OAXACA, Oax. (apro).- Los integrantes de la Comisión de la Verdad revelaron que, por indagar a fondo los hechos que motivaron al gobernador Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos en 2006 y 2007, han recibido una decena de amenazas. La investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez, el periodista Diego Enrique Osorno González, así como el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, denunciaron que, de noviembre de 2014 a la fecha, recibieron una decena de “incidentes de inseguridad”, razón por la que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) les otorgó medidas cautelares. Por lo pronto, adelantaron que van a buscar a Ruiz Ortiz para que responda sobre estas graves violaciones a los derechos humanos, e insistirán para que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, se presente a declarar y colabore con su investigación sobre los hechos violentos suscitados en Oaxaca durante los años 2006 y 2007. Y es que Medina Mora fungió como secretario de Seguridad Pública federal durante 2006, en consecuencia, fue el responsable del operativo de la Policía Federal que desactivó el conflicto social que entonces se desarrollaba en esta ciudad, encabezado por los maestros y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). “La Comisión de la Verdad considera que el licenciado Medina Mora tiene una especial responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Oaxaca en el periodo mencionado”, sin embargo, aclararon que no ha respondido a ese llamado. En cuanto al priista Ulises Ruiz, el padre Solalinde dijo que “tenemos la obligación de entrar en contacto con él porque es el actor principal, y vamos a buscar una fecha para citarlo porque es una persona clave y está en nuestra agenda, mientras que Medina Mora no ha respondido”. En una conferencia de prensa, el presidente de la comisión, Alejandro Solalinde, utilizó como metáfora que “el cielo se está nublando y que a Oaxaca han llegado esos nubarrones, esos presagios que prometen tormenta, por eso empezamos a recibir presiones”. En lo personal, acotó, “no he recibido amenazas porque me hacen lo que el viento a Juárez, me pueden amenazar como quieran que no voy hacer caso, ya estoy curado de espanto”, enfatizó el coordinador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. Luego consideró que “sí creemos que los ataques van a ser cada vez más sobre la comisión, para que haya más presión y, en la medida en que nos hemos acercado a víctimas, las personas perpetradoras que quisieran que se hubiera olvidado el tema para siempre, que estaban hasta cierto punto tranquilas porque pensaban que nadie iba a mover nada, menos cuando se tiene la sartén por el mango y tienen todo a su favor, nadie nos va a parar”. En la Comisión de la Verdad “hay un compromiso social y de inalterable rectitud, entonces, no hay manera de que ningún poder quisiera callarnos, comprarnos o detenernos, no veo cómo, aunque sí nos pueden meter zancadillas, infiltrarnos pero de que esta comisión se pare, no”. Por su parte, Marina Patricia Jiménez Ramírez dijo que ya se han reunido con el representante del alto comisionado de la ONU, Javier Hernández Valencia, y con la CNDH, porque es fundamental recuperar la información y en qué terminaron esos procesos. En cuanto a las amenazas, solicitaron medidas cautelares al ombudsman estatal, las cuales les fueron concedidas. A su vez, el escritor Diego Osorno reiteró que desde marzo se inició la etapa de evidencias y, “si fuera uno de los victimarios, no estaría tranquilo”. Respecto de las amenazas, dijo que hay registro de incidentes de inseguridad, algunas están documentadas y otras están en proceso, sin embargo, “no queremos convertir a la comisión montada en un show mediático, pero si el riesgo aumentara se informará y se reforzara la seguridad”, destacó.