MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Con palos, piedras y llantas, un grupo de jornaleros agrícolas del sur de Ensenada mantiene bloqueada la carretera Transpeninsular desde las primeras horas de ayer martes. Desde las dos de la mañana obstruyeron el paso a peatones y automovilistas. Conforme avanzan las horas, se suman más personas a la protesta. Las protestas se derivan de la solicitud no atendida por el gobierno estatal hecha por los jornaleros en los meses de octubre y diciembre de 2014, de pedir la intervención de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Baja California para mejorar no sólo el salario de 100 pesos, sino para establecer mesas de diálogo a fin de mejorar las condiciones laborales. Una de las peticiones de los jornaleros era ganar 300 pesos en lugar de los cien establecidos actualmente. En San Quintín se ubica una de las regiones agrícolas del noroeste del país, y cada año atrae a cientos de mexicanos provenientes de estados del sur para la cosecha. El mismo martes 17 de marzo, luego de varias horas de protesta en la zona agrícola, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid finalmente acudió a San Quintín para reunirse con los jornaleros y establecer las mesas de trabajo que le solicitaron desde el año pasado. Francisco Rueda Gómez, el secretario de Gobierno, dijo que ejercerán la fuerza pública sólo sobre aquellos que cometan actos vandálicos; su declaración ocurrió después de que Vega de Lamadrid abandonara el centro Gobierno en Ensenada por la puerta trasera para evitar a los medios de comunicación, tras la reunión que sostuvieron las autoridades para atender el conflicto que sufre la zona agrícola de San Quintín. Rueda Gómez informó que fue designado para atender todo lo concerniente al bloqueo. “Lo primordial será garantizar la seguridad en la zona”, dijo, y añadió que no permitirán que personas con “intereses ajenos” intervengan en el movimiento que hasta el momento ha dejado daños a negocios y oficinas de los tres niveles de gobierno. Refirió también que 230 unidades policiacas resguardan las zonas afectadas por las manifestaciones, siendo la más lejana San Simón y la más cercana Punta Colonet, a 120 kilómetros de Ensenada; la zona más álgida, reporta la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es Camalú, donde tomó la delegación un contingente de alrededor de 400 personas. Puntualizó que bajo ninguna circunstancia se permitirá que estas manifestaciones vulneren el derecho de transitar libremente de los demás ciudadanos, y mucho menos que transgredan la integridad de terceras personas. Aseguró que se encuentran ya trabajando de manera coordinada representantes de las diversas autoridades para restablecer las vías de comunicación que han sido interrumpidas por los manifestantes, encabezados por el grupo “Alianza Nacional, Estatal y Municipal”. En primera instancia, será un llamado a restablecer las mesas de diálogo para que se normalicen las actividades productivas en San Quintín. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid encabezó la reunión en la que estuvieron presentes el comandante de la Segunda Región Militar, General Augusto Moisés García Ochoa; comandante de la Segunda Región Naval, Almirante Víctor Uribe Arévalo y el alcalde Gilberto Hirata Chico. También se trasladaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para levantar actas de las afectaciones cometidas durante el movimiento y proceder en contra de quienes sean responsables, que va desde actos vandálicos, saqueos e incendios a negocios y oficinas de gobierno. En la reunión participaron también el comandante de la Segunda Zona Militar, General Gabriel García Rincón; el Coordinador Estatal de la Policía Federal en Baja California, Comisario Bernardo Castañeda Hernández; la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, así como el diputado Marco Antonio Novelo Osuna, integrante de la XXI Legislatura del Congreso del Estado.