MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos 40 de un centenar de procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos a torturas y malos tratos durante su detención, informaron integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al rendir su cuarto informe de actividades. En conferencia de prensa, en la que resaltaron que hasta ahora no han podido entrevistarse con soldados del 27 Batallón de Infantería, los cinco integrantes del GIEI creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciaron también el restablecimiento de las relaciones entre la Procuraduría General de la República (PGR) y los padres de los estudiantes que se mantenía roto desde principios de este año. La exfiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, explicó que la PGR investiga actualmente 40 casos de posibles maltratos o tortura contra los detenidos por el caso Ayotzinapa, a partir de “información que ellos (la PGR) han recogido de procesados que han presentado lesiones, que han presentado sus quejas que les han remitido los jueces porque al momento de realizar su primera declaración manifiestan que sufrieron algún tipo de maltrato o que sufrieron torturas y todos esos casos están concentrados”. Ángela Buitrago, exfiscal de la Corte Suprema de Colombia, explicó que en las diversas visitas que han realizado a los Centros Federales de Readaptación Social, donde se encuentran recluidos los inculpados (Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit) han escuchado testimonios de que algunos de ellos “fueron objeto de maltrato o de otros comportamientos”. Tras señalar que en la última semana de mayo los expertos independientes entrevistaron al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, Buitrago añadió que han solicitado a la PGR que “se realicen las indagaciones en los casos visualizados de tortura o de tentativas de tortura”. Por su parte, Carlos Beristáin, experto en psicología, manifestó que luego de escuchar los testimonios de tortura y malos tratos, los integrantes del GIEI han contrastado las declaraciones con “los certificados médicos realizados a los detenidos en diferentes circunstancias, en la entrada a cárcel, en los lugares de detención, ante la propia SEIDO y estamos recogiendo esas evidencias para tener un cuadro de la situación”. Beristáin aclaró que corresponderá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los jueces del caso resolver las quejas. Francisco Cox, abogado chileno, señaló que ante la petición que hicieran los expertos por entrevistar a 36 miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, el pasado domingo 28 recibieron una notificación en el sentido de que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”. Cauto en sus respuestas, Cox explicó sería ”relevante” entrevistar a todos los soldados del Batallón, y que en el expediente de más de 100 tomos “no se les tomó declaración a todas las personas”, y advirtió que de no tener acceso a los militares, así se va a “plasmar en el informe final”. En su informe, los expertos manifestaron su preocupación por el retraso de la decisión del gobierno federal para dar acceso a los militares, porque “limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectiva de búsqueda de los desaparecidos”. Los expertos destacaron que desde que tomaron el mandato hace tres meses, de las más de cien peticiones de “información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación”, la PGR sólo ha cumplido 30%, en 24% ha respondido en forma parcial y 47% está pendiente de entregar. Los expertos celebraron el encuentro que sostendrán la procuradora Arely Gómez González y los padres de familia de los desaparecidos, luego del rompimiento del diálogo a principios de año, a raíz de que el entonces titular de la PGR y actual secretario de la Sedatu, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que los normalistas fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula. Buitrago apuntó que sólo está pendiente la fecha en de la reunión, que fue solicitada por los padres a través del GIEI, petición a la que “la procuradora aceptó de inmediato”, y que la última vez que los familiares de las víctimas tuvieron un encuentro con personal de la PGR, fue con la SEIDO luego de la detención de Francisco Salgado Valladares, en mayo pasado. Como resultado de los buenos oficios del GIEI, “ha concertado un mecanismo” para tomar testimonios de normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, a petición de la PGR, declaraciones que se espera “se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos”. En su cuarto informe, los expertos narraron que acudieron a realizar diligencias con peritos especializados a “los establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad”, así como una nueva inspección en “los sitios donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala”. Los expertos consideraron positivo que por gestiones de la Secretaría de Gobernación se haya instalado una unidad móvil de salud a la entrada de la normal de Ayotzinapa para atender a normalistas y familiares, mientras que se mantiene atento a la valoración médica del joven Aldo Gutiérrez que permanece en estado de coma. Por último, señalaron que están pendientes de la iniciativa de ley sobre desaparición forzada, después de la reforma constitucional y la nueva configuración política tras las elecciones del 7 de junio.