MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Los jornaleros de los campos agrícolas de San Quintín no han logrado hablar con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; lo que sí han padecido es la represión policíaca. El miércoles, poco antes del mediodía, se desató un nuevo zafarrancho: los jornaleros defienden su paro a pedradas; en tanto, los policías intentaron poner orden a balazos. El paro laboral suma más de 30 horas. El gobernador canceló la agenda que tenía en la zona costa de Baja California con la justificación de trasladarse a San Quintín y negociar con los paristas, pero solamente sobrevoló la zona en un helicóptero; jamás descendió, los jornaleros lo vieron desde tierra. En Camalú, los paristas habían establecido vayas humanas de mujeres y niños para recibir a Francisco Vega. Lo esperaron durante cuatro horas. De los aproximadamente 70 mil jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de unas diez empresas de la región y nacionales, se estima que por lo menos la mitad, unos 35 mil, habían acordado levantarse inconformes ante los tratos de explotación laboral de los que son objeto. Entre San Quintín, Camalú y el Valle en carreteras y centros tomados, se estiman unos 10 mil jornaleros en paro. El pliego petitorio de los jornaleros agrícolas, que fue puesto a disposición del gobernador y su equipo para análisis y solución en los meses de octubre y diciembre de 2014, incluye entre otras solicitudes: aumentar el salario de 110 a 300 pesos, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, respeto al día de descanso y vacaciones. Los dos enviados del gobierno fueron prácticamente ignorados por los trabajadores. Ni el Secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, ni la Secretaria del Trabajo, Juana Pérez Floriano, han hecho acto de presencia; los patrones se han mantenido ocultos.