La STPS se contradice sobre propiedad de rancho donde explotaban tarahumaras

MÉXICO, D.F., (apro).- La Secretaría del Trabajo negó que el rancho El Cerezo, donde fueron rescatados el pasado lunes 200 jornaleros rarámuris víctimas de explotación laboral, pertenezca a familiares del expresidente Vicente Fox.

Víctor Torres Moreno, titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, aseguró en un comunicado que la empresa “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.PR de R.L de C.V)” en algún momento fue vinculada incluso al crimen organizado.

“Lo que les puedo decir es que el rancho El Cerezo como tal, con los apoderados legales y el acta constitutiva que se tienen no aparece nadie de apellido Fox y que el domicilio donde fue plenamente identificado con las condiciones laborales violatorias fue en Cumundú, Baja California Sur, sin ningún otro tipo de información nueva que pudiera tener esta Secretaría”, indicó.

El funcionario añadió que “lo que a nosotros ya nos toca en nuestras facultades y límites de ley, ya lo hicimos”. Es decir, explicó, los procedimientos administrativos sancionadores por las violaciones a la normatividad laboral. “Todo lo demás que signifique una investigación ya le corresponde constitucionalmente al Ministerio Público. Esta Secretaría no tiene facultades de investigación o por lo menos se excedería en sus facultades”, añadió.

Torres Moreno comentó que en el rancho El Cerezo se encontraron 113 violaciones a la actividad laboral, “Vimos condiciones de explotación, trabajo infantil, algunas otras conductas” que se dieron vista al Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Baja California, y en su momento a la Procuraduría General de la República (PGR).

El Rancho El Cerezo tiene su domicilio en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, donde se ubica la exhacienda de San Cristóbal y la procesadora de alimentos El Cerrito, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox.

Alfonso Navarrete Prida, titular de la dependencia, informó el pasado lunes del rescate de 200 jornaleros tarahumaras, entre los que había menores de edad, que trabajaban en condiciones infrahumanas en un campo agrícola del Municipio de Cumundú, Baja California Sur.

Los indígenas fueron trasladados con mentiras desde el municipio de Creel por detrás de la cual podría estar una organización criminal, reconoció en conferencia de prensa.

La STPS reconoció que el operativo de rescate respondió a una denuncia de los jornaleros agrícolas que aseguraron haber huido de un campo donde eran explotados laboralmente, amenazados por los patrones y viviendo en casas de hule en medio de lodo y basura.

En León, Guanajuato, el delegado de la STPS, Ángel Arellano, contradijo a su jefe al declarar a los medios de comunicación que la empresa involucrada en la contratación de los jornaleros indígenas es “El Cerrito”.

El nombre y la dirección corresponden físicamente a la empresa El Cerrito, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, empresa del expresidente Vicente Fox Quesada y sus hermanos José y Cristóbal.

Sobre la carretera León-Cuerámaro, en el tramo que corresponde al kilómetro 13, no aparece ninguna otra empresa del ramo.

Aunque de hecho, el domicilio corresponde indistintamente a la sociedad agroindustrial, así como a la Hacienda San Cristóbal, al Centro Fox que fundó el ex presidente al concluir su sexenio, y al restaurante y hotel-boutique propiedad de Fox y su esposa Marta Sahagún.

“Carretera León-Cuerámaro, kilómetro 13, código postal 36440. San Cristóbal, San Francisco del Rincón. Guanajuato, Gto.”, dice el portal de internet donde se publicitan el restaurante, el hotel, la cava y la contratación de eventos por parte de los Fox.

El mismo domicilio aparece en el portal del Centro de estudios y biblioteca que Fox mandó construir en parte de la hacienda.

En entrevista telefónica con Apro, el delegado de Baja California Sur José Ernesto Álvarez, también dio otra versión sobre la investigación a la empresa responsable de la explotación de los jornaleros.

Inicialmente dijo que eran dos empresas las involucradas –El Cerezo y El Cerrito– y que ambas son investigadas por la dependencia. Pero luego aclaró que no tener claro cuál de ambas empresas tiene su domicilio en Michoacán y cuál en Guanajuato.

“Yo ahorita a la que estoy investigando es a El Cerezo…me han estado llamando para entrevistarme y han cambiado las cosas, no quiero decir más”, argumentó.

En tanto que el delegado de la Secretaría del Trabajo en Guanajuato, Ángel Arellano, se refirió a la empresa como “El Cerezo” y hasta mencionó que ésta había sido objeto de un par de visitas de inspección y de sanciones en los años 2010 y 2011 por irregularidades en el contrato de trabajo, pero que no había sido inspeccionada en los últimos dos años.

En declaraciones al periódico Correo publicadas este viernes, Arellano dijo estar apenas cruzando información con su homólogo en Baja California “para determinar el nombre de la persona moral o física que es la que opera como centro de trabajo”, sin confirmar si ésta es la empresa de los hermanos Fox Quesada.

Al ser buscado por Apro en las oficinas de la delegación, se informó que el delegado Arellano ya no hablaría sobre el aseguramiento de los indígenas y la investigación a las empresas de Guanajuato, por instrucciones recibidas desde las oficinas centrales de la secretaría.

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