MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx) El Ejército y las fuerzas de seguridad de México están involucradas en la desaparición y asesinato extrajudicial de personas, concluye el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que destaca los casos de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa y los 22 civiles ejecutados en Tlatlaya en el 2014. “Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen a la policía y a los militares por su involucramiento en serios abusos como los asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos”, enfatiza de manera contundente el reporte emitido por el gobierno del presidente Barack Obama. En su balance sobre la situación de los derechos humanos en México, durante el año pasado, el Departamento de Estado en 40 páginas, explica que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los violadores de las garantías individuales, especialmente si pertenecen a las fuerzas del estado, prácticamente son intocables. “La impunidad y corrupción continúa siendo un problema serio, particularmente a los nivel estatal y local, en las fuerzas de seguridad y el sector judicial”, destaca el reporte. Las conclusiones del Departamento de Estado, que en esta ocasión se develaron con tres meses, se utilizan para que el Congreso federal estadunidense con base en las conclusiones del reporte, determine los montos de ayuda económica que otorga anualmente a las naciones sometidas al examen sobre esta materia. “Los grupos del crimen organizado persistieron en llevar a cabo altos niveles de secuestros y de violencia en contra de periodistas y otros, lo que limitó la libertad de expresión”, se lee en el reporte. La descalificación por parte del gobierno de Obama a la situación de los derechos humanos en México en el 2014, matizó el hecho de que con Peña Nieto se ha perpetuado la falta de justicia en contra de las personas y entidades que cometen estos crímenes. “La impunidad por los abusos de los derechos humanos continuó siendo un problema en todo el país, con tasa extremadamente bajas de procesos judiciales para todos los tipos de crímenes cometidos”, subraya el reporte. El gobierno estadunidense indicó en este mismo sentido que el público en general, tiene muchas dificultades para obtener acceso a las investigaciones sobre abusos a los derechos humanos, que presuntamente realiza el gobierno mexicano. En la misma denuncia que hace el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México, anota que hasta el crimen organizado se sale con la suya por la falta de la aplicación de la ley, de parte del gobierno mexicano. “Los grupos del crimen organizado también son responsables de numerosos asesinatos, con frecuencia actuando con impunidad y en una liga con funcionarios estales, locales y de las fuerzas de seguridad corruptos”, concluye el reporte. Respecto al caso de Tlatlaya, Estado de México, el gobierno de Obama hace el recuento de lo ocurrido el 30 de junio de 2014, durante el enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército. “Subsecuentemente, grupos de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno (federal) para que investigara el enfrentamiento en el cual 22 personas sospechosas fueron asesinadas, algunas después de haberse rendido”, explica el reporte. De esta investigación, el Departamento de Estado apunta que la Procuraduría General de la Republica (PGR), solamente acusó a tres elementos del Ejército; Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides. De lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, con los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el reporte sostiene que ocurrieron tres incidentes por separado; en los cuales la policía local y elementos del grupo criminal Guerreros Unidos, atacaron a los jóvenes. El capítulo de México para el caso Ayotzinapa, establece las conclusiones a las que llego la PGR con Jesús Murillo Karam al frente. La acusación contra el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, a quienes acusó directamente de la desaparición de los estudiantes. “A finales del año (2014), funcionarios del gobierno habían identificado los restos de un estudiante, los otros 42 seguían desaparecidos. El gobierno continuó con sus investigaciones”, explica el informe del Departamento de Estado. A los elementos del Ejército, el gobierno de Obama los señala como responsable, junto a los grupos del crimen organizado, como los responsables de cientos de desapariciones de personas por todo el país, pero sin que se le dé seguimiento a estas denuncias por la persistencia de la impunidad. El informe compartió las conclusiones a las que llegó Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura de las Naciones Unidas; quien denuncio que estos delitos son consecuencia de las irregularidades que hay dentro del sistema judicial mexicano. “Méndez destaco que la tortura de las personas usualmente ocurro horas después de que sean detenidas, y que con frecuencia se llevan a cabo fuera de las sedes policiales y de las cárceles”, apunta el Departamento de Estado. Aunándose a la voz de denuncia de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno de Obama enlistó como serios problemas de derechos humanos en México, las condiciones lamentables de las prisiones, las detenciones y arrestos arbitrarios. Amenazas y violencia contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas, abuso contra los migrantes, la violencia doméstica, tráfico de personas; abuso a personas discapacitadas, discriminación social y económica contra la población indígena, la explotación laboral infantil, y las agresiones y amenazas a la comunidad gay.