MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aclaró que el amparo obtenido por 12 de los 16 detenidos en el caso de Holbox no revoca la existencia de flagrancia en el desmonte de mangle en Área Natural Protegida. En un comunicado precisa que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, concedió el beneficio temporal al establecer vicios en la captura de esas personas en julio de 2014. Dicha autoridad, apunta, sostiene que “sí está demostrada la flagrancia al haber ocurrido la detención al momento en que los inculpados estaban desplegando conductas (corte y poda de vegetación forestal) en terrenos considerados forestales localizados en un Área Natural Protegida”. De acuerdo con la dependencia, el Tribunal Colegiado sostuvo en su sentencia que “contrario a lo que sostuvo la juez de distrito, no resulta indebido que hayan sido los inspectores de la Profepa quienes pusieron a disposición de la autoridad ministerial a los quejosos”. Fueron los inspectores federales, añade, quienes llevaron a cabo la detención “al haberse percatado del momento en que se estaba cometiendo un ilícito”. La dependencia destaca en su comunicado que el mismo juez que dictó en su momento el auto de formal prisión, ahora dicta un nuevo auto de libertad por dejar de considerar el material probatorio que “tiene como fuente directa la demora injustificada”. Con esta resolución, que reconoce la existencia de las conductas flagrantes en el desmonte de vegetación forestal, la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en posibilidades de volver a ejercer acción penal en contra de esas 12 personas, solicitando ahora al juez que les conceda la orden de aprehensión, para lo que la Profepa deberá cumplir con sus obligaciones de coadyuvancia, resalta el texto. Y recuerda que recientemente las otras cuatro personas fueron puestas en libertad por un Tribunal Unitario de Circuito de Mérida, pero su situación jurídica, sostiene, aún se encuentra pendiente, pues deberá ser un Tribunal Colegiado el que resuelva el recurso de queja interpuesto por la Profepa y un recurso de revisión promovido por la PGR, a fin de que quede firme la resolución, que podría confirmar o revocar dicha determinación.