Nombra el PRI a dirigentes de negro historial

Pese a la promesa del dirigente priista, César Camacho Quiroz, de blindar a los candidatos de su partido ante el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, acaba de hacer dos nombramientos que implican todo lo contrario. Se trata de dos designaciones clave para los próximos comicios de junio: Baltazar Hinojosa Ochoa y Arturo Zamora, secretarios de Organización y de Acción Electoral del CEN del PRI, respectivamente, quienes tienen negros historiales y habrían sido impuestos por la Presidencia de la República.

Hace tres años, antes de los comicios federales de 2012, varios candidatos del PRI y miembros de la dirigencia de este partido fueron señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Hoy, algunos de ellos están nuevamente en el escenario, como Baltazar Hinojosa Ochoa y Arturo Zamora, nombrados recientemente secretarios de Organización y de Acción Electoral del CEN del partido, dos funciones fundamentales para la actual campaña.

El 14 de octubre de 2014, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, se comprometió a “blindar” a los candidatos de dicho instituto político ante la delincuencia organizada. “Hagámonos cargo de los candidatos que postulemos; este es el momento de prevenir. No permitamos candidatos relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado o con antecedentes de corrupción”, dijo.

A partir de entonces se ha dedicado a ostentar la decisión partidista de disolver cualquier sospecha al respecto, y frente a los comicios del próximo 7 de junio inclusive anunció que todos los aspirantes estarían obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés.

Sin embargo, el pasado 22 de abril tomó protesta a Baltazar Hinojosa Ochoa como nuevo secretario de Organización, en lugar de José Encarnación Alfaro, quien encabeza la lista de diputados plurinominales para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A su vez, Arturo Zamora fue nombrado secretario de Elecciones, un cargo que estaba vacío desde diciembre tras la renuncia del duranguense Samuel Aguilar, en pleno arranque de campañas, por diferencias con la dirigencia nacional.

De acuerdo con versiones dentro de la dirigencia priista, tanto Hinojosa como Zamora fueron impuestos desde la Presidencia de la República para ocupar esos dos puestos, que son clave para las elecciones.

En el caso de la Secretaría de Acción Electoral, a partir de la semana pasada ya han sido enviados a los 17 estados donde habrá comicios 700 “delegados de activismo”, formalmente encargados de movilizar la estructura electoral. Son los famosos “mapaches” que integran la maquinaria priista y que el día de la elección se encargan de canalizar los votos cautivos a las casillas donde necesitan ganar.

Por lo que toca a la Secretaría de Organización, ésta vinculará a los sectores y a las organizaciones del partido, además de coordinar a los órganos de dirigencia en todo el país, para fortalecer el activismo, la afiliación y el registro partidario.

El favor presidencial

Baltazar Hinojosa, candidato plurinominal por el estado de Tamaulipas, ha sido acusado, en su larga historia política, de tener vínculos con el Cártel del Golfo desde que fue secretario de Desarrollo Social y de Educación en su entidad, durante el gobierno de Tomás Yarrington, y posteriormente como alcalde de Matamoros, cuna de este grupo del crimen organizado.

Hinojosa creció políticamente bajo la égida de Yarrington, quien es investigado por la DEA como presunto lavador de dinero del crimen organizado. Luego de ser titular de Desarrollo Social y de Educación en Tamaulipas, en 2003 fue diputado federal, cargo que dejó en 2004 para irse de presidente municipal a Matamoros.

El 22 de agosto de 2012, el diario Reforma publicó que en las averiguaciones que se siguen contra el exgobernador Yarrington por parte de la DEA existe información de que dicho grupo criminal financió la campaña de varios presidentes municipales (Proceso 1856).

Y un exagente que ha estado trabajando con autoridades estadunidenses y de la PGR, conocido como Óscar en calidad de testigo protegido, reveló que hubo financiamiento de ese cártel para la campaña de Baltazar Hinojosa Ochoa cuando ganó la presidencia municipal de Matamoros.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, Óscar dijo que El Coss entregaba dinero al exgobernador Yarrington y a Baltazar Hinojosa Ochoa.

Este último rechazó dicha información en un comunicado, y sostuvo: “Mi trayectoria profesional, así como mis lazos familiares y personales, están limpios y a la vista de todos. Me he conducido siempre con apego a la ley”.

En el caso de Yarrigton, el PRI se deslindó de los hechos que se le imputan y se le retiraron sus derechos de militante, pero Baltazar Hinojosa recibió protección.

Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto, se desmarcó del exgobernador tamaulipeco: “No vamos a defender a alguien que está en esta inexplicable situación. Le pedimos al señor Yarrington que comparezca ante la justicia y que aclare lo que tenga que aclarar (…) nos deslindamos de una conducta delincuencial como la que se le acusa al señor Yarrington”, expresó.

Mejor suerte ha corrido Hinojosa Ochoa, a quien apenas iniciado su sexenio el presidente Peña Nieto nombró director de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo Agropecuarios (Aserca), hasta que este año asumió primero su candidatura y después su nuevo cargo partidista.

E inclusive en Tamaulipas ya ven a Baltazar Hinojosa con un claro perfil para ser candidato a gobernador apoyado por Peña Nieto. Sin embargo, no a pocos preocupan las sospechas de que tiene relaciones con el Cártel del Golfo, al igual que los abusos de poder y violaciones a los derechos humanos que se le han atribuido.

Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) emitió una recomendación hace seis años en contra de Baltazar Hinojosa y otros funcionarios por abuso de autoridad contra la defensora de los derechos humanos Luz María González Armenta.

Pese a que los hechos se registraron en 2007, no fue sino hasta dos años después cuando se emitió una recomendación de la Codhet contra el ayuntamiento que encabezaba Baltazar Hinojosa Ochoa. El 18 de agosto de 2009 la recomendación bajo el expediente 055/2008-M le solicitaba girar instrucciones para iniciar el trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de David Ramírez de la Rosa, Moisés Araujo Olmos, Marcelino Padrón Benavides y policías municipales, por la detención de Luz María González Armenta y María Isabel Sánchez Martínez, colaboradora de la organización civil “Emiliano Zapata”.

La defensora de derechos humanos fue agredida el 30 de marzo de 2007 cuando formaba parte de una protesta frente a la alcaldía de Matamoros por la desaparición de una persona. Fue desalojada de manera prepotente junto con su colaboradora. Ambas terminaron detenidas por la Policía Municipal.

Hinojosa Ochoa ha estado involucrado en otros escándalos. Cuando en el 2000 fue secretario de Educación, denostó a las adolescentes embarazadas desde el nivel de secundaria. Según los registros periodísticos de la época, ordenó correr a las menores de edad, pero cuando muchas de ellas acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del estado, respondió: “¡Ah qué pinches viejas, están hasta el tronco y todavía quieren ir a la escuela con la pinche panzota!”.

Ha sido igualmente impugnado por su origen texano. En 2004 el PAN objetó su registro como candidato para la alcaldía por su registro de nacimiento en Brownsville, Texas, antes del correspondiente en Tamaulipas.

Baltazar Hinojosa tenía un acta de nacimiento en Brownsville con fecha del 19 de septiembre de 1963, y otra de Matamoros, con registro extemporáneo, de siete años y ocho meses después. Aunque la denuncia llegó hasta el Congreso del estado, al final el priista fungió como presidente municipal de Matamoros de 2005 a 2007.

Ya en ese cargo, Baltazar Hinojosa presumía como su máxima obra pública el Relleno Regional Sanitario, construido en un afluente del arroyo del Tigre. La obra fue abandonada y provocó saturación e incendios.

Otro expediente negro

A su vez, el nuevo secretario de Acción Electoral del PRI, Arturo Zamora Jiménez, tiene una historia política salpicada de investigaciones judiciales acusado de fraude, violaciones de derechos humanos y encubrimiento.

Fue coordinador general de Distrito durante la campaña política de Francisco Labastida en el año 2000, subprocurador de Justicia de Jalisco, presidente municipal de Zapopan y candidato del PRI a gobernador en 2006. Está considerado como gente cercana al actual gobernador Aristóteles Sandoval.

En contra de Arturo Zamora la PGR ha abierto investigaciones por fraude y robo contra el IMSS, a raíz de que el PAN lo denunció en 2006 por hechos ocurridos una década antes, cuando a través de su notaría obtuvo casas en Valle Real, una de las zonas con mayor plusvalía de la zona metropolitana de Guadalajara.

En Jalisco era conocido por usar como transporte personal un helicóptero cuando era alcalde de Zapopan, así como por los gastos onerosos en la carrera para la candidatura al gobierno del estado, cuando gastó 4 millones 600 mil pesos sólo en sondeos para evaluar su imagen.

El escándalo de encubrimiento se registró en la CNDH, que emitió la recomendación 019/1995 haciéndolo responsable de proteger a sus familiares dentro de una averiguación previa desarrollada durante su gestión como subprocurador.

En su recomendación, la CNDH asienta que los quejosos “señalaron que cuando fue subprocurador de Justicia del Estado de Jalisco el licenciado Arturo Zamora Jiménez protegió a familiares de él, quienes formaron una supuesta sociedad civil denominada ‘Nueva Aurora’, mediante la cual vendieron los lotes en que se dividió la parcela de los quejosos. Por tal motivo los denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado, recayéndoles las averiguaciones previas antes señaladas, pero dichos parientes siempre contaron con el apoyo del mencionado funcionario público estatal”.

Otro caso en el que se involucra al nuevo funcionario de la dirigencia nacional del PRI es el asesinato del abogado Mario Manuel Sánchez Paniagua el 13 de septiembre de 2004, en su Mercedes-Benz, mientras era acompañado por un exagente del Ministerio Público y un policía municipal de Zapopan.

De acuerdo con una publicación del diario Reforma, la DEA elaboró un reporte según el cual se trató de un mensaje en contra de Zamora, quien estaba acusado de haber formado un grupo especial de policías para proteger a narcotraficantes. En respuesta, Zamora mostró en conferencia de prensa un documento de la PGR delegación Jalisco fechado el 29 de mayo de 2006, donde se indicaba que no había una investigación en su contra.

Pero ya durante la administración del gobernador Enrique Álvarez del Castillo, Zamora se había salvado de un intento de asesinato cuando, siendo subsecretario de Seguridad Pública, fue tiroteado por varios pistoleros.

La publicación en el diario Reforma del documento de la DEA le costó a Zamora la campaña para la gubernatura en 2006, aunque estaba al frente de las encuestas.

Más aún, el 31 de mayo de 2006, el líder del Partido Acción Nacional, Manuel Espino, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del candidato Arturo Zamora.

El “expediente negro” que mostró el panista de Zamora retomaba los casos de encubrimiento y acusación de fraude por mil millones de pesos cometido contra el IMSS en 1996. Espino dijo en aquella ocasión que el candidato del PRI tenía vínculos con el presunto narcotraficante José Gil Caro Quintero, quien al ser detenido declaró que pagaba por protección en Zapopan cuando Zamora era presidente municipal.

A pesar de las trayectorias de Arturo Zamora y de Baltazar Hinojosa, el día de la toma de protesta como secretarios de Acción Electoral y de Organización, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, manifestó: “El partido está avanzando, con paso firme, hacia el triunfo electoral, y con su incorporación se fortalecen nuestras expectativas. Son ustedes políticos eficaces, que han sabido dar los mejores resultados en cada una de las responsabilidades que han asumido”.

Comentarios

Load More

Informate en la revista digital de Proceso