XALAPA, Ver. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la detención arbitraria, desaparición forzada y una inadecuada procuración de justicia en el caso de tres jóvenes veracruzanos “levantados” por policías estatales en enero del 2014. Las víctimas fueron el cantante de “La Voz México”, Gibrán Martiz Díaz y el menor de edad Sergio Luis Hernández “sustraídos” del interior de su departamento por policías estatales –a una cuadra del Congreso Local– y encontrados muertos dos semanas después, en medio de inconsistencias e irregularidades solapadas por la SSP y la FGE; y otro joven, cuya identidad y paradero al día de hoy se desconocen y por quien la CNDH también se pronunció. En un comunicado la CNDH expone que encontró “elementos” que evidencian la detención arbitraria y la desaparición forzada de los tres agraviados, vulnerándose con ello sus derechos a la libertad personal, integridad, seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno. “Por ello el gobernador deberá garantizar el inicio de la correspondiente carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada en el caso de la persona que aún está desaparecida, así como se deberá extraer de la reserva la investigación Ministerial número 2, y darle seguimiento para que se aporten mayores datos de prueba y lograr su debida integración. Una vez determinada e identificados los probables responsables, se haga lo conducente”, expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La recomendación, radicada en el expediente CNDH/1/2014/353/Q, fue emitida al gobierno de Duarte el pasado 20 de mayo y notificada días después, sin embargo, la CNDH la da a conocer en un comunicado este miércoles y admite que tuvo “atracción del caso” por la repercusión periodística que tuvo el doble asesinato y la desaparición de otro joven. Mientras tanto los familiares de Gibrán Martiz, encabezados por su padre, Efraín Martiz Aguirre decidieron exiliarse a principios de este año en Panamá, temerosos de su seguridad y con la zozobra de ser víctimas de represalias por parte del aparato estatal, expuso el padre del cantante a Apro en una entrevista concedida a principios de año. En dicha entrevista, Martiz Aguirre sustentaba su temor en la liberación de los siete policías que participaron en el “levantón” de los tres jóvenes, entre ellos, el cantante del reality show de Tv Azteca, ello, luego de que el juez Florencio Hernández Espinosa otorgará “libertad condicional” a los policías Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, lván Cortes Espíritu, Mauricio Ramírez Santiago y Abel Bravo Martínez, tras pagar una fianza de 5 mil pesos. Ello, pese a que el agente del Ministerio Público (MP), Guillermo Bencomo tenía en la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pruebas de que el GPS del celular de Gibrán Martiz durante los días de su “desaparición forzada” siempre estuvo dando como coordenadas la ubicación geográfica de la Academia de Policía de “El Lencero”, una residencia en las Ánimas –cerca de donde radica el titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez- y el departamento donde fue sustraído. “Telcel entregó a petición del MP la sábana de llamadas y localización de datos de internet (un I-Phone 4) de mi hijo. Yo me apoyé con gente externa que conoce de cartografía, de coordenadas para obtener dónde habían tenido a mi hijo, y los resultados me dejaron helado. Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”, expuso Martiz. El padre de Gibrán Martiz siempre recriminó que cuando solicitó al MP entregar las pruebas al Poder Judicial e incluso llamar a cuentas a los policías de la SSP y al propio Bermúdez, aquel sólo dio evasivas. Por ello, en la recomendación que emitió la CNDH exige al gobierno de Duarte “emitir” una circular dirigida a todos los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para que pongan “sin demora” a los detenidos a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Además que –expone la CNDH- el gobierno veracruzano deberá reparar los daños ocasionados a los familiares de las víctimas, incluyendo la compensación que corresponda y la atención médica y psicológica que requieran hasta restablecer su salud física y emocional. “También se impartirán cursos y elaborarán folletos sobre educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, para todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y se deberá colaborar con la CNDH en el trámite de las quejas y denuncias de hechos que promueva ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General y su Contraloría Interna, todas del Estado de Veracruz”, resume el comunicado CGCP/158/15. El “levantón” y posterior asesinato de Gibrán Martiz, la ejecución de uno de sus amigos y la desaparición de otro, se convirtió en un escándalo nacional en enero del 2014, pues cantantes nacionales y extranjeros repudiaron el hecho en sus redes sociales y el gobierno de Duarte se metió, una vez más, en una crisis política por el tema de la seguridad. Además ni la SSP ni la FGE fueron capaces de hilar el eslabón del homicidio, pues mientras se comprobó que 7 policías “levantaron” los jóvenes de un departamento en Xalapa, jamás pudieron develar, como dos de ellos, aparecieron muertos en el interior de un coche, a manos de presuntos delincuentes, luego de un enfrentamiento con fuerzas federales en una carretera del municipio de Huatusco. En dicha refirega, los tres presuntos sicarios fueron abatidos por fuerzas del Estado. Efraín Martiz, padre que interpuso la queja en la CNDH, en la PGR y en organismos internacionales, jamás creyó la historia oficial, pues recordaba las condiciones en que le fue entregado el cuerpo de su hijo en la plancha del Servicio Médico Forense (Semefo). “Tenía quemaduras en la espalda, producto de choques eléctricos producidos con cables de alta tensión, probablemente de 220 voltios, terminó con la mandíbula fracturada por los golpes y las piernas. Los glúteos con diversos hematomas y marcas, producto de varios tablazos”, expuso Martiz, médico de profesión.