresas, con lo que se ha beneficiado a más de un 1 millón 88 mil trabajadores, de los cuales 760 mil 495 son hombres, 327 mil 453 mujeres y 333 menores en edad permitida para trabajar. Derivado de estas inspecciones se ha han sugerido 42 mil 184 medidas de acciones concretas y en 11 casos se han emitido restricciones para la operación de los centros de trabajo, además de que se han dictado multas por violaciones que ascienden a los 132 millones 42 mil pesos.