MÉXICO, D.F. (apro).- El  director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, advirtió que los recientes escándalos relacionados con las propiedades del presidente Enrique Peña Nieto y de su círculo cercano “pueden ir mucho más allá de su propio prestigio”. Después de presentar la plataforma “Candidato Transparente” en el hotel Four Points en la colonia Roma, el doctor en Gobierno por la London School of Economics y maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, dijo a Apro: “Tenemos una crisis de confianza y de credibilidad y estos dos elementos son bastiones para que funcione una sociedad y también para que una democracia pueda tener futuro, para que la economía tenga dinamismo. Cualquier proceso de transacción económica es un acto de confianza, cualquier acto de decisión de inversión es un acto de credibilidad, de fe”. [gallery type="rectangular" ids="401201,401202,401203,401204,401205"] En los últimos meses se han dado a conocer en diversos medios de comunicación casos de conflicto de interés y derroche de recursos por parte de funcionarios de primer orden, como el caso de Peña Nieto y la llamada “Casa Blanca”; las propiedades del secretario de Hacienda, Luis Videgaray en Malinalco; y recientemente, las casas de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y del subsecretario de esa dependencia, Luis Enrique Miranda, investigación publicada en el semanario Proceso edición 2006, que circula en esta semana. Juan Pardinas sentenció que “las implicaciones y los costos de esta crisis pueden ir mucho más allá que simplemente del prestigio de los funcionarios involucrados”. El también politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisó que los costos trascienden al terreno económico, ahuyentando inversiones ante la ausencia de un Estado de Derecho. Al cuestionarle sobre el impacto que esta crisis de credibilidad en el gobierno tendrá en las reformas, el especialista consideró: “Podríamos hacer 20 reformas estructurales, pero si no damos certidumbre, credibilidad, una certeza de que el Estado de Derecho funciona, no vamos a poder aprovechar la magnitud y la potencia de las reformas estructurales”. Remató: “La principal reforma estructural que puede enfrentar México es la de respeto a la ley, y para respetarla, como obligación y como ejemplo, los primeros que deben hacerlo son los funcionarios públicos, su gabinete, los gobernadores… Y lo que estamos viendo es que las transgresiones empiezan desde los liderazgos políticos”. “Candidato Transparente” El IMCO y representantes de organizaciones civiles presentaron la plataforma “Candidato Transparente”, la cual busca que cada candidato a un puesto público difunda su declaración patrimonial o carta de compromiso, además de su declaración de intereses y declaración fiscal. “Lo que queremos hacer con esta iniciativa de la sociedad civil, es poner un ladrillo en el proceso de la construcción de la confianza pública. Posiblemente nos va a tomar una generación, pero por un lado hay que empezar. Este tipo de iniciativas debe ser una obligación legal y no la sociedad civil la que esté presionando”, dijo el director del IMCO a esta agencia. A la presentación de la plataforma asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani; el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón; el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; así como la académica y colaboradora de Proceso, Denisse Dresser. De acuerdo con el IMCO, la declaración patrimonial de los funcionarios servirá para conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. “Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares”, precisó. En el caso de la declaración de intereses, permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario. La información permite evitar que en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para los individuos involucrados. Por último, el especialista consideró que con la declaración fiscal se corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo. Hasta este 14 de abril, sólo 16 aspirantes a un cargo de elección popular se han inscrito a la plataforma de un total de mil 518 candidatos. De esos 16, ocho son del PAN, dos de la coalición PRI-PVEM, uno del PRI, otro de la coalición PRI-PVEM-Panal, uno de la coalición del PRD-PT-Panal, uno de Morena, uno más de Movimiento Ciudadano y finalmente, una candidatura ciudadana. En términos de puestos a los que aspiran: sólo un candidato a gobernar un estado se adhirió a la plataforma, mientras que hay ocho aspirantes a alcaldías o delegaciones y siete candidatos a diputados federales. En otras palabras, la voluntad política es escasa.