MÉRIDA, Yuc., (apro).- Los juzgadores de los distintos países de América Latina y El Caribe que asistieron a la 64 Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), en esta ciudad, exhortaron a los gobiernos de sus respectivas naciones a garantizar la autonomía financiera de los poderes judiciales y la integridad física de los jueces, con el fin de fortalecer el Estado democrático de derecho. Durante el acto se destacó que países como El Salvador, Perú, Puerto Rico y República Dominicana enfrentan actualmente déficit presupuestarios, como consecuencia de una asignación insuficiente de recursos para cumplir con una correcta y pronta administración de justicia. De acuerdo con los participantes, la independencia judicial debe considerar no sólo remuneraciones dignas durante la vida laboral de los juzgadores, sino también fondos de retiro que les permitan vivir dignamente una vez finalizada la actividad laboral jurisdiccional. La “Declaración de Yucatán”, documento con el que concluyó el encuentro que reunió durante tres días a magistrados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Honduras y México, destaca la importancia de contar con jueces independientes en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales en cada país. Uno de los requisitos indispensables para la independencia judicial, subrayan, es la autonomía financiera que le permita a cada Poder Judicial abordar sus tareas de manera profesional, sin depender de los vaivenes políticos. La declaratoria, que consta de siete puntos, está dirigida a los gobiernos, cortes supremas y órganos de gobierno judicial de los países miembros de la FLAM, en lo que a cada uno compete. En primer término se exhorta al gobierno de Honduras para que “cese de inmediato el uso de instrumentos invasivos, como el polígrafo, que vinculan en forma completamente injustificada a los jueces de ese país con organizaciones delictivas, afectando de paso la dignidad de la judicatura hondureña y generando un temor que socava el sistema democrático de derecho”. Como segundo punto se insiste en la necesidad de que “los gobiernos de Latinoamérica aseguren el ejercicio de la magistratura en condiciones que eliminen toda posibilidad de atentados a la integridad física y psicológica de los jueces y juezas de nuestros países”. También se insta a las autoridades competentes de los países de América Latina “a desarrollar sistemas que garanticen la independencia judicial mediante el aseguramiento del acceso, permanencia y cese en los cargos judiciales conforme a parámetros de mérito y desempeño que eliminen todo espacio de arbitrariedad”. El otro aspecto tiene que ver con un requerimiento a las autoridades políticas del continente para el establecimiento de “sistemas presupuestarios y remunerativos que permitan el desarrollo de las tareas jurisdiccionales en condiciones materiales adecuadas”. Lo anterior, “asegurando la debida autonomía” de los poderes judiciales, “así como remuneraciones que sean dignas y coherentes con la importante tarea que le ha sido encomendada a los jueces y juezas, única forma de eliminar toda posibilidad de injerencias indebidas por partes de grupos de poder económico, político o de cualquier otra índole”, señala el documento. El quinto punto es un rechazo enérgico a “la utilización de procedimientos disciplinarios como mecanismos explícitos o encubiertos para influir en la decisión jurisdiccional o sancionar a los jueces o juezas que dictan resoluciones que no son del agrado de las autoridades políticas, legislativas o judiciales de grado superior”. En sexto lugar, el texto resalta el apoyo de los juzgadores a las gestiones de la Asociación Nacional de Magistrados de Perú, y solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le otorgue el trámite prioritario per saltum, “con el objeto de impedir que el transcurso del tiempo le quite eficacia a la legítima pretensión peruana”. De la misma manera, añade, “acompañamos a los hermanos de Perú con el objeto de que se les conceda una audiencia preliminar en el próximo período de sesiones ordinarias de la mencionada Comisión”. Por último, los participantes lanzan un llamado a la Corte Suprema de Chile “para que se abstenga de reglamentar procedimientos relacionados con el nombramiento de los jueces, su régimen disciplinario y el gobierno judicial, al margen del debate democrático e invadiendo atribuciones de los poderes legisladores”. También la instan “a otorgar pleno reconocimiento a la Asociación Nacional de Magistrados de Chile como único y legítimo representante de los jueces y juezas chilenos”. El evento estuvo presidido por el presidente de la FLAM, Wilfredo Sagastume Henríquez, y el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Edgar Elías Azar. En la ceremonia de clausura, Sagastume Henríquez expresó que las conclusiones de esta cumbre son sólo el inicio para dar continuidad a todos los problemas que fueron presentados por las naciones participantes. "Nos quedamos con el compromiso para ir ejecutando cada una de las acciones que se nos han demandado", dijo. Por su parte, la presidenta de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), Cristina Crespo Haro, expuso que los jueces son parte de los actores de la sociedad, “y en este trabajo no queremos privilegios, sino resolver problemas comunes”.