Una pacificación aparente

Los altos niveles de violencia e inseguridad en las favelas de Río de Janeiro obligaron a las autoridades a enviar cuerpos especiales de la policía, medida que debió ir acompañada de apoyos económicos, educativos y sociales para abatir la marginalidad. Sólo lo primero se cumplió. Ahora los habitantes de esos barrios cariocas enfrentan un doble temor: al empobrecimiento acelerado y a las agresiones policiacas que han dejado un alto número de jóvenes negros asesinados.

Río de Janeiro, Brasil.- “¡Déjame pasar! Van a tener que acostumbrarse a nuestra presencia. Los traficantes ya no los van a proteger”, le grita un airado policía a la mujer que le impide el paso en una pequeña calle de la favela Cantagalo, en esta ciudad. Los testigos, sentados a las puertas de sus casas o en el bar local, callan: no quieren hacer enojar más al uniformado, quien tiene su arma lista para disparar.

Y apenas éste se retira a bordo de su patrulla, se escuchan los comentarios:“¡Pinche policía, cómo nos trata!”, “nunca nos van a respetar”, “siempre nos van a ver como traficantes”.

Cantagalo es una de las favelas de Río que cuenta con una Unidad de Policía Pacificadora (UPP) desde 2011, tras un gran operativo para “retomar el territorio” que estuvo dominado por los narcotraficantes desde hacía al menos 30 años.

Pero esa recuperación territorial no se hizo ni se hace con “entendimiento y diálogo” entre la policía y los habitantes de las favelas, como lo prometió el secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame.

Aunque siempre se aseguró que el comandante de la UPP iba a tener canales de comunicación con la población, en realidad “la policía está jugando el mismo papel que tenía el traficante; es decir que se volvió el ‘dono do morro’ (‘el dueño de la favela’), sin que el resto de la sociedad pueda opinar”, dice a este semanario el sociólogo Ignacio Cano, experto en seguridad de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y autor de la única investigación sobre la pacificación: Os donos do morro.

Su estudio tuvo el mérito de entrevistar a los policías, además de a los habitantes de las favelas, para conocer su punto de vista sobre las UPP.

Así se pudieron corroborar las pésimas condiciones de trabajo para la mayoría de los uniformados, además del miedo que tienen todo el tiempo. Para ellos, todos los habitantes de las favelas son sospechosos de ser narcotraficantes o de tener vínculos con éstos, lo cual evidentemente no ayuda a tener “entendimiento y diálogo”.

“El pequeño tráfico”

El narcotráfico carioca no se parece a los de México o Colombia. Sólo en Sao Paulo el Primer Comando de la Capital podría tener semejanza con un cártel mexicano, por ser capaz de lavar dinero, corromper autoridades y traficar internacionalmente.

En Río el narcotráfico –controlado por tres grupos: El Comando Rojo, El Tercer Comando y Amigos de los Amigos– significa vender droga al menudeo y comprar armas, pero no va más allá de las mil 20 favelas que controlan los criminales.

“Muchas veces un traficante, dueño de una favela, nunca sale de ella. En 2002, cuando la policía de Río buscó al jefe del narcotráfico del Complejo de Alemao, por haber matado a un periodista de la cadena de televisión Globo, la gente se sorprendió al ver que vivía en una casa miserable”, comenta en entrevista Gaucho, exdelincuente quien pasó 20 años en la cárcel y ahora trabaja en una ONG que busca ayudar a los jóvenes a no caer en las garras del narcotráfico.

Sin embargo este “pequeño tráfico” tiene un impacto muy dañino para los habitantes de las favelas. Entre los tres grupos mencionados, las guerras por el territorio son constantes; cuando no se enfrentan entre sí, lo hacen con la policía.

Esas batallas provocan muertes de traficantes, de policías y por supuesto de civiles que perecen en el fuego cruzado. Por eso el gran beneficio de la implantación de las UPP fue la disminución en el número de muertos en las 38 favelas pacificadas.

En promedio, el número de muertos ha bajado 75% después de la implantación de las UPP, llegando a 100% en algunos casos. “Según nuestros cálculos, este programa nos permitió evitar la muerte de 8 mil 733 personas entre 2009 y 2014”, explica a Proceso Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía de la carioca Universidad Cándido Mendes.

Según datos del Fórum de Seguridad Brasileño (FSB) –centro de investigación que cada año publica las estadísticas de seguridad–, 53 mil 646 personas murieron violentamente en Brasil en 2013, una media de un muerto cada 10 minutos y que hace de éste uno de los países más violentos del mundo.

De ese número de fallecidos, 30 mil son jóvenes entre 15 y 29 años, y 77% de ellos son negros. Del lado de la policía hubo 2 mil 212 muertos en ese mismo año, una media de seis diarios.

El FSB hizo una comparación con la policía estadunidense, acusada –como en Brasil– de matar sobre todo a jóvenes negros. Entre 2009 y 2014 la policía brasileña mató a 11 mil 197 personas, equivalente al número de muertos por la policía estadunidense pero en 30 años.

En Río de Janeiro, 481 personas murieron a manos de la policía en 2013, lo que corresponde al mismo número que en Estados Unidos, pero aquí hay 16 millones de habitantes, contra los 300 de la Unión Americana.

Las muertes a manos de la policía carioca repuntaron en 2013 y 2014, aunque sin llegar a la cifra “récord” de 2007, antes de las UPP: mil 200. Aun así, los habitantes de las favelas tienen que convivir diariamente con policías armados y nerviosos que muchas veces provocan tragedias.

Si en Baltimore o Ferguson la muerte de un joven negro puede provocar levantamientos populares, en Brasil esto no ocurre.

Amnistía Internacional Brasil (AIB) lleva adelante una campaña específica sobre ese tema para hacerle entender a la población que tal situación no es normal.

“En la cabeza de un policía, un joven negro de una favela es un traficante. Y por eso va a disparar aunque esté frente a una persona desarmada. La policía va a convencer después a la sociedad de que él era un bandido y en Brasil se sigue considerando que ‘un bandido bueno es un bandido muerto’”, dice a la reportera Atila Roque, presidente de AIB.

Es lo que ocurrió en mayo de 2014 con Jonatán, joven de 19 años, en la favela pacificada de Manguinhos. Él salía de su casa, iba a visitar a su abuela, pero en la calle se topó con una trifulca entre civiles y policías de la UPP.

Jonatán murió de dos tiros. La policía intenta presentar el caso como “legítima defensa” y el responsable de su muerte sigue trabajando en la misma UPP. “¿Qué mensaje está dando la policía de Río? Pueden matar a un joven porque no pasa nada”, dice a este semanario la madre de la víctima, Ana Paula Oliviera, quien decidió luchar junto con otra mujer, madre de un hijo asesinado por la misma corporación pocos meses antes, para obtener justicia.

Los Juegos Olímpicos

A finales de abril pasado cuatro personas fueron asesinadas por la policía en el Complejo de Alemao durante un operativo en busca de traficantes. Entre las víctimas había un niño de 10 años que jugaba frente a su casa y recibió un tiro en la cabeza.

El autor del disparo intentó justificarse diciendo que el menor era traficante y estaba armado. La reconstrucción de los hechos mostró que la supuesta arma era un celular. Enojada, la población salió a la calle y obligó a las autoridades a dialogar. Frente a seis coroneles de la Policía Militar, la población pudo manifestar su miedo de convivir con policías, su voluntad de participar en las decisiones y ­reiteró sus demandas sociales: mejorar la salud, la educación, el saneamiento básico; todas éstas, promesas incumplidas de la pacificación.

El programa llamado UPP Social, que tenía como propósito mejorar la calidad de vida en las favelas, desapareció en 2014. En su lugar se creó otro, Río+social, con el propósito de atraer inversiones privadas.

En realidad desde hace seis meses todos los proyectos de urbanización en las favelas están parados, dicen trabajadores de despachos de arquitectura, quienes pidieron el anonimato. Las finanzas del municipio están destinadas a pagar una factura que va en aumento: la de los Juegos Olímpicos, que ya creció 27% en relación con el presupuesto presentado por la ciudad en 2008, cuando ganó la organización.

La falta de inversión social en las favelas tiene repercusiones directas en la seguridad, según los especialistas. “Crear oportunidades de trabajo para los jóvenes que estaban en el tráfico de drogas es un punto fundamental para lograr la paz”, apunta Ramos.

Cuando la municipalidad hacía obras en las favelas, muchos jóvenes encontraron ahí una fuente de ingresos. Pero desde entonces, la vida es mas difícil. “No hemos estudiado y nuestros currículos están prácticamente vacíos. Y cuando das una dirección en una favela, es difícil conseguir empleo en la ciudad”, comenta a este semanario un joven mototaxista de la favela Coroa: “Ser motoboy es casi la única oportunidad de trabajo que tenemos ahora, pero se gana apenas la mitad de lo que ganábamos en el tráfico”.

La pacificación dio la impresión de que la vida era más fácil en las favelas, sobre todo en las que están arriba de las playas Copacabana e Ipanema.

En Vidigal, que tiene una vista impresionante sobre Ipanema, hay muchos extranjeros y brasileños de clase media que comenzaron a vivir, rentar y comprar casas para abrir posadas o discotecas.

Pero la economía local creada con esos negocios no logró compensar el encarecimiento del nivel de vida provocado por esos radicales cambios sociales. En lo alto de la favela, en la plaza donde antes se vendía droga, la posada Alto Vidigal organiza bailes para 300 personas. Los precios de entrada, como las bebidas, son impagables para quienes viven ahí.

Alrededor de la plaza muchas de las casas rentan cuartos para turistas: “Es la manera más fácil de ganar un poco de dinero. Hoy las rentas aquí son para los gringos (extranjeros). Mira, mucha gente vende sus casas y rápidamente se transforman en posadas”, cuenta Regina, quien comenzó alquilando unos cuartos durante el Mundial de Futbol, el año pasado.

Justo antes de esa competencia, un “hotel boutique” abrió cerca de la casa de Regina, con una tarifa de 400 reales (poco más de 2 mil pesos) por noche, en un cuarto con paredes de vidrio y una vista impresionante sobre Ipanema.

Este hotel obliga a la UPP a dejar policías casi permanentemente cerca para “proteger a los turistas”, cuando –según los mismos uniformados– habría más necesidades en otros lugares de la comunidad. Pero el asesinato del dueño sueco de una posada de Vidigal, en junio pasado, fue ampliamente comentado en la prensa y prendió los focos rojos.

Proteger a los turistas en las favelas será otra de las tareas a futuro de los policías, en especial durante los Juegos Olímpicos. Todo parece indicar que frente a los turistas no llegarán disparando por todos lados. Otra injusticia de las “nuevas” favelas cariocas, algunas más pacificadas que otras, según un huésped que ahora vive ahí.

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