MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Activistas y familiares de Nestora Salgado García solicitaron esta tarde una reunión con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México para pedirles que intervengan en la liberación de la excomandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien permanece en huelga de hambre desde hace 30 días. Grisel Rodríguez, Sandino Rivero, Sthepen Durham, Patricia Colyn y Daniel Vila Rivera, quienes coordinan la campaña internacional por la libertad de Nestora, estuvieron en la embajada de EU, localizada en esta capital, para solicitar una reunión con sus diplomáticos. “Mi mamá es estadunidense y tiene derecho a ayuda consular y queremos saber qué está haciendo el gobierno americano para ayudarla”, declaró Grisel Rodríguez a estas agencias, tras entregar la petición de audiencia. “Venimos con la esperanza de que nos atendieran, nos dieran una cita y, sí, lo logramos, nos agendaron para que una comisión entre y haga preguntas”, dijo la joven. El objetivo es saber qué acciones ha impulsado la embajada y qué más puede hacer. “Ellos tienen el poder para sacarla, eso es más que obvio, simplemente necesitan adoptar una actitud más hostil, más agresiva con el gobierno mexicano. Lo pueden hacer, simplemente necesitan  querer hacerlo, o necesitamos presionarlos hasta que lo hagan”, acotó la hija de la excomandanta. Por su parte, el abogado Sandino Rivero dijo que espera que en la próxima reunión –que posiblemente se realice en dos semanas– estén presentes algunos representantes de la diplomacia  estadunidense, además de familiares de Nestora y otras organizaciones internacionales de derechos humanos. “Nestora Salgado es ciudadana estadounidense y tiene derecho a que su gobierno también la defienda, tiene derecho a la asistencia consular, independientemente de que tenga defensa”, explicó. De acuerdo con Rivero, la embajada reconoció a Nestora Salgado como ciudadana estadunidense, pero para la familia de la  activista es importante entrevistarse con los diplomáticos para cuestionarlos sobre qué han hecho o qué pueden hacer para lograr su libertad. Para el abogado, el gobierno mexicano no respetó el derecho a la asistencia consular, aun cuando estaban obligados a hacerlo toda vez que nunca informaron a la embajada sobre el arresto de Nestora. Salgado García emigró a EU cuando tenía 19 años para buscarse la vida con su hija de apenas tres. Una vez ahí trabajó como pastelera, mesera y en labores de limpieza en el estado de Washington. Pasaron más de 10 años para que volviera a Guerrero. En 2002 regresó a Guerrero ya con “papeles” que la reconocían como ciudadana estadunidense. El 29 de mayo anterior, Salgado García fue reubicada en el penal de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, después de un acuerdo entre la Segob y el gobierno de Guerrero para trasladarla del penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, al reclusorio capitalino, con el fin de que reciba atención médica ante su grave estado de salud. El abogado explicó que la defensa legal está en el momento del ofrecimiento y desahogo de pruebas en las tres acusaciones que enfrenta la activista por secuestro. “El hecho de que haya sido traslada al penal de Tepepan sí es un avance porque jurídicamente nosotros podemos entrevistarnos con ella todos los días”, apuntó. En el penal de máxima seguridad de Tepic, las visitas con los abogados eran complicadas por los traslados de la defensa (además de que los encuentros sólo duraban 40 minutos) y aunque ahora la comunicación puede ser más eficiente, no se puede olvidar que la parte acusatoria se encuentra en la Montaña de Guerrero, y eso, sostuvo el abogado, retrasa el proceso. Sandino Rivero también informó que visitadores de las comisiones de Derechos Humanos (la Nacional y del DF) visitaron a la activista en el reclusorio para constatar su estado de salud, mientras que sus hijas y esposo insisten a Nestora para que cese el ayuno. El 21 de agosto de 2013, la activista fue detenida por elementos del Ejército, Marina y policía estatal quienes, a bordo de tanquetas, camionetas hummers y un helicóptero, llegaron a la zona de La Montaña y la detuvieron acusándola de “secuestro y delincuencia organizada”. Los hechos ocurrieron luego de que la Policía Comunitaria detuvo al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, por presunto abigeato (robo de ganado) y por supuestamente haber encubierto el asesinato de dos ganaderos de la región.