Crece la indignación ocotlense

OCOTLÁN.– Pasado el miedo tras la balacera entre elementos de la Gendarmería Federal e integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que hubo entre 14 y 16 muertos –las autoridades hablan de 11–, la indignación se acrecentó entre los ocotlenses.

El 30 de marzo unas 5 mil personas marcharon por las calles y llegaron a la plaza principal, donde el cardenal José Francisco Robles Ortega celebró una misa y demandó a las autoridades velar por la vida de todos.

Robles fue directo: “Cuando nuestras autoridades nos visitaron para pedirnos el voto nos ofrecieron que nos iban a cuidar; nos ofrecieron hacer valer la ley, y se los dimos. Por eso tenemos que ser pacíficos como Jesucristo, pero no pasivos”.

Desde el templete colocado frente a la antigua parroquia del Señor de la Misericordia, en el arranque de la Semana Mayor, el purpurado reiteró que la reunión era para reafirmar la dignidad ciudadana; La vida, dijo, debe ser respetada como el valor más grande que se tiene.

“Tenemos que vigilar, ser claros y directos con nuestras autoridades, para pedirles no una dádiva (sino) que cumplan su deber; y su deber es hacer valer la ley, hacer prevalecer la justicia; su deber es velar por nuestra integridad, nuestras vidas y nuestros bienes. Debemos estar vigilantes y exigentes, no violentos; exigentes, sí, pero con argumentos y razones.

“Debemos ser personas activas, trabajadoras y que se establezca la justicia entre nosotros. No sólo es pedir, no sólo es orar; es también actuar. Y cada uno, en su vocación o en su propia vida, en el lugar donde desarrolla su existencia, está obligado a trabajar por que se respete la ley y la justicia, el derecho de todos.”

La convocatoria se hizo a través de las redes sociales y en las parroquias y templos del decanato local. Fue la mayor de las protestas en el municipio. La mayoría vestía de blanco y se instalaron en la plaza principal, la Niños Héroes, frente a la parroquia del Señor de la Misericordia. Ahí escucharon la homilía del cardenal Robles.

Dos días antes, por la mañana, se organizó la primera manifestación, la llamada Marcha de la Paz #Ocotlán28DeMarzo. Alrededor de 200 ocotlenses demandaron al presidente municipal, Enrique Robledo Sahagún, pancartas en mano, “Cero tolerancia a la violencia”.

“Señor presidente de Ocotlán, te exigimos: Paz y seguridad, no más muertes inocentes”, se leía en una de ellas.

Al frente del grupo de manifestantes estuvieron los familiares de Isaac Esaú Solís Ornelas, el joven de 15 años que murió durante la refriega del 19 de marzo. Al llegar a la plaza leyeron un pronunciamiento contra las autoridades y anexaron una hoja con las firmas de decenas de lugareños, que después entregaron en el ayuntamiento. El alcalde no apareció, lo que enardeció a los manifestantes.

El director de Seguridad Pública, Diego de Jesús Cervantes Maldonado, recibió el documento. Rosa María Magdalena de Alba, abuela de Isaac, dijo que las autoridades no se han acercado a la familia para ayudarla.

“Lo único que les pido es que si hay gente mala –dijo– la saquen de Ocotlán. Nuestro Ocotlán era pacífico y ahora ya no lo es. Pido que se salgan de aquí, de nuestro pueblo. Lo único que quiero es justicia… En ningún momento las autoridades se han acercado con nosotros. Que no se paren el cuello.”

La versión ciudadana

La Fiscalía General del Estado (FGE) asegura que en el enfrentamiento del 19 de marzo entre elementos de la Gendarmería e integrantes del crimen organizado hubo 11 bajas, los ocotlenses insisten en que fueron más.

De acuerdo con Dayana Noemí Salazar Ramírez, quien participó en la manifestación del 28 de marzo, sus dos tíos y su sobrina murieron en el tiroteo: “Yo perdí a mi tía, a mi tío y a mi sobrina por culpa de una bala, nomás porque les dijeron que se detuvieran y no se pudieron detener”.

Los muertos fueron David González Ramírez, de 34 años; Alejandra Aguilar Muñoz, de 27, y Sofía González Aguilar, de tres. “¿Qué seguridad tenemos en este gobierno que balaceó a mi tía y a mi tío por la espalda con su niña de tan sólo tres años?”, sostiene Salazar.

Según los asistentes, los elementos de la Fuerza Única Regional (FUR) han violentado sus derechos: “El gobierno no respeta a los de Ocotlán; nosotros somos los afectados”, decían.

Algunos dijeron que en el enfrentamiento murieron siete gendarmes, entre ellos dos mujeres, así como tres civiles; es decir 16 personas.

La FGE continúa sus indagatorias para determinar si es factible o no el desarme de la Policía Municipal ocotlense. Por el momento, el fiscal Luis Carlos Gutiérrez de Velasco coordina las acciones con la Dirección de Seguridad Pública (DSP) para salvaguardar a la población.

En visita del trabajo por este municipio de la ribera del lago de Chapala, Nájera Gutiérrez habló de seis detenidos, quienes ya rindieron su declaración; dos de ellos, dijo, fueron trasladados a la Ciudad de México, otro está en arraigo, y también se aseguraron cartuchos, vehículos e inmuebles, incluidos dos ranchos.

El fiscal le pidió al alcalde Robledo la entrega de cuatro uniformados, pero éstos no se han presentado a trabajar desde el día de la balacera: “Estamos invitando al presidente municipal para que nos mande a algunos elementos… (quienes) extrañamente hoy no están en Ocotlán”.

Y reiteró que la FUR continuará en Ocotlán. “Estamos buscando objetivos muy específicos, estamos buscando a gente que está vinculada con este hecho (la balacera del 19 de marzo); estamos moviéndonos a otras áreas”

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