MÉXICO, D.F., (apro).- El deslinde de responsabilidades por la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán comenzó a surtir efecto con la consignación formal de siete de los 22 trabajadores del penal federal del Altiplano. Sin dar a conocer nombres ni cargos, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en un escueto comunicado de prensa que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejerció acción penal en contra de dichos servidores públicos por su presunta responsabilidad en la evasión del líder del Cártel de Sinaloa del penal federal del Altiplano el pasado sábado 11. La Seido los acusó de en la comisión del delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por delitos contra la salud. Los siete trabajadores, detalló la PGR, serán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 de Guanajuato, y quedarán a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. En el comunicado, la PGR subrayó que el Ministerio Púbico de la Federación continuará con la investigación y procederá penalmente contra de todas aquellas personas, servidores públicos o no, que participaron, de cualquier forma, en los hechos del pasado 11 de julio. Asimismo, dio a conocer que los 15 trabajadores restantes fueron liberados. Los servidores públicos consignados permanecían retenidos desde el pasado sábado 11, cuando las autoridades federales se percataron de la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán por un túnel construido exprofeso y con boca de salida en una vivienda a medio construir ubicada a kilómetro y medio de distancia de la celda del narcotraficante. Aparte de ese caso, la PGR citó a declarar a la excoordinadora General de los Penales Federales, Celina Oseguera Parra. La exservidora pública llegó en la mañana a las instalaciones de la Siedo y hasta el cierre de edición no había salido. Oseguera Parra fue citada porque en su calidad de titular de los centros federales de readaptación social (Ceferesos), tenía acceso a los planos y el monitoreo del penal de El Altiplano. La funcionaria fue destituida de su cargo el pasado lunes 13 de julio junto con el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora.