MÉXICO, D.F., (apro).- Con el objetivo de combatir la corrupción y evitar conflictos de interés, temas que han generado diversas reacciones no sólo en México, sino a nivel internacional, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzó hoy nuevas reglas para la declaración patrimonial que deberán hacer más de 200 mil funcionarios públicos. “Las nuevas reglas para la declaración patrimonial y de posible conflicto de interés aplican para el Presidente de la República, secretarios de Estado, Procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados, así como 206 mil servidores públicos más, pertenecientes a cerca de 350 instituciones de la Administración Pública Federal (APF)”, publicó la dependencia en el Diario Oficial de la Federación. Entre los nuevos lineamientos de la SFP, cuyo titular, Virgilio Andrade Martínez, se comprometió a actuar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, destaca la declaración patrimonial, que incluye la de posible conflicto de interés (primera acción ejecutiva), así como la propuesta del protocolo de actuación de los servidores públicos en su contacto con los particulares en materia de contrataciones públicas (cuarta acción ejecutiva). De igual manera, el Registro de Servidores Públicos que intervienen en contrataciones (quinta acción ejecutiva) y la actualización de la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de la República, a través del “Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados” (séptima acción ejecutiva). La dependencia detalló que en la declaración de posible conflicto de interés se incluirá información relacionada con puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que el declarante desempeñe en órganos directivos, en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien en otras asociaciones privadas, señalando la frecuencia anual con la que participa y si dicha actividad ha sido desempeñada antes o durante el servicio público. Asimismo, esta declaración reflejará participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos que tengan valor económico presente o futuro y que el declarante tenga con personas físicas o morales, precisando si el tipo de participación o contrato fue antes o durante el servicio público. En cuanto a la declaración de situación patrimonial, se reportará el nombre del último vendedor de los inmuebles propiedad de los servidores públicos declarantes. Lo anterior también aplicará, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos. La SFP indicó que el formato estará disponible a partir del próximo 1 de mayo, para que los servidores públicos cumplan con su obligación a más tardar el 31 del mismo mes, a través del sistema Declaranet. El pasado 3 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que había instruido a la SFP el inicio de una investigación sobre los contratos obtenidos durante la actual administración por Grupo Higa, así como la forma en que adquirieron sus residencias la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Tres meses después de haberse dado a conocer la información sobre la “Casa Blanca” de Rivera Hurtado, construida y financiada por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú –propietario de Grupo Higa–, y semanas después de que se documentara una operación similar de Videgaray Caso, la medida fue anunciada por el mandatario en un mensaje a medios de comunicación pronunciado en la residencia oficial de Los Pinos. A 26 meses de iniciada su administración, Peña Nieto también designó como primer titular de la SFP a Virgilio Andrade Martínez, a quien instruyó la mencionada indagatoria junto con otras siete “acciones ejecutivas” relacionadas con contrataciones, transparencia y nuevas reglas en lo tocante a los “conflictos de interés”. En su mensaje, Peña Nieto informó de la celebración de un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de que acompañe la instrumentación de las mencionadas siete acciones, cuyo propósito será armonizar el marco reglamentario mexicano con prácticas internacionales. La primera quincena de noviembre, Aristegui Noticias difundió una investigación –publicada de manera simultánea con Proceso— acerca de que la primera dama había adquirido una residencia en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec. Días después se difundió que otra residencia cercana, también propiedad de Hinojosa Cantú, era rentada por el consejero jurídico Humberto Castillejos y había sido utilizada por Peña Nieto. El escándalo surgió luego de que el empresario acumuló contratos por 35 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y en lo que va de la administración federal suma más de 25 mil mdp, sin que hasta el momento alguna instancia de auditoría hubiera abierto alguna indagatoria. Durante su mensaje, el mandatario fue reiterativo en que, pese a la percepción, no existe “conflicto de intereses” en las operaciones particulares ni gubernamentales. También insistió en que, como presidente de la República, no suscribe contratos ni otorga adjudicaciones o participa en procesos licitatorios. Como parte de la investigación anunciada, expuso que el nuevo titular de la SFP convocará a expertos externos en materia de transparencia para garantizar la confiabilidad del procedimiento. Tres días después del nombramiento de Andrade, la publicación británica The Economist criticó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de exponerse él, a la primera dama y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a una investigación sobre los presuntos conflictos de interés. De acuerdo con el texto titulado "Conflicto de intereses en México, un inicio fallido", la campaña anticorrupción del gobierno federal ofrece "mensajes confusos" tras la designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. "El ministro de gobierno designado para dirigir la investigación dijo el 4 de febrero que él no está facultado para investigar los contratos hipotecarios que están en el centro del escándalo, lo que plantea dudas sobre la seriedad de su esfuerzo", apuntó el diario. Además, destacó los vínculos entre Andrade, Peña y Videgaray, en la que afirmó: "Andrade debe su trabajo al Sr. Peña , y dice que es amigo personal del señor Videgaray , lo que plantea dudas sobre su independencia". El editorial calificó la designación de Andrade y la investigación como un "intento tardío de recuperar su popularidad que comenzó con el pie izquierdo", aun cuando el día que la investigación fue anunciada, el Presidente aseguró que el objetivo era disipar las dudas y aclarar que no incurrieron en ninguna falta. Andrade, agregó, tiene la encomienda de investigar un posible conflicto de interés entre el Presidente, su esposa y el secretario Videgaray, quienes compraron inmuebles al Grupo Higa que ha obtenido varios contratos de obra pública del gobierno federal. El principal problema, señaló The Economist, es que los contratos hipotecarios con que se adquirieron las casas no se han hecho públicos y un día después de su nombramiento, el secretario de la Función Pública no tenía autoridad para investigar los contratos, pues las negociaciones se habían realizado cuando Peña y Videgaray no eran servidores públicos, mientras que Rivera nunca ha ostentado un cargo de elección popular. "Su único foco estaba en la probidad de los contratos del gobierno posteriores otorgados a la empresa constructora, Grupo Higa", apuntó el diario. Y remató: Andrade "puede ser capaz de hacer un llamamiento a otras instituciones más autónomas de gobierno, tales como el auditor general o un organismo de lucha contra la corrupción 'próximo-a-ser-creado', para ampliar la investigación", pero no puede investigar el origen del escándalo, es decir, los contratos.