MEXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar la integridad de los líderes de la tribu yaqui opositores a la construcción del acueducto Independencia, impulsado por el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el lunes 18 la CIDH emitió medidas cautelares a favor de tres líderes indígenas al considerar que el caso “reúne los requisitos de gravedad e irreparabilidad” para solicitar al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes de la tribu yaqui”. Desde 2010, los yaquis han emprendido una intensa batalla legal contra la construcción y operación del acueducto Independencia, ya que implica el trasvase de las aguas del río Yaqui para ser llevadas a Hermosillo. Desde 1940, a través de un acuerdo de paz, el gobierno de Lázaro Cárdenas reconoció el territorio, gobierno y leyes internas de la tribu yaqui que incluyen el derecho a la explotación anual de mil 250 millones de metros cúbicos de agua de ese río. El CEMDA informó en un comunicado que el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) instruyó al gobierno de Peña Nieto a que garantice que los integrantes de la tribu yaqui “puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos para el ejercicio de sus funciones”. Al señalar que las medidas cautelares son extensivas para los abogados de los dirigentes indígenas y que tendrán que definirse en concordancia con ellos, la CIDH solicitó al gobierno federal que informe “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados”, es decir, las irregularidades en la construcción y operación del acueducto Independencia, reportes que tendrán que ser enviados periódicamente al organismo. El CEMDA recordó que en diciembre de 2013 solicitó las medidas cautelares a la CIDH a fin de que demandara al Estado mexicano que garantizara “la vida e integridad personal, la salud y la integridad cultural y territorial” de las comunidades yaquis de Vicam, Cócorit, Belem, Bácum y Potam, todas ubicadas en Sonora. Desde julio del año pasado, la CIDH solicitó al gobierno de Peña Nieto información sobre los riesgos en que se encuentra la tribu yaqui ante la operación del acueducto Independencia, así como las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 631/2012 que declara la ilegalidad de la obra, decreta la suspensión y la realización de una consulta previa, libre e informada. Al otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH se agrega un nuevo triunfo jurídico del grupo indígena, que el martes 12 obtuvo un amparo por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sonora por el que se confirma la ilegalidad del otorgamiento de los títulos de asignación emitidos por la Conagua a favor del gobierno de Padrés Elías. Sobre las medidas cautelares, el CEMDA recordó que después de la sentencia de la SCJN, emitida el 8 de mayo de 2013, “se han incrementado las acciones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Sonora en contra de los defensores de la tribu”. Entre las medidas para acallar el movimiento indígena, destacó la organización, resalta la detención de los líderes Mario Luna y Fernando Gutiérrez el 11 de septiembre pasado, quienes fueron “acusados de delitos que no cometieron”. Para Tomás Rojo, vocero de la tribu yaqui, “la resolución de la CIDH constituye una victoria fundamental (…) pues es el reconocimiento internacional por parte de una institución emblemática en la defensa de los derechos humanos” que legitima su lucha por el acceso al agua, y es un reconocimiento de que la vida e integridad de los dirigentes “se encuentran amenazadas por la persecución que ha emprendido y permitido” contra ellos el Estado mexicano. Rojo acusó a los gobiernos de Padrés y Peña Nieto por perseguir a los líderes indígenas, el primero, y el segundo por “seguir permitiendo la operación ilegal del acueducto”, contrario a la sentencia de la Corte.