MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 383 votos, la reforma que faculta al Congreso de la Unión a elaborar una Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Tortura. Luego de alcanzar la mayoría calificada, es decir, más de las dos terceras partes del pleno, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno, envió el documento a los Congresos estatales para su ratificación. El Senado hizo lo propio ayer por la tarde, cuando avaló la reforma al 73 constitucional, el cual establece la obligación para el Congreso de crear una ley secundaria que tipifique la desaparición forzada y la tortura como delitos graves. Luego de ello, expertos de la ONU en derechos humanos y el relator especial, Juan Méndez, calificaron como un avance la aprobación de esta reforma, misma que permitirá “brindar una respuesta integral a los serios problemas que enfrenta el país” en esos temas. Así, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y el relator de ONU contra la tortura, Juan Méndez, emitieron un comunicado en el que advirtieron que “la reforma constitucional y las leyes que se deriven de la misma sólo tendrán efectos reales si se garantiza su efectiva implementación en la práctica”. En el documento, fechado en Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expertos ofrecen asistencia técnica y también recomiendan a los Congresos locales “culminar el proceso de reforma constitucional, a efecto de que la misma entre en vigor a la brevedad lo antes posible”. El procedimiento legislativo obliga a la aprobación de la reforma en por lo menos 17 entidades, lo que permitiría al Congreso de la Unión diseñar leyes generales para unificar criterios en materia de desaparición forzada y tortura. Los expertos de la ONU recordaron que en los informes de las misiones al país --en 2012 el GTDFI, y en 2015 del relator-- recomendaron al Estado mexicano realizar las modificaciones legislativas para combatir esos delitos clasificados en el ámbito internacional como de lesa humanidad. Después de pedir a los legisladores mexicanos que garanticen “la participación plena de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil”, apuntaron que otros mecanismos de la ONU, como los comités contra la Desaparición Forzada y contra la Tortura “han hecho recomendaciones similares” en sus reportes sobre México. Los integrantes del GTDFI y el relator Méndez destacaron que otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, también exhortaron al Congreso de la Unión a acelerar el proceso de reforma constitucional. Los expertos de la ONU ofrecieron cooperación técnica para el diseño de las leyes generales que surjan tras la aprobación de la iniciativa por el Congreso de la Unión, las cuales “deberán brindar una respuesta normativa integral a los serios problemas que enfrenta el país en materia de desaparición de personas, tortura y malos tratos, así como recuperar los más altos estándares internacionales”. Además, consideraron que las leyes en materia de tortura y desaparición forzada “deben ser procesadas y aprobadas mediante un proceso abierto y consultivo en el que se garantice la participación plena de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil”. También enfatizaron en la necesidad de que la normatividad que surja de la reforma tenga “efectos reales si se garantiza su puesta en marcha efectiva en la práctica”.