Décadas de impunidad y complicidades dejaron el estado de Guerrero a merced de la delincuencia organizada. Regiones como la Montaña baja, donde está Chilapa, padecen el terror de las bandas del narcotráfico y nadie se salva, ni funcionarios ni políticos que no se alinean. Ese parece ser el mensaje que la banda de Los Ardillos envió al asesinar a Ulises Fabián Quiroz, un joven priista que pretendía ser alcalde.

CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- Autoridades federales señalan que la ejecución del candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa de Álvarez, Ulises Fabián Quiroz, fue consecuencia del nivel de impunidad, corrupción y violencia en la parte de la región Centro conocida como La Montaña baja, donde se ha recrudecido la disputa entre las bandas criminales Los Rojos y Los Ardillos por el control de las áreas de producción y transporte de heroína y mariguana.

Indican que Los Rojos tienen como líder a Zenén Nava Sánchez El Chaparro, y su bastión está en la cabecera de Chilapa y el municipio indígena de Zitlala, mientras que Los Ardillos son dirigidos por los hermanos del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, y están afincados en los municipios de Quechultenango y Mochitlán.

A pesar de que a finales del año pasado el Ejército y la División de Gendarmería asumieron el control de la seguridad en Chilapa, ante la incapacidad y presuntos nexos de las autoridades locales con el narco, son frecuentes las balaceras en pleno día, igual que los secuestros, extorsiones y asesinatos.

El 9 de marzo, Aidé Nava González, quien se perfilaba como candidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, fue privada de su libertad por un grupo de sujetos armados. Al siguiente día la decapitaron y sobre su cuerpo dejaron un mensaje contra los políticos que “no se quieren alinear”. Meses antes, el 28 de junio de 2014, habían matado en una emboscada a su esposo Francisco Quiñónez Ramírez, quien fue alcalde perredista de Ahuacuotzingo en el periodo 2009-2012.

El 11 de octubre de 2012 el hijo de la pareja, Francisco Quiñónez Nava, fue secuestrado. Sus padres pagaron 500 mil pesos a cambio de su liberación pero los captores incumplieron el trato; hasta el momento el joven permanece en calidad de desaparecido.

Aunque políticos de todos los partidos han condenado los crímenes, las autoridades de los tres niveles no han erradicado a las bandas de la zona...

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2010 de la revista Proceso, actualmente en circulación.