MEXICO, DF, (apro).- Durante dos días, miércoles y jueves pasados, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de cateo a las obras desarrolladas en el predio “El Tucán”, localizado en el municipio quintanarroense de Benito Juárez, proyecto que fue clausurado en enero por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Profepa clausuró la obra el pasado mes de enero por la probable comisión de hechos constitutivos de delitos en materia de biodiversidad, como tala y desmonte, que afectaron ecosistemas que sufrieron desequilibrio e impacto ambiental. En un comunicado, la PGR señala que a criterio de la Profepa los responsables del Proyecto Comercial Dragon Mart Cancún “infringieron la normatividad administrativa ambiental vigente e incurrieron en la posible comisión de delitos previstos en el título vigésimo quinto del Código Penal federal”. El cateo, abundó la dependencia, forma parte de las diligencias del Ministerio Público federal especializado luego de la denuncia presentada por la Profepa ante la probable comisión de hechos constitutivos de delitos en materia ambiental. En la acción participaron servidores públicos de ambas dependencias federales y tuvo como objetivo “recabar mayores datos de campo que ayuden a la emisión del dictamen pericial correspondiente y la determinación del daño e impacto ocasionados al ambiente, en virtud de los trabajos realizados por la empresa responsable del proyecto”. En esas acciones realizadas en el predio “El Tucán” intervinieron peritos en fotografía, criminalística, ingeniería y arquitectura, habilitados en materia forestal e impacto ambiental de la PGR. Además, estuvieron presentes peritos de la Profepa, quienes recabaron indicios que permitan establecer con precisión la superficie afectada por la tala o desmonte, los ecosistemas que sufrieron desequilibrio y los impactos ambientales ocasionados por ese megaproyecto comercial. Asimismo, intervinieron elementos de la PF y Policía Federal Ministerial. El senador Daniel Ávila, que junto con la representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alejandra Serrano, presentó la denuncia que llevó a la Profepa a clausurar el predio, indicó que la principal acusación contra los promotores del Dragon Mart es el daño forestal al predio "El Tucán". “Ya se llevaron a cabo las acciones administrativas, que van desde las multas, que alcanzan los 20 millones de pesos, hasta la clausura, que por cierto aún no es definitiva”, aclaró. El legislador indicó que, partir de la denuncia ante la Profepa, esta dependencia inició la demanda en materia ambiental por daño forestal en el predio “El Tucán”. Ávila consideró como “algo positivo” que la Profepa no diera “carpetazo” al tema penal y, en cambio, presentó a su vez una denuncia ante la PGR, que ahora está en etapa de la integración de la averiguación previa. No obstante, pidió que no sólo se proceda contra los “dueños originales” del predio, sino que se actué contra los promotores del Dragon Mart y las autoridades que ilegalmente dieron los permisos. (Con información de Sergio Caballero)