Mentiras y verdades a medias de la investigación

¿Los militares de Iguala contratan funerarias privadas para incinerar restos? ¿El FBI vino a investigar el caso Ayotzinapa? ¿El Instituto de Biología de la UNAM confirmó con estudios a plantas y moscos la versión de la PGR de que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula? ¿Los soldados del 27 Batallón obligaron a los estudiantes sobrevivientes de la matanza de Iguala a permanecer en cuclillas mientras los fotografiaban?

Todo es incierto. Ésas y otras declaraciones que han hecho secretarios y subsecretarios de Estado para salir del paso a cuestionamientos sobre el caso Ayotzinapa no pasan la prueba de la transparencia.

A través de solicitudes de información por vía de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública realizadas por esta reportera, ha sido posible descubrir que varias declaraciones o no tienen sustento o a las dependencias no les interesa demostrar que son ciertas.

Una de las afirmaciones que no pudo ser probada a través de solicitudes de información pública fue la declaración del subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, acerca de que algunos agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) vinieron a México y ayudaron a la PGR “a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron”, según información publicada en La Jornada.

Posteriormente, el entonces embajador mexicano en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, dijo que dieron una capacitación forense.

“En efecto hubo colaboración del FBI, en lo que hace a las capacidades de investigación forense esto fue una tarea puntual, la investigación sigue abierta, pero no hay una presencia permanente de las agencias de ese país respecto de este caso”, dijo.

Sin embargo, al solicitarles información al respecto, tanto a la cancillería como a la PGR, sobre el número de agentes del FBI involucrados en las investigaciones, qué días estuvieron en México o las actividades que realizaron, la primera se declaró incompetente para dar esa información que sus mismos funcionarios revelaron y la segunda informó que no encontró registros, aunque envió las transcripciones de tres entrevistas que dio el procurador Jesús Murillo Karam donde hace leves menciones a ese apoyo.

En una de ellas con Canal 40, escueto, mencionó: “Le pedí al procurador de los Estados Unidos que nos ayudara con el FBI, nos mandaron un analista, que lo primero que me dijo fue: ‘oiga, es impresionante la cantidad de información que ya tienen’, entonces mandaron un analista para poder darle un poco más de acomodo a la información de manera más útil y empezamos a cerrar, a atar cabos”.

Ante Carlos Loret de Mola dijo: “Pues sí nos ayudaron con analistas, fundamentalmente, algunos analistas de ellos, que nos ayudaron también un poco en la forma de ordenar la investigación, no mucho pero es para agradecer la colaboración; incluso yo hablé personalmente con el procurador, y él me aseguró que me daría todo el auxilio posible”.

Entonces el FBI colaboró pero poco, pero no dejó registros, según se desprende de esta búsqueda.

Otra solicitud en la que se pidió información sobre el acuerdo entre la PGR y el Instituto de Biología de la UNAM para que analizara el crecimiento de plantas en el basurero de Cocula y con cuyos resultados supuestamente se probó el gran incendio en el que los normalistas habrían sido calcinados, a pesar de que fue presentado como prueba fundamental para resolver el caso, la UNAM lo declaró reservado.

Según Murillo, los estudios a las plantas de la barranca del basurero de Cocula afectadas por la enorme hoguera arrojaron el día exacto de la desaparición de los 43, lo mismo que un dictamen entomológico de larvas dípteras (mosquitos) recolectadas en el lugar, “mediante el cual se determinó la fecha del incendio, coincidiendo con la de los acontecimientos”.

Por ahora esa información científica sobre la flora y fauna con reloj calendarizado en las que se basa la “verdad histórica” de la PGR se mantendrá en secreto.

Las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tampoco pasan la prueba de la transparencia.

En una nota publicada por La Jornada el 17 de enero dijo que los cuarteles militares del 27/o Batallón de Infantería, en Iguala, no poseen hornos de cremación propios, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encomienda los servicios funerarios –y de incineración– a una empresa privada y el local más cercano a Iguala, donde fueron atacados y desaparecidos los estudiantes, está en Cuernavaca.

En una solicitud se le pidió: “Se informe el nombre de la empresa privada a la que el Ejército en Iguala encomienda los servicios de incineración, que indique su ubicación, que enliste los oficios o documentos donde conste ese procedimiento”.

A la petición, la Secretaría de Gobernación respondió: “Estimado solicitante (…) es importante señalar que el sujeto obligado que pudiera poseer la información solicitada es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo anterior con fundamento en los artículos 10 y 28 del Reglamento de dicha dependencia, por lo que considerando lo previsto en el artículo 28, fracción III de la ley anteriormente citada, le orientamos a dirigir su solicitud a dicha dependencia, ya que podría contar con la información que solicita”.

Por su parte, la Sedena respondió que la información es inexistente y que el Ejército tiene su propio Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que proporciona servicios a los derechohabientes. O sea, el dato de la funeraria privada es ficticio.

En la misma nota de Fabiola Martínez se indica que Osorio dijo también que vio las fotos tomadas por el Ejército a los normalistas sobrevivientes que se refugiaban en una clínica privada de Iguala.

“Cuando llega el Ejército a este lugar, y hay fotos, yo las vi, debe haber unos 20 jóvenes en cuclillas, sentados en el piso, o un poco más. Entonces revisan el sanatorio. Y esto dicho por el propio director de la clínica. Entonces, ellos preguntan a los jóvenes en qué les ayudan, qué necesitan, y los jóvenes les dicen que se vayan, que no los requieren”, dijo.

Sin embargo, al solicitar las fotografías a la PGR, la Segob y la Sedena, esas fotos no aparecen por ningún sitio. Las dos imágenes filtradas a Milenio, posiblemente por el Ejército, no muestran a los estudiantes de cuclillas. Según la Sedena son las únicas tomadas esa noche.

Entonces, ¿quién se equivocó o quién oculta información?  

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*Con información de Thalía Güido Zertuche

Acerca del autor

(Ciudad de México, 1974) es una reportera mexicana. Ha colaborado para varios periódicos y revistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, entre algunas de ellas: Proceso, Gatopardo y Etiqueta Negra. Ha realizado labores de activismo a favor de los derechos humanos y en contra de los asesinatos y exilios de periodistas.

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