MÉXICO, D.F. (apro).- Cualquier intervención telefónica y de aparatos informáticos es violatoria de derechos humanos cuando se hace al margen de la ley, dijo a Apro el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. Consultado sobre el reportaje Los mexicanos, espiados hasta en la cocina, publicado en el número 2019 de Proceso, bajo la firma de los periodistas Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que es sólo a partir de una orden judicial que puede justificarse la intervención a la información personal de los ciudadanos. “Si hubiese conductas, por quien las hiciera, particulares o servidores público, de intervenciones telefónicas o de acceso a equipos informáticos de manera ilícita, es reprochable, condenable y se tiene que investigar ese delito. Y por supuesto que la CNDH condena cualquier actuación que busque afectar la privacidad porque está vulnerando la intimidad de las personas”, dijo Gonzáles Pérez. El espionaje gubernamental a computadoras, celulares, cuentas de correo, mensajes de texto o voz, imágenes y videos fue probado con documentos de la empresa italiana Hacking Team, filtrados a raíz de un ataque cibernético. La información publicada revela una serie de acuerdos en los que el gobierno de Enrique Peña Nieto (a través del Cisen, la PGR, la Semar, la Sedena y Pemex) y más de diez gobernadores acordaron contratos millonarios con la empresa italiana a cambio de herramientas tecnológicas para espiar a los ciudadanos. -¿Violan los derechos humanos los gobiernos --federal y estatales-- que se han hecho de sistemas de espionaje para vulnerar computadoras y teléfonos celulares de los ciudadanos?, se preguntó al ombudsman nacional. Respondió: “Si se usan ilegalmente, su uso sería ilegal y cualquier aplicación fuera de la ley es condenable. Hay que investigarlo y sancionarlo. Si se acreditara, se estaría cometiendo un delito”, dijo, atenuando que no contaba con más información que la del citado reportaje. Sobre la constante aparición de llamadas intervenidas a empresarios, políticos y ciudadanos en medios de comunicación, que reafirman el espionaje, González Pérez se limitó a reafirmar: “Toda grabación fuera de los preceptos del artículo 16 constitucional es totalmente ilegal. La posición es condenar que nadie está autorizado para incidir en nuestra privacidad al margen de la ley. “Vivimos en un estado democrático de derecho. Cuando hay escuchas que no cumplieron las formalidades legales, quien lo realice incurre en responsabilidades que tienen que ser investigadas porque constituyen delitos que hay que investigar. “Si las autoridades no cumplieran con las formalidades de ley, estarían violentando las normas”, concluyó.