Villa Purificación, Ecuandureo, Apatzingán… Catalogadas por el gobierno federal y los estatales como “enfrentamientos” con el crimen organizado, masacres como las recientemente perpetradas en esas localidades de Jalisco y Michoacán guardan similitudes: ocultamiento o distorsión informativa por parte de las fuerzas o autoridades implicadas, excesos cada vez más graves en el uso de la fuerza –tipificables incluso como delitos de lesa humanidad– e impunidad sistemática. En lo que respecta a Villa Purificación, Jalisco, una investigación de Proceso ubica la cifra extraoficial de muertos civiles en 43, el doble de los reportados de manera oficial. Y en todos los casos, la duda es la misma: ¿se trató de enfrentamientos o de ejecuciones?... VILLA PURIFICACIÓN, Jal. (Proceso).- En esta población el mes de mayo se llevó la quietud. Hoy, tropas militares sobrevuelan la zona y patrullan calles, carreteras y brechas; también plantan retenes. Los uniformados de la Fuerza Única Rural (FUR) sustituyeron a los municipales, quienes fueron detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico y liberados en masa una semana después. Molestos por la prepotencia de los soldados y agentes de la FUR, los comerciantes cierran las puertas de negocios y sus casas. Un helicóptero de la Procuraduría General de la República (PGR) maniobra en el aire y desciende para recoger a un presunto detenido, herido u occiso. Luego vuelve elevarse… Los habitantes de este pueblo, plantado casi en el paraíso hace cinco siglos, viven en la zozobra, temen enfrentamientos similares al del viernes 1, cuando sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tumbaron el helicóptero Cougar EC725 al Ejército. Veinte días después de ese encontronazo, en la contraesquina del Palacio Municipal, a la sombra del escaso arbolado de la plaza principal, a un costado de la parroquia, se concentra una decena de personas. Son familiares de los muertos y desaparecidos desde aquel viernes 1. Algunos vienen de municipios jaliscienses alejados; otros son de entidades vecinas. Tardaron días en llegar. Y luego, tras horas de infructuosa espera, decidieron regresarse, pues ninguna autoridad les dio razón sobre los 43 cuerpos que los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se llevaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de Guadalajara. Estarán pendientes de los resultados del juicio de amparo (el número 666/2015) interpuesto por su abogado, Javier Díaz, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal para proceder a la identificación de los cadáveres, dicen. Sin embargo, el instituto asegura que sólo podrá hacerlo si la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo autoriza. Por el momento ni siquiera puede entregar los resultados de las pruebas del ADN para saber sus nombres. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)