La “solución militar” dispara los homicidios

Tras el fracaso de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico, el régimen priista trata de ocultar la magnitud de la violencia en el país y mantiene al Ejército en funciones policiacas. Pero un estudio estadístico realizado por expertos de la Universidad de Harvard demuestra que los municipios con mayor intervención militar, lejos de pacificarse, registran un aumento de asesinatos.

Desde el sexenio pasado, cuando Felipe Calderón decidió que el Ejército y la Armada salieran a confrontar a la delincuencia organizada, prácticamente no hay día en que no hayan protagonizado algún episodio de violencia. Donde han realizado operativos se incrementa la tasa de homicidios, y la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informa que son más de 3 mil 500 los hechos de violencia en que el Ejército se ha involucrado, incluida la masacre de Tlatlaya.

Un reciente estudio, realizado en Estados Unidos, demuestra que los operativos militares en la llamada “guerra a las drogas” lanzada por Calderón tuvieron como consecuencia que aumentaran las tasas de homicidios en las zonas donde se aplicaron.

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha anunciado formalmente la puesta en marcha de nuevos operativos, las Fuerzas Armadas mantienen en las calles “operaciones de alto impacto para reducir la violencia”, que han dado lugar a casos como el ocurrido en aquel municipio del Estado de México el 30 de junio de 2014.

La Sedena indica que entre el sexenio de Calderón y los primeros dos años de Peña Nieto hubo 3 mil 536 “agresiones” al Ejército, prácticamente una por día. Con excepción de Tlaxcala y Yucatán, todo el país ha sido escenario de confrontaciones con la participación de militares.

La mayor parte de esa violencia ha ocurrido en el noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), pero también ha sido repetida en el norte (Chihuahua y Durango), el noroeste (Baja California y Sinaloa), el centro (Michoacán, Guanajuato y Zacatecas), el suroccidente (Guerrero) y el este (Veracruz).

La intervención de los militares está asociada al aumento de muertes violentas. Esa es una consideración que debe tomarse en cuenta en México para decidir la presencia de los militares en las calles, asegura Valeria Espinosa, analista cuantitativa de Google, una de las autoras del estudio ¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?, publicado el jueves 2 de abril por la Asociación de Estadística de Estados Unidos (American Statistical Association, ASA), la principal y más antigua organización de su tipo en ese país, cuyos integrantes trabajan en más de 90 naciones.

Doctorada el año pasado en el Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, Espinosa elaboró el estudio junto con Donald B. Rubin, profesor de esa universidad.

Apoyados en las cifras oficiales de México –del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Presidencia en el gobierno de Calderón y del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC)–, Espinosa y Rubin elaboraron diversos modelos estadísticos y concluyeron que la decisión del gobierno de México de involucrar a los militares en su guerra a las drogas “incrementó en promedio la tasa de asesinatos en las regiones donde hubo intervenciones militares”.

La guerra mexicana contra las drogas comenzó en el gobierno de Calderón y continúa en la administración de Peña Nieto, señaló la ASA en un comunicado de prensa para dar a conocer los resultados de la investigación.

La conclusión es contundente: a mayor presencia militar, más violencia y tasas de homicidio más altas. Para demostrarlo, compararon las tasas de homicidio en cada región donde hubo operativos del Ejército con las tasas esperadas de no haber existido intervención castrense.

En total estudiaron 18 regiones afectadas por la intervención militar entre 2007 y 2010, aunque no hicieron diferencia entre el Ejército y la Marina. De esas regiones, identificadas con el nombre de la principal ciudad afectada, sólo en dos se comprobó la reducción de la violencia y de las tasas de homicidio.

El análisis abarca regiones de 12 estados: Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Madera, Chihuahua; Ciudad Juárez, Chihuahua; Pánuco, Zacatecas; Villa de Cos, Zacatecas; Teúl, Zacatecas; Reynosa, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; Guadalupe, Nuevo León; Rincón de Romos, Aguascalientes; Sinaloa; Tepic, Nayarit; Celaya, Guanajuato; Apatzingán, Michoacán; La Piedad, Michoacán; Coahuayana, Michoacán, y Acapulco, Guerrero.

Estas demarcaciones incluyen a varios municipios pues, de acuerdo con los autores del estudio, la intervención de las Fuerzas Armadas afecta no sólo a la ciudad donde se establecen los operativos, sino a los municipios vecinos. Además de que las operaciones militares se enfocan a municipios y no a estados.

Para fines del análisis estadístico, se consideran intervenciones militares aquellas confrontaciones entre las fuerzas gubernamentales y la delincuencia organizada que hayan dejado tres o más civiles muertos, incluidos los integrantes de los cárteles del narcotráfico.

En promedio, la intervención militar implicó un incremento de casi 11 homicidios por cada 100 mil habitantes en esas regiones, especialmente en Ciudad Juárez. En 2008, el Ejército puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual se registraron numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos, como el del llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889, 1914 y 1933).

Cifras críticas

En Ciudad Juárez y sus alrededores la tasa de homicidios creció más del doble en comparación con el resto de las regiones. El resultado no sorprende, señaló la ASA, porque desde los años noventa del siglo pasado se han registrado ahí altos índices de violencia, como los más de mil feminicidios no resueltos que se cometieron entre 1993 y 2003, además de que la ciudad es una de las principales plazas del Cártel de Juárez.

Pero aun sin considerar este caso, el estudio encontró elevados índices de homicidios en las zonas intervenidas por militares. De por sí la tasa en el país fue de 22.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011. Si se incluye a Ciudad Juárez, el incremento promedio en esas regiones fue de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes; si se excluye, es de 6.5 homicidios.

Después de Ciudad Juárez, que tuvo un aumento neto de 86.53 homicidios por cada 100 mil habitantes, la acción militar tuvo más impacto en Tepic, con una tasa neta de 42.92 homicidios en 2010. Siguió Tijuana, con 33.34 en 2008; Nogales, con 23.63 el mismo año; Acapulco, con 16.20 en 2010; Coahuayana, con 14.94 en 2010; y Sinaloa, con 12.19 en 2007.

Por debajo del promedio de 6.5 de aumento aparecen Guadalupe, Celaya, La Piedad, Villa de Coss, Reynosa, Teúl, Pánuco, Bustamante y Madera. Sólo Rincón de Romos y Apatzingán experimentaron una reducción significativa en la tasa relativa de homicidios.

“Los resultados de nuestro estudio sugieren que las intervenciones militares en la guerra mexicana contra las drogas incrementaron las tasas de homicidio en el corto plazo, especialmente en la región de Juárez”, señaló Espinosa en la comunicación difundida por ASA.

Es importante que quienes toman decisiones en México se apoyen en efectos causales, no en meras asociaciones o en promedios nacionales. La decisión de enviar tropas y a dónde, debe tomarse con base en mediciones exactas y no con objetivos de corto plazo, añadió.

La mayoría de las regiones estudiadas por los expertos de la Universidad de Harvard coincide con los lugares de más altos niveles de violencia reportados por la Sedena. En respuesta a una petición de información a través de la Ley de Transparencia, la dependencia federal afirmó que entre enero de 2007 y octubre de 2014 sus unidades en todo el país reportaron 3 mil 536 “agresiones en contra del personal militar con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada”.

Al inicio del sexenio de Calderón hubo 48 “agresiones” contra personal del Ejército. La cifra se incrementó cada año, excepto el último, cuando ya iba de salida. Para 2008 la Sedena reportó 106 casos; en 2009, 207; y en 2010, 621.

El año de 2011, cuando la tasa de homicidios fue de 22.8 por cada 100 mil habitantes, fue también el de mayor confrontación del Ejército con la delincuencia organizada: mil nueve hechos de violencia. Ese año, la mayoría ocurrieron en Nuevo León. En 2012, el número de “agresiones” bajó a 814.

En el primer año de Peña Nieto la cifra se redujo a 482, y hasta octubre del año pasado, a 249. De acuerdo con esos datos, el Ejército participó en 1.23 hechos de violencia cada día entre el sexenio de Calderón y en el primer año y 11 meses del gobierno de Peña Nieto; aunque la proporción se redujo a 1.05 en los dos primeros años de la actual administración.

De acuerdo con esa información, Tamaulipas fue el estado de mayor confrontación del Ejército, con mil 455 incidentes; es decir, 41%. Esa tendencia se mantiene en el gobierno de Peña Nieto. El segundo estado donde el Ejército informó de más “agresiones” fue Nuevo León, con 394; seguido por Guerrero (250), Michoacán (214), Coahuila (182), Veracruz (171), Sinaloa (158), Chihuahua (140), Durango (126) y Zacatecas (118). Esas 10 entidades concentraron 90.72% de los enfrentamientos que reportó el Ejército.

En undécimo lugar está Sonora, con 57; luego San Luis Potosí, con 56; Jalisco, con 46, y el Estado de México, con 33, seguido por Nayarit, con 30. De todo el país, sólo Tlaxcala y Yucatán no fueron escenarios de confrontación de la principal fuerza armada del país.

Tlatlaya

En el caso del Estado de México, los hechos violentos en los que se ha involucrado el Ejército aumentan desde la llegada de Peña Nieto, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2011. Mientras que en el sexenio de Calderón la Sedena sólo reportó ocho ataques, ya con Peña Nieto en Los Pinos se registraron 25 casos entre 2013 y octubre de 2014.

La más significativa de esas “agresiones” fue la ocurrida en la localidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014. Según la Sedena, una partida militar fue atacada durante un patrullaje en la comunidad. La versión oficial dice que al repeler el supuesto ataque dio muerte a 22 personas.

Sólo cuando la prensa confirmó que la mayoría de los fallecidos fueron ejecutados extrajudicialmente, la Sedena procesó a ocho de los efectivos que participaron en ese patrullaje y remitió la causa penal a la Procuraduría General de la Republica (PGR), que también concentró las primeras averiguaciones hechas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). La Sedena además procedió contra sus elementos por considerar que en su respuesta a la agresión cometieron actos de indisciplina sancionados en el Código de Justicia Militar.

Pero el Ejército está lejos de aclarar lo que en verdad ocurrió ese día. Aunque ahora acepta que hubo un uso excesivo de la fuerza, el gobierno de Peña Nieto y el del Estado de México han hecho todo para evitar el esclarecimiento de la matanza. Así lo constató el grupo de trabajo sobre ese asunto creado en la Cámara de Diputados en septiembre de 2014 y que el pasado jueves 16 dio a conocer su informe final de actividades.

De acuerdo con el grupo, encabezado por la diputada perredista Elena Tapia, ni la Sedena ni la PGR ni la PGJEM entregaron a los legisladores la información necesaria para aclarar la masacre, aunque la Sedena insiste en que se trató de una agresión armada de la delincuencia organizada contra efectivos del Ejército.

La Sedena se ha negado a transparentar la información e incluso ha desacatado fallos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos (IFAI), acusando a éste de violar la Constitución al pedirle que dé una versión pública de la orden de fatiga; es decir, de las acciones y logística ordenadas a la patrulla militar implicada en los hechos (Proceso 2004).

En su afán de proteger al Ejército, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila se ha evidenciado. El mismo día que el Grupo de Trabajo daba a conocer su informe, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur, aseguró que el comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León, gestionó que los peritos de la PGJEM retrasaran hasta seis horas su llegada a la bodega de San Pedro Limón, donde ocurrieron los hechos, alrededor de las cinco de la mañana.

En octubre del año pasado, en medio de las revelaciones periodísticas sobre las ejecuciones extrajudiciales de los presuntos delincuentes, el general Sánchez León fue removido de la Zona Militar y de todo mando operativo. Manzur dijo a los diputados que el jefe militar “nos pidió que no fuera muy rápido el personal de la procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro”.

Más tarde, Manzur tuvo que matizar su declaración, aunque ya se había revelado. En un comunicado dijo que la PGJEM estuvo en comunicación permanente con el Ejército y que la Sedena siempre ha estado en disposición de investigar.

Una de las dudas que no pudo aclarar el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados es si en ese lapso los militares alteraron la escena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que así fue. La PGR tampoco entregó, “en absoluto”, información a los legisladores. Lo mismo dijeron los diputados respecto de la PGJEM.

Considerado por la Sedena como una “agresión” más de la delincuencia organizada en contra del Ejército, el caso Tlatlaya reveló un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los militares, concluyó el grupo de legisladores.

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