Desfachatez electoral

La manipulación de las autoridades electorales por parte del gobierno actual es una de las formas más nocivas de corromper los procesos comiciales, propia de regímenes autoritarios que supuestamente han transitado a la democracia. Se trata de una estrategia diseñada por las llamadas autocracias electorales con el fin de distorsionar el resultado de los comicios vulnerando la imparcialidad, independencia y transparencia que debe normar a dichas instituciones. En una rigurosa investigación acerca de la corrupción electoral en el mundo, Sarah Birch identifica sin ambages el origen de esta manipulación: “Las violaciones a la imparcialidad de una o más de las instituciones electorales revelan claramente el control o la presión proveniente del gobierno en turno”. (Electoral Malpractice, Oxford University Press, 2011, p. 45.) Eso es lo que parece estar ocurriendo en México.

El 6 de mayo pasado, la Sala Superior del Tribunal aprobó por unanimidad una propuesta del magistrado Flavio Galván donde se establece que los incumplimientos de medidas cautelares deben ser resueltos por el TEPJF, no por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Reforma, 7 mayo de 2015). Así pretenden anular las facultades sancionadoras del INE, algo contrario a la Constitución y a la ley electoral vigente, en la que se hace una distinción un tanto confusa entre el “Procedimiento Especial Sancionador” y el “Procedimiento Ordinario Sancionador”. En el primer caso, el tribunal es el que mantiene la facultad sancionadora; en el segundo, el instituto puede sancionar de manera directa.

Esta última atribución ha sido ejercida por el INE al aplicar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) multas que suman 522.5 millones de pesos. En contraste, el TEPJF revocó a ese negocio disfrazado de partido una multa por 2.9 millones, así como la decisión del INE de que las multas se hicieran efectivas de inmediato. Basado en ello, al analista Jorge Alcocer calificó a la máxima autoridad jurisdiccional en la materia como “tribunal verde” (Reforma, 8 de mayo de 2014).

Lo más relevante es que el TEPJF intentó anular las facultades sancionadoras del instituto al enterarse de que el Consejo General del INE iba a discutir y aprobar una sanción contra el PVEM que realmente afectaría la intención de voto a favor de esa franquicia partidaria: cancelar la propaganda del Tucán en todos los medios de comunicación durante el resto de la campaña. Tal medida, que hasta el momento no ha sido adoptada por el INE, seguramente también cancelaría la posibilidad de que el PRI obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados. He ahí el fondo del asunto.

El apoyo del tribunal al PVEM revela una intrincada maniobra –presumiblemente elaborada desde la Presidencia de la República– para asegurar que el PRI consiga la mayoría en la Cámara de Diputados en alianza con el Verde durante los comicios de junio. Se trata de reforzar el poder de Enrique Peña Nieto y su partido en el Congreso para restaurar un presidencialismo similar al existente antes de 1997, con miras a las elecciones de 2018. En las actuales circunstancias, la recuperación del control en la Cámara de Diputados sólo es posible con la ayuda del Partido Verde, lo cual explica los amplios apoyos que ha recibido, avalados por Los Pinos: financiero (provenga de donde provenga), mediático (Televisa y TV Azteca) y jurisdiccional (TEPJF). La campaña multimillonaria que viola la ley de manera flagrante, reiterada y cínica es la parte visible de una estrategia gubernamental que incluye el propósito de manipular a la autoridad electoral, tanto administrativa (INE) como jurisdiccional (TEPJF).

En un principio, el INE dudó en sancionar al PVEM, intimidado ante el poder del presidente, su partido y las televisoras. La presión de un sector importante de la opinión pública en demanda de la cancelación del registro a la franquicia verde indujo a los consejeros electorales a aplicarle multas que –a pesar de su monto, sólo comparable al del Pemexgate y Amigos de Fox– no parecían afectar al cinismo de ese negocio partidista, ni a la estrategia comandada por el Gran Jefe. Lo que sí habría derrumbado la maniobra gubernamental hubiera sido la cancelación del registro del Partido Verde, que fue frenada radicalmente en el INE por la tríada Peña-PRI-Duopolio Televisivo, así como la cancelación de los anuncios en radio y televisión del engendro esmeralda por lo que resta de la campaña.

La politóloga británica Sarah Birch resume en cinco puntos las consecuencias que suele tener la corrupción electoral: “a) Reduce la calidad de la representación política; b) afecta la evaluación de la calidad de la democracia y corroe la legitimidad del régimen; c) conduce a otras formas de corrupción; d) produce diversos costos directos e indirectos para el Estado y la sociedad en su conjunto; e) bajo determinadas circunstancias, puede conducir a la violencia e incluso a la guerra civil”. (ibid., p. 3.) Los cuatro primeros son efectos conocidos de la baja calidad de las elecciones y la democracia mexicanas; el quinto es un riesgo latente –dentro de un ambiente de narcoviolencia e inseguridad crecientes– que los protagonistas y beneficiarios de la corrupción electoral del país debieran tomar en serio para evitar a toda costa que se haga realidad.

La realización de elecciones es una condición necesaria pero no suficiente de la democracia. Más aún, no está claro si los comicios en las autocracias electorales promueven el advenimiento de la democracia o, por el contrario, refuerzan el gobierno autoritario. Ello depende de la probidad electoral, cualidad ausente o muy escasa en los partidos políticos, el gobierno, el duopolio televisivo y, como lo vemos ahora, en las autoridades electorales. Que el 50% de los ciudadanos no confíe en la limpieza de los procesos comiciales no es gratuito, pero sí altamente preocupante. Por algo el INE intentó ocultar los resultados de la encuesta que ellos mismos encargaron, publicados el 27 de abril en el diario Reforma. De entonces a la fecha la situación se ha agravado.

El respaldo del TEPJF al PVEM nuevamente ha puesto en duda la imparcialidad, honradez e independencia de los magistrados que conforman la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Ello cancela la equidad y certeza del proceso comicial en curso, y corroe la legitimidad de la vapuleada democracia mexicana, además de poner en riesgo la gobernabilidad del país. Si, como parece, el gobierno, su partido y los patrocinadores de la telebancada son capaces de intimidar o cooptar al tribunal y al instituto electorales, la aparentemente sólida institucionalidad democrática del país estaría en peligro de colapsarse.

Ya que no se atrevieron a cancelar el registro al Partido Verde, como procedía jurídicamente, lo único que podría frenar esa descarada corrupción electoral sería suprimir toda la publicidad de dicha franquicia en todos los medios durante lo que resta de la campaña. Es improbable que el INE sea capaz de hacerlo, porque ello supondría enfrentarse al TEPJF y a quienes lo han sometido. Si, como es previsible, triunfa nuevamente la impunidad sobre la integridad electoral, avanzará la restauración del autoritarismo, crecerá la indignación ciudadana y el país tendrá que enfrentar las indeseables consecuencias que pudiera producir la desfachatez reinante.  

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