VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, arremetió contra las anteriores administraciones priistas que arruinaron y “saquearon” el erario y ahora cuestionan la supuesta falta de transparencia en el manejo del presupuesto y la instalación de 600 cámaras de vigilancia para inhibir la delincuencia. En un posicionamiento de diez puntos, el funcionario respondió al dirigente estatal del PRI, Erubiel Alonso, que fustigó el programa “Ciudadano Vigilante”, el cual se instrumentará en los 17 municipios de la entidad, y el destino del presupuesto de 130 mil millones de pesos aprobado al gobierno perredista de Arturo Núñez en tres años. Ojeda Zubieta consideró como “mezquina y convenenciera” la postura del dirigente priista por poner a debate el alcance de las acciones de protección y seguridad pública a través de las cámaras de vigilancia. El funcionario explicó que la adquisición de las 600 cámaras se sujetó al marco jurídico estatal de adjudicación directa para reducir tiempos y garantiza la confidencialidad en la provisión y operación de este sistema. También dijo que si se hubiese convocado a licitación pública, se tendrían que publicar las especificaciones de seguridad del equipo, situación que podría convertirse “en una ventana de vulnerabilidad en contra de la seguridad pública”. Sobre el supuesto desconocimiento del destino de los 130 mil millones de pesos, Ojeda Zubieta recordó al líder priista que como diputado local en funciones no sólo ha tenido toda la información, sino que además la fracción de su partido ha aprobado las partidas presupuestarias. El manejo de recursos, abundó, también está contenido en los dos últimos informes del gobernador Arturo Núñez, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas “impensable en las administraciones pasadas”. Enseguida tachó de “falaz” el discurso priista para juzgar a la actual administración, pues olvidan “que en un solo año su último gobernante (Andrés Granier Melo) dispuso en efectivo de más de 12 mil millones de pesos” y, además, contrató en condiciones desventajosas cerca de 5 mil 130 millones en deuda pública, “dejando en condiciones de quiebra las finanzas públicas locales, y sin pagos, por más de 2 mil 320 millones, a cientos de proveedores y empresarios”. Ojeda Zubieta destacó que “tenemos la absoluta certeza de que la hacienda pública estatal fue saqueada y convertida en botín de gobernantes extravagantes que despilfarraban recursos públicos y que pretendieron comprar impunidad, dando privilegios a los que hoy reclaman y que entonces callaron ante la evidente corrupción generalizada”. El secretario de Gobierno agregó que han quedado registrados en averiguaciones previas y juzgados penales los casos de los exsecretarios de Finanzas, José Manuel Saiz; de Educación, Beatriz Luque Green; de Salud, Luis Felipe Graham, y de Obras Públicas, Héctor López Peralta, “quienes incrementaron su riqueza patrimonial”. En otros casos de implicados en el saqueo, abundó, “montaron negocios, comercializadoras y constructoras al amparo del poder”, y unos más “entregaron contratos, rentas y concesiones a sus familiares y amigos”. A tal grado ascendió la descomposición de la moral política en el pasado reciente, agregó, “que ante el desfalco perpetrado el erario no se pudo sostener el funcionamiento de servicios básicos, lo que llevó al colapso a los hospitales públicos” a finales de 2012, último año del sexenio granierista. Asimismo, recordó que tampoco escapan a la memoria los hechos de corrupción e impunidad en los que la hacienda pública “fue saqueada para sostener proyectos presidenciales fallidos”, en alusión al exgobernador priista Roberto Madrazo. Ni tampoco el tráfico de influencias y nepotismo en los que incurrió el exgobernador Manuel Andrade, cuando entregó patentes notariales a hermanos, primos y amigos, algo “que fue escándalo nacional cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desautorizó y dejó sin efectos el funcionamiento de numerosas notarías”. César Raúl Ojeda cuestionó que ahora los priistas quieran “enterrar” hechos delictivos en el funcionamiento de los cuerpos policiales y de altos mandos de procuración de justicia. El funcionario mencionó que en 2007 un comando de sicarios vinculados a Juan Cano, titular de Seguridad Pública con Manuel Andrade, recluido en un penal de alta seguridad en Jalisco, atentó en contra de su sucesor en el cargo, el general Francisco Fernández Solís, quien milagrosamente salvó la vida. Incluso resaltó que durante el gobierno de Manuel Andrade la Secretaría de Seguridad Pública “fue operada conforme a los intereses de una facción denominada ‘La Hermandad’, que dominaba la institución por encima de los canales de legalidad y autoridad, y con plena complacencia del gobernante en turno”. Raúl Ojeda resumió que son flagrantes las incoherencias en que incurren los que hoy se erigen en defensores de la transparencia, “cuando antes no fueron capaces de castigar la corrupción de los gobernantes anteriores, cuya frivolidad y extravagancias los llevaron a atentar en contra del futuro sostenible de los tabasqueños”.