Descarta INE indagar transferencia de recursos de burócratas al PRI

MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, el Consejo General del INE se declaró incompetente para investigar si el ayuntamiento de Torreón, Coahuila, realizó transferencias electrónicas de trabajadores del municipio al PRI local, violando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); además, ordenó regresar el proyecto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para investigar el caso a fondo.

Reservado por la consejera Pamela San Martín en el orden del día de la sesión extraordinaria, ésta destacó su voto en contra de la queja presentada por Javier Corral, representante del PAN ante el INE, debido a que no existen pruebas de que los descuentos o retenciones realizadas a los empleados del ayuntamiento de Torreón fueran transferidos a una cuenta bancaria del PRI local o a la Fundación Colosio, como denunció el senador panista.

San Martín indicó que en el expediente se acreditaron los descuentos y retenciones, además de las transacciones, pero no hay pruebas de que fueron aportados entre enero y abril de 2014, sino en noviembre de ese año, porque así lo aceptó el alcalde de Torreón.

“No puedo acompañar esto porque, sin duda, tenemos acreditado que hasta el mes de septiembre se hicieron transferencias, ingresó dinero del ayuntamiento de Torreón a las cuentas del PRI, con un detalle que es importante señalar: En el 2014 se celebró un proceso electoral local en Coahuila, y este es uno de los argumentos que se utilizan para la competencia para investigar estos hechos. Tenemos acreditado que ingresó el dinero a estas cuentas bancarias, lo que no tenemos acreditado, porque no lo investigamos, es si el dinero se erogó una vez ingresado a las cuentas bancarias para incidir en el proceso electoral local que estaba en curso”, añadió.

Sin embargo, mencionó que sí tienen acreditado que concluido ese proceso electoral local e iniciado el federal continuaron los descuentos a los burócratas, pero no saben si se depositaron a la cuenta del PRI “porque no lo investigamos”, aunque sí estaban destinados a hacer aportaciones al partido, resaltó.

En contraparte, el consejero Ciro Murayama respaldó el proyecto y propuso que se diera vista a la Fepade, “a fin de evitar un daño irreparable con el despliegue de conductas relacionadas con una presumible utilización de recursos públicos”.

El consejero Benito Nacif llamó la atención de que estas prácticas de retener o destinar dinero de los trabajadores a un partido de facto debe frenarse.

Mientras, el consejero Javier Santiago apoyó la propuesta de San Martín de devolver el proyecto al Instituto Electoral de Coahuila, así como dar vista a la Fepade, aunque también sugirió avisarle al Congreso local.

Y además planteó que esta investigación sea ordenada para que concluya en diciembre próximo.

El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó en su defensa que se trata de un asunto local, aunque destacó que en su caso, como diputado federal, hace una aportación doble al partido nacional y al estatal, en el ámbito local la aportación es, justificó, “estrictamente voluntaria”.

En su opinión, al tratarse de dinero de la nómina del militante y trabajador del ayuntamiento ya no es un recurso público, sino particular.

Horacio Duarte, representante de Morena, comentó que en sus estatutos los legisladores aportarán 50% de su salario a las finanzas de su partido para garantizar el trabajo parlamentario, legislativo y gubernamental.

También consideró que se debe precisar el Reglamento de Fiscalización para establecer una regla y evitar estos casos, así como prevenir abusos en esta materia por la cultura que obliga a ciertos trabajadores, no necesariamente militantes, a entregar parte de sus ingresos, así sea poco, “voluntariamente a fuerzas”.

Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova se pronunció a favor de regresar el proyecto para “cerrar la pinza de las indagatorias en estos dos meses, que podrían significar un cabo suelto, un cabo no cerrado. Es pertinente”, aseveró.

“Creo que, a partir de eso, tendría que determinarse varias cosas. Uno, si el destino de estas retenciones es la misma cuenta. Si somos competentes luego de estas indagatorias. Si hay que dar vista al órgano local responsable de la fiscalización. Si hay que turnar a la Fepade, cosa que creo hay que hacer, y si este enstituto es competente”, añadió.

El consejero Marco Antonio Baños estuvo de acuerdo. “Me parece importante atender la propuesta que formuló el consejero Javier Santiago para que el proyecto sea devuelto y que, efectivamente, apoyando la propuesta del consejero Murayama, pudiera venir ya con la vista respectiva, amén de que se realicen las indagatorias que se han puesto sobre la mesa”, apuntó.

Aunque los representantes de los partidos defendieron la validez de las aportaciones ordenadas por sus estatutos, estuvieron de acuerdo en abordar el tema en el reglamento de fiscalización para evitar abusos hacia trabajadores o militantes.

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