MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió hoy una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), debido a su mala investigación sobre el caso de Jesús Romero Colín quien, siendo menor de edad fue abusado sexualmente por el sacerdote pederasta Carlos López Valdés. La recomendación 1/2015 se debe a que la Procuraduría capitalina no realizó una “investigación diligente y en un plazo razonable” sobre el caso, según informó la CDHDF en un boletín de prensa dado a conocer hoy. Y agregó que los investigadores de la PGJDF “no fundaron ni motivaron adecuadamente ciertas determinaciones ministeriales, y fueron omisos para ofrecer y proporcionar debidamente los servicios de apoyo jurídico y/o psicológico a Jesús Romero Colín”. La comisionada Perla Gómez Gallardo, quien presentó ante los medios la recomendación, indicó que esta actitud omisa de la Procuraduría capitalina provocó que la víctima siga sin tener acceso a la justicia, mientras que el pederasta continúa sin ser juzgado y gozando de completa libertad. Por lo anterior, la recomendación de Gómez Gallardo le pide a la Procuraduría “iniciar investigaciones penales” en contra de su “personal ministerial” y su “personal supervisor”, quienes fueron omisos en este caso tan delicado. Asimismo, pide que a la víctima se le dé “tratamiento y acompañamiento psicológico especializado” y un “reconocimiento de responsabilidad” a su favor. Recientemente, la revista Proceso –en sus números 2004, 2005 y 2007– abordó este asunto de pederastia con repercusión internacional, pues es debatido en el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU. En Proceso se señala que Romero Colín era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López Valdés en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, perteneciente a la arquidiócesis primada de México. Desde entonces y hasta 1999 el sacerdote estuvo abusando sexualmente del menor de edad. Avergonzado y confundido, Romero no se atrevía a comentar tales hechos a sus padres, quienes eran muy allegados al sacerdote. Se decidió a hacerlo hasta 2007. Inmediatamente, la familia de Romero Colín denunció al pederasta ante la PGJDF y ante el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México. Ante lo irrefutable de las pruebas –como fotografías donde aparecía el cura abusando de menores de edad–, el tribunal de la arquidiócesis condenó a López Valdés en 2011, y ese mismo año el Vaticano lo inhabilitó como sacerdote. Incluso el mismo Papa Francisco, en 2013, le envió a Romero Colín una carta escrita con su puño y letra en la que le pidió perdón por los abusos sexuales que cometió el sacerdote pederasta. Mientras tanto, la PGJDF sigue sin ningún avance en la investigación. Después de ocho años de tener el caso, ni siquiera ha citado a declarar al hoy exsacerdote, argumentando que no ha podido localizarlo. Ahora, con su recomendación, la CDHDF espera que la Procuraduría capitalina deje atrás tantas omisiones, empiece a trabajar el caso y le haga justicia a la víctima.