La narcopolítica golpea a Alan García

Un ataque a granadazos volvió a traer a primer plano un problema que recurrentemente azota a la democracia peruana: las relaciones de los políticos con el narcotráfico. El caso actual implica a un poderoso militante del Partido Aprista Peruano, por el cual se postulará para una reelección el dos veces expresidente Alan García. La cuestión toca a México, porque buena parte de los vínculos que se han demostrado implican a traficantes y cárteles mexicanos.

LIMA.- El ataque con fusiles y granadas a un lujoso Porsche en un barrio capitalino la noche del pasado 2 de abril parecía un caso más de ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Pero no se trató de algo tan simple y rutinario.

El objetivo del atentado era el conductor del vehículo, Gerald Oropeza López, quien sobrevivió al ataque. El caso tuvo implicaciones políticas cuando quedó en evidencia que Oropeza es hijo de un dirigente del Partido Aprista Peruano (PAP), Américo Oropeza, y de una excandidata a diputada por la misma agrupación, Pilar López.

El propio Gerald Oropeza militaba en el PAP. Aparentemente se trataba de un partidario más, pero no era así. En 2011, el expresidente Alan García, quien ha gobernado dos veces (1985-1990 y 2006-2011), asistió al velorio de su amigo Américo Oropeza, asesinado en circunstancias extrañas. Poco después García intervino personalmente para que la viuda, Pilar López, fuera parte de la lista de candidatos a diputados­ por Lima.

Conforme avanzan las investigaciones sobre Oropeza –quien hasta hoy no se presenta ante las autoridades que lo buscan por su presunta vinculación con el narcotráfico–, las evidencias de su poder dentro del PAP son cada vez más sólidas. Por eso García, quien competirá en 2016 por un tercer periodo presidencial, tuvo que salir públicamente a reclamar la expulsión de Oropeza y así evitar la sombra del narco en su campaña.

La prensa continuó destapando más evidencias de la relación íntima del PAP con Oropeza. Por ejemplo, se comprobó que él vivía desde 2007 –durante el segundo gobierno de Alan García– en una mansión que supuestamente era del Estado.

La residencia había pertenecido a José Enrique Crousillat, expropietario de América Televisión, a quien Vladimiro Montesinos –exasesor presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000)– sobornó para comprarle la línea editorial de varios programas periodísticos.

Durante la gestión de Crousillat (1994-2002), Televisa fue accionista de América Televisión y ésta, filial de la empresa mexicana.

Al término del régimen de Fujimori, Crousillat fue encarcelado y todas sus propiedades incautadas, incluida la vivienda en la cual desde 2007 vivía Oropeza.

Por pura coincidencia, en 2009 el entonces presidente García indultó a Crousillat porque supuestamente el empresario estaba muy enfermo. En 2010, el entonces presidente debió retirar el indulto, al descubrirse que el empresario gozaba de excelente salud. Volvió a la cárcel.

A su vez, Oropeza vivía en esa mansión de 5 millones de dólares –incautada por el gobierno de García– gracias a la intervención del gobernador del distrito de La Molina, Ángel Vera Niño, también militante aprista.

Siguieron apareciendo pruebas. Se documentó que el hoy prófugo está estrechamente relacionado con el abogado Miguel Facundo Chinguel, funcionario de extrema confianza de Alan García y figura central de un escándalo de corrupción del segundo gobierno aprista.

Facundo está en prisión acusado de haber recibido sobornos para excarcelar a condenados por narcotráfico cuando ejercía como presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, cargo creado por el propio García. El lunes 11, el fiscal anticorrupción, Walter Delgado, pidió a los tribunales 17 años de cárcel para este exfuncionario.

La comisión investigadora del Congreso que presidió el diputado Sergio Tejada determinó que durante sus funciones, Facundo, con la aprobación de García, excarceló a 470 acusados de narcotráfico, entre ellos, 36 mexicanos. Facundo alegó que merecían el indulto porque se trataba de presuntos burriers o mulas.

Lo llamativo es que Facundo trabajaba en la Comisión de Indultos con el abogado Manuel Huamán Montenegro, quien en el año 2000 recibió una condena de ocho años de cárcel por haber pertenecido a la organización del narcotráfico Los Norteños, que se dedicaba a exportar cocaína a México, según el texto de la sentencia. De hecho, uno de los capos de ese grupo, Jorge López Paredes, fue aprehendido en el Distrito Federal, a pedido de la policía peruana, el 28 de junio de 2000. Huamán Montenegro también militaba en el PAP.

La comisión acusó a García por los narcoindultos, pero el expresidente recurrió a los tribunales y consiguió un amparo porque el grupo parlamentario presuntamente violó sus derechos constitucionales. Así, se declararon nulas las pesquisas y las imputaciones. Pero no todo está dicho. El Congreso apeló, así que la Corte Superior de Lima resolverá en definitiva el 17 de junio.

El vínculo

Esa comisión investigadora fue la que acusó a Facundo de ser el “cerebro” de los narcoindultos. Su nombre reapareció al comprobarse su relación con Oropeza.

Cuando asesinaron en circunstancias no esclarecidas al dirigente aprista Américo Oropeza, la familia de éste contrató a Facundo para que transfiriera las empresas de la víctima a su hijo, Gerald Oropeza, el hombre del Porsche. Este último, a su vez, entregó la titularidad de las acciones a Facundo.

Facundo, molesto por los intentos de su partido de presentarlo como un apestado, dijo a la prensa que la familia de Gerald Oropeza sí era importante en el PAP. Destacó que en 2011, durante las elecciones al Parlamento Andino, el padre de Gerald financió la campaña del candidato aprista Luis Nava Guibert, quien ofició de secretario del presidente García entre 2006 y 2011. Una vez más García reaparecía en el entorno de Oropeza.

Sin embargo, para los dirigentes apristas, Oropeza es un partidario más: “Es un militante de los 350 mil que tenemos y quien, además, no ha tenido ningún cargo dirigencial (sic). Quieren vincular al Partido Aprista Peruano con una persona que presuntamente ha cometido delitos, pero es un hecho aislado.

“Hemos sabido marcar distancias respecto del delito de narcotráfico, y durante el segundo gobierno de García se han ejecutado importantes operativos contra las organizaciones criminales. En consecuencia, me parece que el caso Oropeza no va a afectar la campaña presidencial de García”, explica el vocero de los diputados apristas, Javier Velásquez.

Pero la opinión de las autoridades es distinta. El miércoles 6, la Fiscalía contra el Lavado de Activos emprendió la megaoperación Tempestad contra una mafia encabezada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo. Era la tercera acción contra ese grupo desde el 13 de noviembre de 2014, cuando Orellana fue apresado en Colombia, donde se ocultaba.

En 2006 ese hombre se postuló por el PAP a la alcaldía de Lima. Está asociado con Hugo Silos Díaz, un médico aprista que participó activamente en la organización de la campaña presidencial de García ese mismo año.

Ahora bien, Silos es padre de Hugo Armando Díaz, quien en 2005 fue apresado con seis mexicanos y seis colombianos que pretendían exportar 800 kilos de cocaína. En 2008 Díaz murió y su viuda, Ester Morales Schauss, se casó al poco tiempo con Rodolfo Orellana, socio de Silos. La Fiscalía de Lavado de Activos estima que Orellana pudo haber blanqueado bienes y dinero de quien fuera el esposo de su actual mujer.

Para la procuradora del Estado en Materia de Tráfico Ilícito de Drogas, Sonia Medina Calvo, el narco ha penetrado hondamente en los partidos políticos peruanos y el PAP no parece una excepción.

“Hay una preocupante infiltración. El traficante necesita poder político para proteger y continuar con sus actividades ilegales, por eso busca autoridades que le aseguren impunidad”, dice Medina.

Y advierte: “En los últimos años hemos visto mucha incidencia del narcotráfico mexicano. Y va creciendo el número de involucrados. Basta revisar las estadísticas de los encarcelados por traficar drogas. Vienen al Perú porque aquí hay un mercado”.

Alude a un informe de la cancillería mexicana que indica que Perú se ha convertido en la segunda nación, luego de Estados Unidos, con más mexicanos en la cárcel. En promedio, cada año entre 2001 y 2009 la policía antinarcóticos peruana arrestó a 10 mexicanos. Pero de 2010 a 2014 la cifra se elevó a 37. A fines de 2014 los mexicanos en prisión sumaban 191. De ese grupo, 186 (es decir, 97%) están acusados de narcotráfico.

Las otras aristas

En 2007, a poco de empezar el segundo gobierno de García, la empresa de limpieza Sergero, propiedad de la familia del aprista Gerald Oropeza, facturó 75 mil dólares en contratos con el Estado. En 2011, último año del régimen de García, Sergero facturó 6.6 millones de dólares. Resulta llamativo que una empresa de una familia de militantes del partido en el gobierno alcanzara la prosperidad durante el mandato de García. Ése es uno de los asuntos que llamó la atención de la diputada Rosa Mavila, quien encabeza la comisión investigadora del Congreso sobre la influencia del crimen organizado en la política peruana.

“El caso Oropeza revela los niveles de la corrupción, que combinan los negocios legales con los negocios ilícitos. Respecto del caso de Gerald Oropeza con el PAP, tenemos que la familia Oropeza está íntimamente relacionada con Facundo Chinguel, quien se reunía con Alan García para definir los indultos a los acusados de narcotráfico. Además, el propio Facundo ha declarado que el padre de Oropeza y él mismo apoyaron la campaña para el Parlamento de Luis Nava Guibert, quien fuera secretario personal de García durante su segunda presidencia”, explica.

Se le pregunta si la expulsión de Oropeza dejará sin sustento la investigación sobre los presuntos vínculos del narcotráfico con el PAP.

“Que el partido tome la decisión de apartar a su militante Oropeza no anula la investigación. Tenemos que indagar a fondo la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos si no queremos que alcancen el poder. Y si los partidos no toman la iniciativa, sus candidaturas serán afectadas”, contesta, en alusión a García.

El PAP, de hecho, se ha visto envuelto en varios episodios de narcotráfico vinculados con México.

En 1984 el empresario Carlos Langberg Meléndez fue condenado a 14 años de cárcel por narcotráfico. Fue detenido por la policía de Acapulco, en 1980, bajo sospecha de traficar enervantes. Estaba relacionado con los dirigentes apristas Fernando León de Vivero y Jorge Idiáquez, y se le acusó de haber financiado la campaña presidencial del candidato del PAP Armando Villanueva, en 1980.

En 1988 el diputado aprista Miguel Ángel del Pomar fue sorprendido en Berlín cuando recibía dinero de un narcotraficante, Manuel García Montes, quien trabajaba en su despacho como asesor. Del Pomar fue sentenciado a ocho años de prisión.

En 2006 Humberto Chávez Peñaherrera se lanzó como candidato del PAP a la alcaldía de Campanilla, en la selvática región San Martín. En los noventa esa ciudad fue un centro de producción de pasta básica de cocaína que se vendía a los cárteles de Colombia. El capo de Campanilla era Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como Vaticano, hermano del candidato a la alcaldía, quien también estuvo preso por narcotráfico.

El mismo año el abogado Freddy Zubieta Murillo se postuló como aspirante del PAP a la alcaldía del distrito limeño de San Borja. La prensa reveló que Zubieta había sido abogado de importantes capos del narcotráfico.

En 2007, la ministra de Justicia del gobierno de García, María Zavala, designó como jefe de su gabinete de asesores al abogado Fernando Peixoto. La prensa reveló que éste había defendido a varios acusados por traficar enervantes.

En 2011 Alfredo Sánchez Miranda, hijo del empresario investigado por lavado de activos del narcotráfico Orlando Sánchez Paredes, declaró a las autoridades que había aportado dinero a la campaña presidencial de Alan García por intermedio del abogado Humberto Abanto. Coincidentemente, tres años antes García había anunciado al país que la familia Sánchez Paredes había sido denunciada por sus vinculaciones con el narco. Lo llamativo es que Abanto había sido asesor del ministro del Interior y del Congreso, al mismo tiempo que directivo de una de las empresas de la familia Sánchez Paredes, a la cual García vinculaba con el tráfico ilícito de estupefacientes.

La dirigente del PAP Mercedes Cabanillas, quien fue presidenta del Congreso y ministra del Interior en el segundo gobierno de García, manifestó que el incidente que protagonizó el dueño del lujoso vehículo­ Porsche, Gerald Oropeza, no afectaba a su organización política.

“Así como el caso de un sacerdote pedófilo no afecta a toda la Iglesia, el caso Oropeza no tendría por qué dañar al PAP. Por eso fue expulsado, para que la justicia se encargue de él.”

La procuradora Medina tiene otra opinión: “No basta decir que sacamos del partido a cualquier sospechoso. El partido debe tomar acciones para impedir la infiltración del narcotráfico”.

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