Denuncian comunidades zapotecas irregularidades en proceso de consulta sobre parque eólico

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec denunciaron irregularidades en el proceso de consulta para la instalación de un parque eólico en su región, situación que fue constatada por el exrelator especial de la ONU, James Anaya.

En vísperas de participar en una audiencia del periodo ordinario 154 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno de las violaciones derivados de la reforma energética, Bettina Cruz Velásquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), sostuvo que la consulta a los pueblos indígenas instrumentada por la Secretaría de Energía (Sener) es sólo “un trámite” para validar el parque eólico, que “ya tiene aprobado el estudio de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) desde junio del año pasado”.

Cruz Velázquez aseguró que la lucha por la defensa del territorio ha derivado en la “destrucción del tejido social, la división entre las familias, la improductividad de las parcelas ocupadas por los generadores de energía, el desplazamiento forzado, el exterminio de tradiciones ancestrales y la persecución y criminalización” de los opositores a los megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec.

En conferencia de prensa para dar a conocer las observaciones del exrelator de Pueblos Indígenas del Naciones Unidas, James Anaya, Bettina Cruz –quien fue sometida a un proceso penal por su oposición a la construcción de parques eólicos en esa región de Oaxaca– resaltó que el actual proyecto contra el que lucha su organización es Eólica del Sur, misma que comparte características, financiamiento internacional y permisos de operación otorgados al proyecto eólico Mareña Renovables, que fue cancelado “ante la oposición de los habitantes de la región donde sería instalado”.

Bettina Cruz apuntó que en la revisión del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregado a Mareña Renovables, “aparece con el mismo número de identificación el de Eólica del Sur, como un proyecto en construcción, situación que hasta el momento no es real, pero que refleja que de cualquier forma van a instalarlo con el consentimiento de los pueblos indígenas o sin él”.

En el informe fechado el 23 de febrero que presentó el exrelator de la ONU, a petición del Estado mexicano, sobre su visita del 3 al 6 de febrero, destaca que la consulta impulsada por la Sener no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos que, entre otras cosas, marca la consulta a los pueblos indígenas antes de la realización de un proyecto que impactaría sus tierras, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por México.

El documento, difundido por las organizaciones sociales, resalta que una de sus deficiencias de la consulta es que “el proceso se trata de uno cuyas características ya están definidas”, y que a los pueblos indígenas sólo les toca decir si se acepta o se rechaza.

Otro de los puntos de interés del relator tiene que ver con los supuestos beneficios que ofrece la compañía eólica a las comunidades afectadas, advirtiendo que “la financiación de profesores de música o la construcción de canchas de futbol son paliativos inequitativos que no deben sustituir el aprovechamiento compartido de los beneficios”.

El exrelator de la ONU detectó en su visita que personal de la empresa Eólica del Sur ve a la población indígena “con inferioridad, a sus tradiciones y prácticas culturales como retrógradas y al entendimiento de un derecho de propiedad comunal sobre la tierra y el viento sin cabida en el mundo moderno que ellos prometen”, de ahí que consideró comprensible que algunos sectores del pueblo zapoteco “vean a la industria eólica y a sus molinos de viento como nuevos conquistadores”.

Edmundo del Pozo, del Centro de Análisis e Información Fundar, alertó en que el procedimiento utilizado en el caso del istmo de Tehuantepec “es el mecanismo que se utilizará para impulsar la reforma energética, en el que la Sener será la encargada de las consultas a los pueblos indígenas para la imposición de proyectos energéticos”.

Entre las observaciones que Del Pozo comparte con el exrelator James Anaya destaca que las autoridades indígenas no forman parte de los sujetos consultados y, en cambio, autoridades municipales, estatales y federales “que han sido aliadas de las empresas son juez y parte en la consulta”.

Resalta que pese a que en las asambleas y documentos hay traducción del español al zapoteco, la terminología utilizada es extremadamente técnica, de manera que los indígenas y los interesados en la consulta son incapaces de comprender a los expositores.

Señala que hasta ahora no puede considerarse que haya una “consulta libre”, toda vez que en el proceso “ha habido agravios a los sujetos de consulta y se ha detectado la cooptación de otros tantos”, y recordó que Bettina Cruz ha sido víctima de la criminalización de los opositores al proyecto.

Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en el proceso de consulta que se realiza en el Istmo de Tehuantepec “una pauta para saber cómo se va a comportar el Estado frente a los pueblos indígenas y frente a la Constitución”.

Explicó que al “no apegarse a los estándares internacionales, entre ellos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al no consultar a los pueblos indígenas de forma previa, libre e informada de los proyectos, se están violentando los artículos primero y segundo constitucionales”.

Manifestó que en un documento elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para fijar criterios en el procesamiento judicial de casos vinculados con los megaproyectos, se identificaron algunas violaciones, como los “daños irreversibles a la vida de los pobladores y sus comunidades” y la imposición de proyectos bajo criterios “tecnocráticos”, ante los cuales se ha enfrentado la “resistencia de los pueblos”.

Gutiérrez destacó que hasta ahora los pueblos afectados por los megaproyectos “le han apostado a la lucha legal y al estado de derecho”.

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó que más allá de los efectos sociales, culturales y ambientales de los megaproyectos, “lo que está en juego es la defensa de la autodeterminación de los pueblo sobre su territorio”.

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