MÉXICO, D.F., (apro).- En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, por unanimidad, que el Instituto Universitario Verdad y Ciencia (IUVC), escuela privada del Estado de México, pague 500 mil pesos como indemnización a un menor de edad por los daños ocasionados al ser víctima de bullying. La decisión representa la primera vez que el máximo tribunal del país considera que se debe pagar el daño moral ocasionado a una víctima de acoso escolar y sienta jurisprudencia para futuros casos de un fenómeno que ha ido creciendo en las escuelas del país. Este viernes, los ministros de la Primera Sala votaron en favor de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien planteó que el Instituto, con sede en el municipio de Metepec, repare los gastos ocasionados desde 2010 por el acoso escolar contra el menor de siete años de edad, mientras cursaba el segundo año de primaria. Según la sentencia, el niño fue víctima de maltrato físico y sicológico por parte de la maestra de su grupo --María Popoca Vázquez-- quien, además, incitaba a los compañeros del menor a discriminarlo y maltratarlo. El niño presentaba trastorno de déficit de atención con hiperactividad. También determinó que la directiva del plantel actuó de manera negligente al no tomar ninguna medida para vigilar y combatir el hostigamiento para proteger a los menores bajo su cuidado. En la sesión de este viernes, los ministros acordaron otorgar el amparo de la justicia federal a Alicia González Hernández, madre de la víctima, quien promovió la demanda por la vía civil desde 2011. Un juez de primera instancia resolvió no condenar a los demandados, razón por la que la mujer promovió un amparo que fue atraído para su resolución por la Primera Sala. La reparación del daño, de acuerdo con los ministros, contempla el pago de 500 mil pesos, cantidad estimada del gasto que la familia del menor hizo, tanto en colegiatura como en atención sicológica y jurídica, así como todas las acciones que hicieron para atender a su hijo. Durante la sesión, el ministro Arturo Zaldívar aclaró: “Más que una advertencia es una invitación para que (las escuelas públicas y privadas) entiendan que este fenómeno no puede seguir siendo tolerado y en caso de que no se tomen las medidas por las instituciones y escuelas, que sepan que puede haber una responsabilidad y una consecuencia”. La Primera Sala determinó que el bullying, además de violar los derechos del niño a la dignidad, integridad y educación, también puede constituir un tipo de discriminación, como sucedió en el caso del menor amparado. También hizo énfasis en la necesidad de que las escuelas públicas y privadas cuenten con deberes claros y definidos para quienes tienen bajo su cuidado a menores de edad. De esta manera, estableció recomendaciones específicas para el Estado, para que identifique, prevenga y combata el bullying a nivel nacional.