TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).- Diez municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec y Toluca, se encuentran en investigación por parte de las autoridades judiciales con el objetivo de determinar la necesidad de decretar Alerta por Violencia de Género (AVG) ante el número de feminicidios que se han registrado, después de que el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal admitiera un amparo por el retraso injustificado en la emisión de la declaratoria. Luz María Zarza, consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, rechazó que el gobierno mexiquense se niegue a emitir la alerta: “nosotros somos sujeto pasivo, la alerta de género la emite la autoridad federal, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) encargado de cuidar y llevar a cabo acciones contra la violencia hacia las mujeres, a  nosotros nos toca ser el sujeto investigado”, justificó. Con motivo de este amparo, la funcionaria precisó que el gobierno del Estado de México ha aportado a las autoridades judiciales todos los elementos, otorgado todas las facilidades, para que se aclare el tema y la instancia federal tenga los elementos para resolver conforme a derecho. “Los amparos los promovieron asociaciones civiles, los ganaron, y con base en eso está avanzando la investigación. Le han pedido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) todos los datos sobre el número de feminicidios, a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los programas para las mujeres, a nosotros las reformas legislativas en favor de ellas, para un análisis muy cuidadoso del contexto que hay para las mujeres en la entidad”, refirió. El amparo, detalló, no aplica para todo el territorio mexiquense, pero contempla los 10 municipios con la más alta incidencia de feminicidios, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Valle de Chalco y Chiconautla; las demarcaciones de la zona conurbada, admitió, son las más problemáticas. Este amparo fue promovido el pasado 10 de febrero por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), por el retraso injustificado en las indagatorias para declarar AVG en el Estado de México, pues desde hace 10 meses el SNPASEVM no ha dado a conocer avances ni resultados. De 2005 a 2010, el OCNF conoció de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad, por lo que en diciembre de 2010 solicitó formalmente la de declaratoria de AVG. En enero de 2011 el Sistema la negó, sin justificar o argumentar su negativa, y las organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esta resolución. En 2012, un juez de distrito determinó que el Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones y ordenó a las autoridades dejar sin efectos su determinación y emitir una nueva, apegada a derecho. El 28 de abril de 2014 el SNPASEVM admitió la procedencia de la solicitud y anunció una investigación por parte de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, integrado sólo con funcionarios, pero a la fecha no hay información sobre los avances, mucho menos resultados.