CNDH emite recomendación al gobierno de Chiapas por agresión a activistas

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al Ayuntamiento de Arriaga, por violaciones cometidas contra dos activistas.

En un comunicado, la CNDH precisó que servidores públicos municipales y de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) habrían violado la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno de dos defensores de derechos humanos.

En su recomendación, pide al gobernador y a las autoridades de Arriaga instrumentar lineamientos y acciones para que los servidores públicos de ambas instancias respeten el trabajo que realizan los defensores civiles de derechos humanos en el estado, brindando en todo momento las garantías para el ejercicio libre de su actividad y de sus derechos fundamentales.

De igual manera, solicita reparar el daño a las víctimas, organizar cursos sobre capacitación y formación en materia de protección a los defensores de derechos humanos, y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes contra los servidores públicos involucrados.

De acuerdo con el texto, el 5 de agosto de 2013, defensores civiles de derechos humanos presentaron queja ante el entonces Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (actualmente Comisión Estatal), en la que señalaron violaciones a derechos humanos.

Según los agredidos, dicho organismo local incurrió en dilación para atender su caso, por lo que promovieron su recurso de queja ante la CNDH, que finalmente lo atrajo.

Los agraviados argumentaron que el 2 de agosto de 2013 se trasladaron a la presidencia municipal de Arriaga, Chiapas, acompañando a un grupo de habitantes de esa localidad, para recibir la respuesta ofrecida por la autoridad competente respecto de la solución de los problemas que afectaban a esa comunidad.

Momentos después acudió al lugar un servidor público municipal, quien reprendió verbalmente a los solicitantes, insultando e intimidando a los defensores de derechos humanos, quienes fueron detenidos sin un mandamiento de la autoridad competente, inmovilizados de las manos y retirados del lugar a empujones por elementos policiales.

En la cárcel municipal los mantuvieron privados de su libertad e incomunicados, luego de que las autoridades municipales presentaron una denuncia de hechos en su contra ante la autoridad ministerial, por amenazas y lesiones en agravio de un servidor público y daños a las instalaciones del Ayuntamiento.

El agente del Ministerio Público, quien inició una averiguación previa, se negó a fijarles fianza y pedir la ratificación de la denuncia al funcionario supuestamente agraviado.

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