Función Pública debe indagar el caso Osorio Chong: reporteros de Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- Al acudir como invitados al noticiero nocturno de Carmen Aristegui en la cadena televisiva de CNN, los reporteros de la revista Proceso, Santiago Igartúa y Jesusa Cervantes, aseveraron que el tema de las mansiones en Las Lomas, donde aún reside el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, “necesita una investigación” de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para determinar si hubo o no conflicto de intereses.

A raíz de una investigación de varios meses, los dos periodistas publicaron en la edición 2006 del semanario, actualmente en circulación, el reportaje que reveló el posible conflicto de intereses en que incurrió el titular de Segob.

Incluso, los comunicadores reiteraron que desde junio de 2011 el funcionario federal habitó en dos residencias cuyos dueños legales eran empresas de Carlos Aniano Sosa Velasco, proveedor “consentido” de Osorio Chong cuando el priista gobernó Hidalgo y quien después obtendría contratos millonarios en obras tras la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

“Tenemos a un encargado de la Función Pública que no ha hecho su indagación y le están llegando otras casas”, apuntó Cervantes, en referencia a la investigación en manos del titular de la SFP, Virgilio Andrade, sobre un probable conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca presidencial, aledaña a las que “renta” Osorio Chong.

Igartúa recordó que a pesar de haber obtenido contratos millonarios durante la gubernatura de Osorio Chong en Hidalgo y ahora con Peña Nieto en Los Pinos, las empresas de Sosa Velasco “no tienen siquiera una página de Internet; tienen oficinas diminutas que las anuncian en cartulinas escritas a mano. En el teléfono niegan que son lo que son, o lo reconocen y se arrepienten. Son muy irregulares”.

Dos de estas firmas, Construcciones Sky Universal y MNM MKDO Inmobiliario, fueron precisamente las empresas que “alquilaron” las casas a Osorio Chong, según la investigación de ambos reporteros.

“Son recursos públicos los que están en duda”, sostuvo Cervantes, al recordar que tanto Osorio Chong como su esposa, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), Laura Ibernia Vargas Carrillo, son funcionarios públicos, y aunque la pareja hubiese pagado una renta, sus sueldos “no les hubieran alcanzado para ello”, insistió.

La carta, “desvío de atención”

“La carta desvía el tema de fondo del reportaje, se exonera de que haya un conflicto” de intereses, deploró Igartúa, al subrayar que la estrategia de Osorio Chong consistió en decir “ésa no es mía, y carpetazo”.

Con lo anterior, el periodista se refería a la misiva que el secretario de Gobernación envió el domingo anterior al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en la que reconoció que vivió en las mansiones mencionadas, pero reiteró que los inmuebles no eran de su propiedad. No obstante, el funcionario omitió mencionar el tema del conflicto de interés e incluso insinuó que el reportaje era falso.

“No hay una sola palabra falsa en este reportaje”, planteó Igartúa, al precisar que en ninguna parte de su trabajo los periodistas aseveraron que Osorio Chong era propietario de las casas. “Lo único que decimos es que vivió en la casa de Manzanos entre junio de 2011 y junio de 2014, y en Paseo de Las Lomas desde julio de 2014”, puntualizó.

Lo que sí afirmaron, basándose en el Registro de la Propiedad del Distrito Federal, fue que la esposa de Osorio Chong dio aviso de la compraventa de la casa de Manzanos el 29 de mayo de 2014, motivo por el incluso que pidió un crédito hipotecario. El dueño oficial del inmueble en ese momento era la empresa MNM MKDO.

El equipo de investigación de Carmen Aristegui sacó a la luz el posible conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca presidencial, entre Peña Nieto y el empresario Juan José Hinojosa Cantú.

La investigación de la Casa Blanca y la que realizó Proceso sobre las casas de Osorio Chong –y del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava–, pusieron de relieve un mismo ‘modus operandi’: las casas se ubican en la misma zona lujosa, fueron compradas o rentadas a empresarios “consentidos” por el régimen a nombre de las esposas de los altos funcionarios.

Aristegui resaltó que, al preparar el programa, su equipo se comunicó con la Secretaría de Gobernación para obtener una declaración de su titular, pero que éste no la concedió.

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