MÉXICO, D.F. (apro).- A raíz de las audiencias de México ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se llevaron a cabo los pasados 19 y 20 de mayo, los expertos internacionales expresaron su profunda preocupación ante la grave vulnerabilidad de los niños frente a los males sociales, económicos y criminales que afectan al país. El Comité se alarmó ante los estragos que genera sobre los niños la crisis de violencia que atraviesa el país en el marco de la guerra contra el narcotráfico, y denunció la ausencia de respuesta del gobierno mexicano a las recomendaciones que emitió previamente el mismo Comité para proteger a los niños en situación de conflicto armado. De acuerdo con los expertos de la ONU, la estrategia militarista resultó en “numerosos homicidios de niños, incluso casos de homicidios extrajudiciales, como el que ocurrió en Tlatlaya”, mientras se reportó “un número muy elevado de feminicidios, de mujeres y niñas”. En la era de la militarización de la lucha contra el crimen organizado, el Comité señaló que el reclutamiento ilegal de niños por parte de grupos armados no se encuentra explícitamente criminalizado, por lo cual expresó su “una profunda preocupación”. Otra consecuencia de la guerra contra el narcotráfico y de la pobreza en el país se observa en los niños separados de sus familias, a veces de manera definitiva. El Comité señaló que el gobierno no lleva a cabo un conteo de estos niños, a los que abandona a su suerte en institutos que no supervisa, como los albergues de Rosa Verduzco, mejor conocida como “Mama Rosa”, en Michoacán. El Comité recomendó al gobierno “replantear su estrategia contra el crimen organizado para garantizar que los niños estén protegidos de la violencia”. El clima de violencia generalizada también afecta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala– y obliga a miles de niños a atravesar México para llegar a Estados Unidos. Durante su tránsito por México, los niños migrantes sufren de secuestros, homicidios, explotación laboral o sexual por parte de los grupos criminales, y cuando caen en las manos de las autoridades migratorias, “están guardados en centros de detención” dónde “se reportaron violencia y abusos en su contra” y posteriormente son deportados “sin proceso preliminar para determinar su mejor interés”. En términos generales, el Comité lamentó que, a pesar de la adopción del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, muchos niños siguen siendo formas de repudio de facto, sobre todo los niños más vulnerables como los indígenas, afro-mexicanos, migrantes, pobres y callejeros, así como los discapacitados mentales y los niños inclinados hacia la diversidad sexual. Recordó que más de la mitad de los niños mexicanos, en mayoría los niños más vulnerables, viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema –un porcentaje mayor a la población adulta–, mientras “millones de niños de entre 3 y 17 años no van a la escuela”. Asimismo expresó su inquietud ante la permanencia del trabajo infantil –formalmente prohibido en las leyes–, el cual abarca a “cientos de miles” de niños, a veces de cinco años, en los sectores más rudos, como la minería o la agricultura. El gobierno también fracasó en prevenir que niños terminen en la calle, dónde sufren violencia, abusos y discriminación, aseveró el Comité. Si bien aplaudió la aprobación de la Ley General sobre los Derechos de los Niños y los Adolescentes en 2014, el Comité denunció que en distintos casos que involucraron a niños como principales víctimas, las autoridades fallaron en proveer justicia a los familiares. Guardería ABC, Ley Bala, sacerdotes pederastas… impunes   Los expertos señalaron el caso de los 49 niños muertos durante el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El pasado 5 de junio se cumplieron seis años desde la tragedia. Hasta la fecha la investigación no desembocó hacia ningún lado, debido, según los familiares, a los lazos políticos de los dueños de la guardería. Asimismo, evocaron el caso impune del niño José Luis Tlehuatle quien, a sus 13 años falleció tras recibir una “bala de goma” en la cabeza durante un operativo policiaco en Chalchihuapan, Puebla. Se convirtió en la primera víctima mortal de la llamada “ley bala” promovida por el gobernador panista de la entidad, Rafael Moreno Valle. El Comité también deploró la “impunidad generalizada” de la que gozaron los sacerdotes de la Iglesia Católica –“y de otras obediencias religiosas”, precisó–, quienes perpetraron abusos sexuales sobre centenares de niños “con la complicidad de las autoridades del Estado”. Por lo anterior, urgió a las autoridades a “tomar medidas inmediatas” para investigar y castigar a los sacerdotes pederastas “por la gravedad de sus crímenes”. “El Comité está seriamente preocupado ante el hecho de que los perpetradores de una violación pueden escaparse del castigo al casarse con sus víctimas”, aseveró, al subrayar: “los esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar a los niños víctimas”. Durante los procesos penales cuyas víctimas son niños, las opiniones de los menores de edad no son consistentemente escuchados o tomados en cuenta, lamentó el Comité, al añadir que el protocolo de apoyo psicosocial sufre de fallas. Y no sólo eso: los expertos también señalaron que ciertos niños, particularmente los niños migrantes, los menores detenidos por la policía o en situación de calle, suelen sufrir “la prevalencia de la tortura y otros tratos crueles o degradantes”, y criticaron los periodos “prolongados” de detención de los niños solicitantes de asilo en México. Los expertos subrayaron la “alta ocurrencia” de matrimonios infantiles o de matrimonios forzados, de las cuales las niñas de comunidades indígenas son las principales víctimas. Denunciaron sistemas de salud y de protección social desiguales “en términos de cobertura en calidad”, los cuales tienden a marginalizar a los pueblos originarios y a la población rural en general, pese que éstos presentan las mayores tasas de mortalidad materna e infantil así como de desnutrición. Del mismo modo, esta población marginada se encuentra en primera línea ante la contaminación ambiental y el esparcimiento de pesticidas tóxicos, los cuales “impactan de manera grave a la salud materna e infantil”. El Comité insistió en que “la importación y el uso de pesticidas u otros químicos prohibidos en otros países” representa “una profunda preocupación”. Teletón sin supervisión Los niños discapacitados también son víctimas de la falta de acceso a los servicios médicos, escolares y judiciales, así como del abandono. Y el Comité criticó de nuevo que una “parte sustancial” de los recursos dedicados al apoyo de los niños discapacitados sea administrada por la fundación Teletón, una entidad privada propiedad de Televisa. En octubre pasado, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU había denunciado la atribución de recursos públicos a la fundación Teletón, la cual a través de su maratón televisivo “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”. En el documento, los expertos de la ONU recomendaron al gobierno mexicano de “supervisar de manera efectiva todos los recursos y los proyectos administrados por instituciones privadas para asegurarse que todos los niños discapacitados beneficien de estos recursos sin discriminación y asegurarse que los niños ya no sean retratados como objetos de caridad, sino como derechohabientes, incluso por entidades privadas”. Pese que México ha firmado numerosos convenios internacionales para proteger a la niñez y la adolescencia y cuente con un corpus legislativo abundante en la materia, el Comité señaló huecos preocupantes en las leyes mexicanas. Por ejemplo, observó que la ley no prohíbe de manera explícita la práctica de “adopción privada”, la cual abre la puerta al negocio de la venta de niños, y denunció particularmente al gobierno del estado de Tabasco en sus escasos esfuerzos para prevenir este delito. Los expertos de la ONU reiteraron el llamado al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité sobre desaparición forzada para que los expertos de dicho órgano puedan recibir quejas de víctimas. Desde hace tres años, el gobierno mexicano se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer dicha competencia al Comité. Asimismo ignoró en tres ocasiones a recibir sus integrantes y en febrero pasado, la diplomacia mexicana rechazó las observaciones de este Comité –que habló de “desapariciones generalizadas” en el país–, pues sostuvo que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.