El infierno ciudadano: multas, pensiones incobrables, amenazas…

MÉXICO, D.F. (apro).- Enrique estacionó su automóvil y al regresar lo encontró con la “araña” puesta, pese a que todavía faltaban 45 minutos para que venciera el tiempo del parquímetro. Le reclamó al agente de tránsito encargado de colocarla, quien no obstante lo evidente de la injusticia, no la corrigió. Enrique tuvo que pagar “la multa”.

Fernando reclamó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una multa de 900 pesos por una verificación extemporánea indebida. Después de un litigio de ocho años, ganó la demanda al gobierno del Distrito Federal, pero no pudo recuperar el dinero, a pesar de que cuatro funcionarios fueron multados con más de 6 mil pesos por no cumplir la sentencia.

Un empresario se vio obligado a celebrar un “contrato colectivo” con los “dirigentes” de un sindicato que decían representar a los trabajadores de su empresa; de no celebrar dicho contrato, sería emplazado a huelga.

Luis, el mayor de cinco hermanos, nació con parálisis cerebral, por lo que se le declaró interdicto. Cuando murieron sus padres no pudo recibir la herencia que éstos le dejaron debido a que no se inició un juicio para ejercer la tutoría por parte de sus hermanas. A causa de dicha interdicción, tampoco pudo ejercer el derecho a una pensión del ISSSTE que le correspondía por parte de su padre.

Tales testimonios aparecen en el documento Informe y recomendaciones en materia de justicia cotidiana. Describen situaciones de injusticia en las que cualquier ciudadano se ve de pronto inmerso y ante las cuáles no sabe cómo reaccionar. En algunos casos desconoce sus derechos y los procedimientos para denunciar un abuso y reparar un daño; en otros no existen mecanismos que le permitan encontrar una solución sencilla, rápida y eficaz. A veces no sabe siquiera a dónde y con quién acudir. Se ve en cambio envuelto en una maraña burocrática, sujeto a las vicisitudes de procesos largos, tortuosos y costosos, y expuesto a abusos de funcionarios, abogados, gestores y jueces.

“La falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos interpersonales, así como entre la autoridad y las personas, genera incentivos para la justicia por propia mano, la intervención de terceros que toman beneficio del conflicto, o simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y con ello generar alicientes para la impunidad”, señala el informe.

El documento fue elaborado con base en la participación de expertos de 18 instituciones encabezadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El director de esta institución, Sergio López Ayllón, lo entregó el pasado lunes 27 al presidente Enrique Peña Nieto durante una ceremonia realizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

El documento hace un diagnóstico de la justicia cotidiana a partir de siete foros temáticos que se realizaron en enero y febrero pasados, así como de 485 testimonios que ciudadanos subieron a un portal de internet construido exprofeso.

De entrada, el informe explica que la justicia cotidiana es la que se refiere “a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática”.

Señala sus ámbitos: civil, laboral, administrativo y de “proximidad”, Esta última “atiende los problemas que se generan de la convivencia en las comunidades, vecindarios y ciudades”.

Excluye a la justicia penal “en la medida que implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que alteran la vida social. El uso de esta fuerza implica lógicas, incentivos y problemas distintos de los derivados de las relaciones cotidianas entre las personas”.

Además, son las instancias de las entidades federativas las que en principio se ocupan de la justicia cotidiana.

El documento ofrece un dato: de los 2 millones 142 mil demandas presentadas en 2014, apenas 13% son penales. El resto corresponden al ámbito familiar (35%), civil (35%) y mercantil (20%).

En sus conclusiones, el informe señala “graves problemas que requieren atención urgente”. Entre ellos señala los siguientes: los procesos para denunciar un abuso o reparar un daño son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; la justicia se percibe como lejana, en la mayoría de los casos resulta incomprensible y tiende a incrementar la desigualdad social; los procesos judiciales privilegian la forma procesal sobre la solución de los conflictos, y las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

Como “el catálogo” de problemas es amplio, heterogéneo y complejo, el documento agrupa a éstos en seis categorías. Enumera: 1) la mayoría de ciudadanos no conoce sus derechos ni los mecanismos institucionales existentes para hacerlos valer (asimetría de información), 2) los agentes judiciales (abogados, jueces, defensores de oficio, ministerios públicos, etcétera) no tienen suficientes conocimientos ni capacidad para resolver los problemas que se le plantean, 3) los procedimientos privilegian la forma sobre el fondo y tratan igual a conflictos de naturaleza diversa, 4) los sistemas de justicia de las entidades federativas no cuentan con suficientes recursos ni capacidades institucionales, 5) El diseño institucional de los sistemas de justicia se “resiste a la renovación y adaptación”, sobre todo en materia laboral, y 6) las leyes, reglamentos y normas en todo el país “son de mala calidad”.

Con base en ese diagnóstico, el documento ofrece 217 recomendaciones que pueden derivar en la formulación de una política pública integral de acceso a la justicia y que involucre a todos los órdenes de gobierno, al legislativo y a las instituciones del poder judicial.

Sin embargo, advierte el documento, no es necesario esperar a tener dicha política pública integral para “iniciar acciones que permitan mejorar las condiciones de acceso a la justicia”. De hecho, identifica 20 propuestas que pueden implementarse en el corto plazo.

Entre ellas destacan:

– Crear mecanismos jurisdiccionales que permitan resolver de manera inmediata conflictos entre particulares derivados de la convivencia cotidiana en las ciudades. Como complemento de ello, propone “incorporar jueces itinerantes para comunidades pequeñas o rurales”. Incluso, recomienda que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) “desarrolle modelos de justicia de barandilla e itinerante” y que éstos se pongan a prueba durante el próximo año en un “conjunto de localidades”.

– A contrapelo del sistema policiaco de mando único, recomienda incorporar el modelo de “policía de proximidad”. Pide hacerlo de manera diferenciada y no necesariamente en todo el país. Parte de la siguiente convicción: “la policía es el eslabón central en la relación entre autoridad y ciudadanos. La experiencia comparada muestra que en ciertos contextos la policía de proximidad sirve para resolver problemas sencillos e identificar factores de riesgo que pueden generar conflictos mayores”.

– Señala que “una parte importante de las barreras de acceso a la justicia se genera por la falta de información temprana y de calidad sobre la forma de atender un conflicto”. Subraya que “incluso, cuando la información existe, los problemas se presentan cuando se entra en contacto con las instituciones competentes para resolver los conflictos”, las cuales “se encuentran alejadas de los usuarios potenciales”. Ante ello propone crear centros de asistencia jurídica temprana cuyas funciones sean orientar, canalizar y apoyar con información a las personas que enfrentan un conflicto específico.

– Ante la mala calidad de los servicios jurídicos profesionales (entre ellos representantes legales que abusan de sus clientes y los dejan en la indefensión) propone revisar los programas de formación de abogados y regular el ejercicio de esta profesión. Considera conveniente establecer una “instancia de diálogo” que retome un tema “urgente”: crear mecanismos efectivos de responsabilidad profesional e información puntual y pública sobre el desempeño de abogados.

– Respecto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje –responsable de impartir justicia laboral–, aconseja revisar su operación debido a que “su diseño tripartita” no funciona de manera eficiente y no arroja ninguno de los beneficios de los órganos colegiados. De hecho, en materia laboral, el documento describe cómo “sindicatos carentes de representatividad emplazan a huelga a un patrón, quien se ve orillado a celebrar un contrato colectivo que no le beneficia a él ni a sus trabajadores, quienes incluso ignoran este hecho”. En este mismo rubro, recomienda “desindexar los salarios mínimos y permitir un incremento gradual ligado a la productividad” y sin “frenos artificiales”. Y llama la atención que a pesar de que hace apenas 25 meses se aprobó una reforma laboral de gran calado, “no se dispone de herramientas que permitan evaluar los avances e impactos” de dicha reforma.

– Ante la “mala calidad de la regulación en todo el país” y la “falta de alineamiento entre diferentes esferas de gobierno” –fuente recurrente de conflictos y de corrupción–, propone que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria “desarrolle un agresivo programa piloto para mejorar el diseño y operación de la regulación mediante la suscripción de convenios de colaboración”.

– Aconseja modificar los criterios de los órganos internos de control en las administraciones, de tal suerte que incentiven la solución de conflictos a través de la mediación. Igualmente, propone “regular los espacios de intervención discrecional de los funcionarios” para evitar las prácticas de corrupción.

El documento comenta que “el discurso sobre la reforma judicial ha estado dominado por una idea: que el sistema de impartición de justicia, en su conjunto, requiere una modificación completa y estructural y que sólo esa condición permitiría el acceso real a la justicia”.

Pero –señala de inmediato– “la experiencia en muchos países ha mostrado que los resultados de esas reformas integrales suelen ser menores de los esperado. Por ello el enfoque debe modificarse para atender problemas específicos con soluciones que, aunque imperfectas, permiten resolver injusticias concretas”.

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