Los Aguirre: una dinastía de corruptos

Las denuncias de la prensa, del exgobernador Zeferino Torreblanca y de políticos opositores no afectaron la red de corrupción que manejaba Mateo Aguirre desde el gobierno estatal, encabezado hasta octubre último por su hermano Ángel Aguirre. Fue hasta 2012 cuando el mandatario relegó a sus operadores cercanos al segundo plano para seguir con el negocio. Finalmente, la tensión social y la narcoviolencia se conjugaron en el explosivo caso Ayotzinapa, que derribó al grupo de los Aguirre.

CHILPANCINGO, GRO.- Impulsado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard y la corriente perredista de Los Chuchos, Ángel Aguirre Rivero ganó la gubernatura del estado en febrero de 2011 y su administración se caracterizó por el nepotismo, la corrupción y sus excesos.

Después de ser obligado a pedir licencia en el cargo por el caso Ayotzinapa, con la entidad paralizada por los problemas sociales y asolada por la violencia, el gobierno federal exhibió la red de corrupción que involucra a su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, su sobrino Luis Ángel Pérez Aguirre y los hermanos Víctor y Henry Hughes Alcocer.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de al menos 18 miembros del círculo de Ángel Aguirre, acusados de realizar negocios al amparo del poder y desviar recursos públicos. Nueve ya están presos en el penal federal del Altiplano.

El escándalo colapsó al grupo político de Ángel Aguirre, que había abandonado el PRI para enquistarse en el PRD: el mandatario tuvo que renunciar a ese partido, y fueron vetadas las candidaturas de su hijo Ángel Aguirre Herrera, para alcalde de Acapulco, y de su colaborador Socorro Sofío Ramírez Hernández, para gobernador.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió a la PGR congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia y de los nueve detenidos por presunto lavado de dinero.

Incluso el exdirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, es investigado por recibir dinero de las cuentas de Aguirre Rivero. El periódico Reforma dio a conocer que, según la indagatoria, en 12 meses el partido encabezado por Reyes Torres recibió más de 4.5 millones de pesos, monto que retiró totalmente.

La UIF citó notas publicadas por Proceso en enero de 2014, donde se informa que el entonces líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta, acusó a Reyes Torres y a su hermano Pascasio, alcalde perredista de La Unión, de apoyar al grupo de autodefensa que dirige la banda de Los Granados.

Esa organización está afincada en el municipio de Tecpan de Galeana y ha operado con el aval del gobierno de Aguirre Rivero, pese a que fue acusado de ser el brazo del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Guerrero. Por ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) integró una averiguación previa contra el gobernador con licencia y otros probables implicados.

Según el periódico, la investigación también indica que se analizaron dos depósitos del entonces gobernador, con cheques del banco HSBC: a favor del PRD, por 1 millón 345 mil pesos, y para Humberto Salgado Gómez, quien fue coordinador de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo.

El martes 10, policías federales, marinos y soldados detuvieron a Carlos Mateo Aguirre Rivero, acusado de tráfico de influencias y desvío de recursos locales y federales por 287 millones 12 mil 594 pesos para beneficiar sus empresas, principalmente constructoras.

El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, informó que también fueron detenidos Luis Ángel Aguirre Pérez y siete miembros del clan Hughes, encabezados por los hermanos Víctor y Henry Hughes Alcocer.

Los cargos son desviación de recursos públicos de dependencias federales y locales, como la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, la Tesorería de la Federación, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).

Contratos y “moches”

La policía capturó a Mateo Aguirre el mediodía del martes 10, afuera de una de sus propiedades: el hotel Hacienda San Carlos, que está en el encauzamiento del río Huacapa, en el sur de esta capital.

Un empresario capitalino confió a Proceso que la parte baja del hotel business class era utilizada por Aguirre como oficina. Ahí realizaba sus operaciones con los proveedores que le solicitaban contratos de obra pública. Se sabía que era el hombre tras el poder, El Señor del 20%.

“Mateo Aguirre acaparaba y decidía qué obra se adjudicaba para la construcción y equipamiento de hospitales, planteles escolares y obras de infraestructura hidráulica y carretera. El resto de los contratos eran repartidos entre empresarios que estaban dispuestos a entregarle 20% del monto de la obra”, dijo el informante.

En la delegación del Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo sólo el hotel mencionado aparece a nombre de Mateo Aguirre. No obstante, reportes oficiales señalan que al menos tiene dos casas en Chilpancingo, una en la calle Moctezuma, colonia Cipactli, y la otra en la calle cerrada H, del fraccionamiento Ocotepec.

Asimismo se le conoce un rancho en el punto conocido como Cerro Boludo, a un costado de la autopista del Sol, frente al poblado de Petaquillas, donde tenía caballos importados, entre ellos árabes y españoles.

El hermano del gobernador tenía una red de al menos 40 empresas y se adjudicaba directamente millonarios contratos, principalmente de las secretarías de Educación y Salud, que tienen el mayor presupuesto de la entidad, así como de la CAPASEG y CICAEG, señalaron fuentes del gobierno consultadas por Proceso.

Una de ellas puntualiza que la PGR investiga al actual director general de la CAPASEG, el hidalguense Arturo Palma Carro, quien presuntamente se repartió con Mateo Aguirre y Henry Hughes los contratos para el acueducto Lomas de Chapultepec. En esta obra, que se realizará en la zona de Barra vieja, en el oriente de Acapulco, se invertirán más de 800 millones de pesos.

Los agentes federales tratan de ubicar también al exdirector de la CICAEG Juan Manuel Tinoco Reyna, quien también benefició a las empresas de Mateo Aguirre.

Los Hughes

Los hermanos Hughes Alcocer, operadores de los Aguirre Rivero, son conocidos en Acapulco como empresarios que se dedican a la venta de material para la construcción y financian campañas del PRI y PRD.

Fuentes oficiales indicaron a Proceso que Víctor Hughes, quien fue subsecretario de Administración y Finanzas, fue detenido en su casa, ubicada en la calle Almirante Cosme Damián Churruca número 19, del fraccionamiento Costa Azul.

Ahí, en una palapa ubicada en medio de una alberca, acostumbraba tomar whisky y comer asado de jabalí, o recibía visitantes y pactaba los sobornos.

En el amurallado inmueble blanco había una habitación “repleta de fajos de billetes”. Era el fondo para apoyar las campañas por instrucciones de Ángel Aguirre, informaron políticos que exigieron no revelar su nombre.

A su vez, Víctor Felipe Hughes Acosta, La Pantera, antes de ser detenido era notario público en el municipio indígena de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.

Antes de solicitar licencia a finales de octubre pasado, Ángel Aguirre le otorgó la patente al hijo de su amigo y comparsa Víctor Hughes Alcocer. Lo hizo de manera unilateral, en secreto y sin el examen que exige la normatividad, comentan funcionarios de la actual administración interina.

En los primeros años del gobierno de Aguirre, La Pantera fue secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pero dejó el cargo en medio de señalamientos de desvío de recursos y corrupción.

Jorge Eduardo Hughes Acosta, uno de los siete detenidos del clan, solía presumir en Facebook sus viajes a Washington y manifestaba su animadversión a las protestas de los maestros para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre.

También presumió fotos de su antro, llamado Believe, que inauguró el pasado diciembre en la exclusiva zona de la avenida Escénica. Ahí lo detuvieron los agentes federales.

Patricia Acosta, esposa de Víctor Hughes Alcocer, también era asidua en las redes sociales, adonde posteó una foto de ella y su marido con el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, durante una fiesta privada en el puerto.

Otro de los Hughes detenido, Mauricio, exhibió fotos de autos, yates y casas en zonas exclusivas de Acapulco.

En un recorrido por la bahía de Santa Lucía, este semanario comprobó que los Hughes tienen anclado ahí el yate Varepa, de 58 pies de eslora y con un precio estimado de al menos 3 millones de dólares. No obstante, la calcomanía con el nombre fue despegada para evitar que las autoridades incauten la lujosa embarcación, señalaron socios de la marina Acapulco.

Una de las propiedades más ostentosas de los Hughes se encuentra en la colonia Cumbres de Llano largo. En una zona de vegetación endémica, donde está prohibido construir, crearon un zoológico con monos adquiridos en 70 mil pesos cada uno, dicen personas cercanas a la familia.

Golpeteo televisivo

Desde noviembre de 2011, el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo denunció públicamente los presuntos actos de corrupción de Mateo Aguirre y calificó al entonces mandatario estatal de “parásito, corrupto, cínico y ladrón”.

Torreblanca afirmó que la flota aérea oficial era utilizada por familiares de Aguirre y secretarios de despacho para actividades personales. Incluso señaló que un helicóptero oficial guerrerense fue puesto a disposición del excandidato perredista a gobernador de Michoacán, el senador con licencia Silvano Aureoles, que nuevamente aspira a gobernar su estado.

Entre los usuarios de la aeronave, Torreblanca señaló a Ángel Aguirre Herrera, Carlos Mateo Aguirre y Jorge Salgado Leyva, entonces secretario de Finanzas y padre del diputado federal perredista Jorge Salgado Parra.

Hacia mayo de 2012, Televisa y TV Azteca desataron una campaña mediática contra los Aguirre Rivero, orquestada por Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec), quien se inconformó porque no le dieron un contrato para colocar cámaras de vigilancia en Acapulco.

El mismo mes, Ángel Aguirre narró a este semanario cómo el duopolio televisivo ejerció su poder una vez más para doblegar al Ejecutivo estatal (Televisa y TV Azteca nos tratan como a sus gatos, Proceso 1854).

Durante varios días los noticiarios de ambas empresas lo acusaron de nepotismo y corrupción. Como resultado, Aguirre limpió la nómina de sus familiares directos, aunque otros medios hicieron esas críticas meses atrás sin consecuencia alguna.

Sin admitir que cedió a las presiones, Aguirre informó días después que solicitó la renuncia de una veintena de familiares directos con cargos estratégicos en su administración, entre ellos su hermana Rosalinda Aguirre, directora del DIF estatal, y su sobrino Ernesto Aguirre, quien se convirtió en el principal operador político del gobernador.

Éste añadió que su hermano Mateo había renunciado a su cargo de coordinador del Ejecutivo dos meses antes. Él era utilizado por las televisoras como ejemplo principal de su nepotismo y de la corrupción, pero Ángel Aguirre trató de protegerlo de las acusaciones, sobre todo las de Torreblanca.

Ángel Aguirre consideró que Televisa utilizó a Torreblanca para golpearlo, aunque no tenían buena relación. Antes de concluir su mandato en abril de 2011, Torreblanca acusó de corrupto y extorsionador al conductor de noticias Joaquín López-Dóriga en desplegados que publicó en medios de circulación nacional, como el diario Reforma.

Ahí Torreblanca denunció que la causa de los ataques mediáticos era su negativa a entregarle al conductor de Televisa 6 millones de pesos anuales, como lo hacía el exmandatario guerrerense y actual senador priista René Juárez Cisneros.

A pesar de las renuncias mencionadas, familiares del gobernador, como Mateo Aguirre y su sobrino Ernesto Aguirre, siguieron operando hasta que el gobierno federal desmanteló la trama de corrupción y tráfico de influencias.

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