Nuevo León La corrupción ahoga a Rodrigo Medina

Numerosas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito acorralan al gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina e incriminan también a su padre, hermanos y colaboradores. Desvío de recursos y adquisición de costosas propiedades en México y el extranjero son los principales señalamientos. Y la única respuesta del mandatario estatal es que aclarará todo, pero después de las elecciones del próximo 7 de junio.

MONTERREY, NL.- El gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, enfrenta acusaciones públicas de enriquecimiento ilícito y corrupción, delitos presuntamente cometidos en contubernio con su padre, Humberto Medina Ainslie. Tras haberle permitido a sus colaboradores numerosos actos de deshonestidad, el mandatario estatal parece haber caído en desgracia en el último año de su gestión.

Se descubrió recientemente que compró una casa cuyo valor supera la suma de sus ingresos como gobernador. A su padre, sus hermanos y a Adrián de la Garza –exprocurador estatal y actual candidato a la alcaldía regiomontana– se les acusa de engañar a ejidatarios para adquirir terrenos de manera ilícita, haciendo uso de información privilegiada.

Un proyecto de acusación penal elaborado por el departamento jurídico del aspirante panista a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú, estima que la familia Medina ha adquirido bienes inmuebles en México y el extranjero por 500 millones de pesos, cantidad, dicen, inaccesible para ellos, si se toman en cuenta sus ingresos.

Los problemas se agravaron para el mandatario y su familia cuando el candidato a gobernador Fernando Elizondo Barragán (por Movimiento Ciudadano), declinó en favor del independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pues ambos están de acuerdo en que es necesario investigar la riqueza de los Medina. El segundo afirma que si hay pruebas, los meterá a la cárcel.

Y frente a la andanada de acusaciones Medina guarda silencio, según él por respeto a la veda electoral.

Protección a su equipo

Lejos quedó la imagen de aquel jovencito de 36 años y copete travieso que tomó posesión del cargo de gobernador de Nuevo León el 4 de octubre de 2009. Ya no se ve jovial. Pronto comenzaron a acumularse señalamientos de corrupción de sus colaboradores. Con desdén desestimaba las acusaciones con su frase favorita: “Se investigará a fondo”. Lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones ha sido omiso.

Algunos casos: en la construcción de la Torre Administrativa se invirtió más dinero del programado; hubo una denuncia periodística por la ordeña de taquillas del Metro; se detectó un faltante de más de 300 mil juegos de placas del Instituto de Control Vehicular, y el acueducto Monterrey VI tiene datos dolosamente falsos en su proyección.

Medina protegió a sus colaboradores. Adrián de la Garza Santos, quien fue procurador estatal y conoció a fondo los ilícitos cometidos en la entidad, le deberá su carrera política, pues de él recibió la candidatura del PRI para la alcaldía capitalina.

No fue el único caso. Al arrancar el proceso electoral, el gobernador desmanteló la administración estatal para colocar a sus exfuncionarios en candidaturas a diputaciones y presidencias municipales.

Pero el feliz Rodrigo Medina, quien preparaba un cierre dorado de su sexenio, se encontró de pronto en medio de una andanada de acusaciones de corrupción, junto con su padre y sus hermanos. Durante todo el sexenio se había mencionado que Medina Ainslie era el enlace entre las constructoras favoritas y la administración de su hijo. Toda la obra pública en el estado pasaba por su aprobación (Proceso 1983).

Medina Ainslie fue procurador de Justicia de Coahuila en los noventa. Luego se hizo consejero jurídico del gobernador nuevoleonés Natividad González Parás (2003-2009). Reportes de prensa señalan que fue defenestrado cuando la Procuraduría General de la República lo acusó de haber robado equipo médico de un patio aduanero.

Cobijado por González Parás y por su papá, Rodrigo Medina accedió a una diputación federal antes de ser designado secretario general de Gobierno, puesto desde el cual fue catapultado como candidato a gobernador de Nuevo León.

El despojo de Mina

Los señalamientos de corrupción que ahora ahogan a los Medina fueron detonados hace poco por una ejidataria del municipio de Mina, María de los Ángeles Padilla Cisneros.

El pasado 12 de abril, en una visita que el panista Felipe de Jesús Cantú hizo a este municipio, 50 kilómetros al norte de la capital, la mujer hizo una denuncia pública: Medina Ainslie y sus hijos Alejandro y Humberto engañaron a los ejidatarios para adquirir terrenos.

En la transacción estuvo implicado el actual candidato priista a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, diputado local con licencia y amigo de Rodrigo Medina.

Según el señalamiento de Padilla, en el ejido denominado Mina un empresario identificado como Héctor Martínez había adquirido en abril de 2014, por 40 millones de pesos, 2 mil 430 hectáreas, propiedad de 420 ejidatarios. Cada uno de los beneficiarios recibiría 131 mil. Les habían dado un adelanto y les prometieron mensualidades de 5 mil pesos.

La ejidataria explica en entrevista que quizás nunca se hubiera conocido el destino final de los terrenos si la presidenta del comisariado ejidal, María del Rosario Padilla Martínez, no hubiera entregado incompletos los sobres a los ejidatarios. Cada uno recibía unos 500 pesos menos que, dijo aquella, eran su comisión. La comisaria tiene como domicilio para recibir notificaciones un inmueble de Medina Ainslie, como descubrió la reportera Mirna Ramos, del diario El Norte.

Los propietarios se inconformaron y demandaron la documentación de la venta. Ahí encontraron que Héctor Martínez le había entregado los terrenos en venta a un grupo de personas entre las que aparecen Humberto Medina Ainslie, Alejandro Medina de la Cruz y Francisco Cienfuegos.

Para su sorpresa, los tres aparecían como “avecindados” en el ejido Mina, cuando, por lo que se sabe, ninguno de ellos ha vivido ahí. Además de los sobres rasurados, los ejidatarios encontraron que habían sido engañados para beneficiar a los allegados del gobernador.

Ignacio Elizondo es uno de los ejidatarios que se dice timado. En entrevista explica que en 2013, cuando Héctor Martínez compró las parcelas, 310 ejidatarios decidieron vender. Pero otros 106 ni siquiera fueron avisados y, aun así, les quitaron su propiedad.

De éstos 25 ya están muertos. Los demás decidieron pelear. Él, por ejemplo, no dio nunca su consentimiento para que adquirieran propiedades los Medina y Cienfuegos.

Por eso presentó con otros 54 afectados ante el Tribunal Agrario un juicio de nulidad de la asamblea del 23 de marzo de 2014. En ella los directivos del comisariado habían revocado un acuerdo tomado en una asamblea celebrada el 24 de junio de 2012.

En esa reunión, según la demanda, se habían repartido solares y terrenos del ejido. Algunos de los afectados, incluso, ya habían construido en ellos.

Del total de 436 ejidatarios, 416 tenían derechos de uso común. En el reparto, a cada uno le correspondían 23.5 hectáreas.

En la asamblea del 23 de marzo, señaló Elizondo, se redestinaron 2 mil 500 hectáreas de uso común a parcelas. Resultó evidente que en esa ocasión los compradores no buscaban trabajar las parcelas sino revenderlas.

Los asesores legales de Acción Nacional han respaldado a algunos de los quejosos. De acuerdo con el análisis de la profusa documentación que ha circulado sobre el caso, concluyen que los compradores, entre quienes están Medina Ainslie, sus hijos Alejandro David y Humberto Ricardo, aparecen como avecindados del ejido, aunque, según el artículo 13 de la Ley Agraria, deberían tener por lo menos un año para adquirir ese estatus de residencia. En esa misma asamblea se solicitó que se le diera la calidad agraria de avecindado a Francisco Cienfuegos, quien para entonces era diputado local del PRI.

En el reparcelamiento de predios, de las 2 mil 500 hectáreas, a Medina Ainslie le tocaron 26; a Humberto Ricardo Medina, 23; a Alejandro David Medina, 14, y a Cienfuegos Martínez, 51. En la estimación hecha por los analistas del PAN, cada metro cuadrado fue adquirido por menos de dos pesos.

En esa asamblea, como ni los Medina ni Cienfuegos vivieron un año para ser considerados vecinos, hubo falsedad de declaraciones ante el Registro Agrario Nacional, dicen.

Ignacio Elizondo considera que los Medina se aprovechan de su posición, toda vez que, por su cercanía con el gobernador, conocen los planes de desarrollo urbano en el área de los ejidos.

Desde 2008 ya había quejas en el Congreso Local contra los Medina. Vecinos de los poblados Las Ventanas, de Mina, y Mineral San Pedro y San Pablo, de Monterrey, pidieron que el Tribunal Superior Agrario investigara la presunta intromisión de funcionarios públicos en conflictos agrarios y fuera separado por conflicto de intereses el titular de la Sala 20 del Tribunal, Claudio Aníbal Vera. Los quejosos acusaron de tráfico de influencias a Medina Ainslie, entonces consejero de González Parás y quien, señalaron, había adquirido ilegalmente 751 hectáreas.

Acusaban a los Medina de tráfico de influencias, pues en ese tiempo Rodrigo era secretario general de Gobierno.

El expediente 5540/LXXI estuvo años congelado hasta que el diputado local Francisco Cienfuegos Martínez, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, lo reactivó sólo para desecharlo. Después el legislador se benefició con los predios del ejido Mina.

Riqueza inexplicable

Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, presentó el 19 de mayo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia contra Rodrigo Medina de la Cruz y su padre. Al mandatario lo acusó de enriquecimiento ilícito, y a Medina Ainslie de lavado de dinero.

A escala local, la batería de abogados del candidato panista a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, elaboró un proyecto de denuncia en el cual hacía una estimación de los bienes inmuebles en México y Estados Unidos –conocidos hasta ahora– del gobernador, su padre, sus hermanos y otros familiares.

Según este análisis, Rodrigo Medina posee un terreno de agostadero de 36 hectáreas en el municipio de General Terán, con valor de 3 millones de pesos (mdp); una casa, a nombre de su esposa Gretta Salinas Margáin, en el fraccionamiento Las Misiones de Santiago, de mil 238 metros cuadrados y 20 mdp. Medina Ainslie tiene siete propiedades en San Pedro Garza García, con un valor estimado de 300 mdp.

También posee, con su hijo Alejandro, dos fraccionamientos en San Antonio, Texas: uno de 200 hectáreas en un espacio conocido como Sundance Ranch, de 70 mdp. El otro en Clear Water Ranch, de 150 hectáreas y 90 mdp.

Alejandro, en solitario, tiene una residencia en The Dominion, en Bexar, Texas, por 11.5 mdp. Una más en Sundance Ranch, por 6.9 mdp. Y un condominio en la Isla del Padre, por 10 mdp.

A esto se suman los terrenos ejidales que Medina Ainslie y sus hijos Alejandro y Humberto tienen en Mina, valuados en cinco mdp.

Algunas de estas propiedades han sido conocidas por investigaciones publicadas en medios como Reforma y Reporte Índigo.

El análisis del PAN indica que todas estas propiedades fueron adquiridas en el tiempo en que Medina Ainslie y su hijo Rodrigo han sido funcionarios públicos y no se ha esclarecido la forma en que fueron pagadas ni el origen de los recursos para adquirirlas.

El mismo análisis señala que la adquisición, en algunos casos, no consiste únicamente en los terrenos, pues sobre ellos han sido construidos edificios cuyo arrendamiento genera ganancias cuyo fin es simular limpieza de recursos desde el punto de vista fiscal.

En este proyecto de denuncia se apunta que Rodrigo Medina ha sido funcionario público los pasados nueve años: diputado federal (2006- 2007), con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos; secretario general de Gobierno (2007-2009), ganando 130 mil pesos mensuales, y gobernador desde 2009, con un salario de 188 mil pesos mensuales. Medina Ainslie fue procurador de Coahuila (1993- 1997), con una remuneración mensual de 103 mil pesos. Como consejero jurídico de Nuevo León recibía 105 mil pesos al mes.

Para el equipo jurídico panista, los salarios juntos de estos funcionarios son insuficientes para pagar las propiedades que se les han descubierto.

El periódico El Norte denunció que para adquirir la casa de Las Misiones, Medina de la Cruz vendió otra que tenía en el barrio de Tampiquito, en San Pedro, de 5 mdp. El mandatario explicó en un comunicado que pudo adquirir la casa nueva gracias a los ahorros de 10 años de trabajo.

Carlos Arias, asesor legal de la campaña de Cantú, precisó que pese a la profusión de noticias sobre las propiedades de los Medina, en el Código Penal de Nuevo León no existen los delitos de tráfico de influencias ni acceso a información privilegiada.

Considera que la investigación debe basarse en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que prevé hasta 15 años de prisión a quien disponga de bienes de procedencia ilícita, lo que comúnmente se conoce como lavado de dinero, señaló Arias.

El lunes 18 el gobernador pagó desplegados a plana completa en la prensa local en los cuales precisó que aclarará todos los señalamientos… después de las elecciones.   

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