ATENAS (apro).- La mañana del 13 de julio, luego de 17 horas de broncas negociaciones cuajadas de insultos, acusaciones y amenazas, los líderes de la Zona Euro cerraron un principio de acuerdo para empezar a negociar un tercer rescate financiero de Grecia. Pero el pacto, que evita la salida griega del euro, es un texto en el que nadie cree: ni el gobierno de Grecia, dirigido por el izquierdista Alexis Tsipras, contrario a las medidas de austeridad que se verá obligado a aprobar a cambio de nuevos préstamos; ni parte del Ejecutivo alemán, encabezado por su agresivo ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que mantiene abierta la opción de expulsar a los helenos de la divisa común europea, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostiene que sin una quita o condonación de parte de la elevada deuda del país –algo a lo que se opone Berlín- cualquier nuevo programa de ajuste será inviable. Así, la inacabable tragedia griega dista mucho del punto final y amenaza con dividir aún más a Europa y a la propia sociedad helena. Al día siguiente del acuerdo, Apostolos Vuliotis observaba con preocupación las portadas de los diarios, colgadas de un quiosco frente al rectorado de la Universidad de Atenas: “Es desastroso”, comentó. Vuliotis, de 35 años, es uno de los 270 mil jóvenes que ha emigrado durante la crisis griega. Se marchó hace un año a Londres para terminar su maestría en medicina, pero aunque regrese a menudo a su patria, ha decidido que echará raíces en Inglaterra, pues está seguro de que las nuevas medidas de austeridad exigidas a Grecia --elevar aún más los impuestos indirectos, recortar las pensiones y otras partidas presupuestarias, vender propiedades y empresas del Estado y reducir la protección social-- no harán sino hundir aún más una economía que ha perdido ya 25 % de su valor. El joven doctor cree que su gobierno “no tenía otra opción” que la de estampar su firma al acuerdo pues, como también opinan otros en Atenas, lo hizo “con una pistola apuntándole a la cabeza”. La pistola, en este caso, es el Banco Central Europeo (BCE), “un arma en manos de los alemanes”, que durante más de dos semanas ha detenido las llamadas inyecciones de liquidez de emergencia, obligado a Grecia a imponer un corralito bancario y secando los fondos de los cajeros automáticos: los últimos datos hablan de que apenas quedan 300 millones en efectivo en las sedes bancarias, para un país de 11 millones de habitantes. “Este acuerdo no es sólo contra Grecia, sino contra toda Europa”, denuncia Vuliotis: “Las siguientes víctimas serán España e Italia (dos países con importante volumen de deuda) y Alemania no mostrará ningún tipo de compasión por ellas. Porque ahora Europa es Alemania”. En las negociaciones con Grecia, no pocos gobiernos europeos se alinearon con las tesis germanas más duras, como los de España, Portugal o Irlanda –Estados que se han visto obligados a aplicar importantes recortes presupuestarios a cambio de rescates europeos y cuyos gobiernos se ven amenazados por partidos izquierdistas contrarios a la austeridad preconizada desde Alemania--, de poderes ejecutivos escandinavos como los de Dinamarca o Finlandia –que dependen del apoyo de fuerzas de ultraderecha contrarias a apoyar a los griegos-- o de los países del antiguo bloque comunista, más pobres que Grecia y que ingresaron en la UE hace una década después haber sido sometidos a brutales programas de ajuste del FMI como parte de su transición al capitalismo. Sólo la intercesión de países como Francia e Italia logró poner freno al plan de Schäuble de expulsar a Grecia de la unión monetaria europea. Pero esa permanencia en el euro tiene un alto precio. El exministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, quien dimitió tras el referéndum pero continúa siendo diputado del partido izquierdista Syriza (en el gobierno), considera que las condiciones firmadas por Grecia suponen un “nuevo Tratado de Versalles”, como el impuesto a Alemania por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, y que tiene el objetivo de “humillar”  a Grecia al convertirla en “estado vasallo” de un Eurogrupo dirigido por Berlín como si se tratase de “una orquesta”. Diversos analistas –entre ellos muchos provenientes del mundo liberal anglosajón- han criticado que el nuevo memorándum tiene un carácter político de castigo al gobierno izquierdista por haberse permitido el lujo de convocar un referéndum sobre las medidas de austeridad (ya lo intentó hacer el primer ministro socialdemócrata, Yorgos Papandreu, en 2011 y se vio forzado a dimitir) y que carece de sentido desde el punto de vista económico. Un argumento a favor de esta postura es que, entre otras exigencias, pide a los griegos crear un fondo de activos privatizables del Estado para recaudar 50 mil millones de euros. Ese era el objetivo del plan de privatizaciones incluido en el primer memorándum impuesto a Grecia, en 2010, pero muy pronto las instituciones de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) se dieron cuenta de que se trataba de una cifra del todo irreal –dado que el mercado se ha desplomado de tal modo que pocos inversores están dispuestos a pagar por las propiedades helenas- y la fueron reduciendo primero a 19 mil millones y luego a 11 mil. De ahí que no se entienda que ahora se recupere la meta primigenia. Incluso, el FMI ha criticado el nuevo acuerdo y, según algunas notas de prensa, se plantea no participar en él, como sí lo hizo en los anteriores. La razón es que las reglas de la institución monetaria impiden prestar a países cuya deuda no sea considerada viable y, de acuerdo con sus cálculos, el nuevo rescate elevará la ratio de deuda helena desde el 180 % del PIB actual hasta el 200 %, por lo que aboga por una reestructuración de la deuda con “profundas quitas” de hasta el 30 %, algo por lo que la Unión Europea no está dispuesta a pasar. Por lo pronto, el acuerdo con las instituciones ya ha provocado en Grecia una revuelta interna en las filas de Syriza que amenaza con hacer caer el primer gobierno que ha tenido la UE a la izquierda de la socialdemocracia. Uno de cada cuatro diputados de Syriza se negaron a apoyar en el Parlamento las primeras medidas exigidas por el acuerdo, que sólo pudieron salir adelante este jueves gracias al apoyo de parte de la oposición (conservadores, socialdemócratas y liberales). “Es un acuerdo difícil, que sólo el tiempo mostrará si es económicamente viable”, reconoció el nuevo titular de Finanzas griego, Euklidis Tsakalotos, durante el debate parlamentario. El ministro explicó que los socios presionaron a Grecia para que asumiese medidas “neoliberales” y no aceptaron propuestas hechas por la parte helena como incrementar los impuestos a los más ricos: “No sé si hicimos lo correcto (al firmar el acuerdo) –dudaba ante sus compañeros-, pero sentimos que no teníamos otra opción”. En Syriza empiezan a ser conscientes de que han pagado muy cara su bisoñez y falta de experiencia en labores de Gobierno y diplomacia, así como el no haber mantenido preparado un “Plan B” en caso de que las exigencias de los acreedores fuesen consideradas abusivas. Ese plan B sería una salida del euro, una opción que, si bien aún minoritaria, cada vez cuenta más con más adeptos en las filas de la izquierda. Sin embargo, el primer ministro, Alexis Tsipras ya ha dejado claro que la opción que se les puso sobre la mesa como alternativa a la firma de los onerosos términos de la “capitulación” ante el Eurogrupo era “la salida desordenada del euro”, es decir, algo de consecuencias impredecibles y que, en opinión del mandatario heleno, sería “una catástrofe para la clase media y baja”, pues los más ricos hace años que sacaron sus euros del país. “El golpe de estado de Bruselas tenía un objetivo: derribar a este gobierno, mostrar que no puede haber un gobierno de izquierdas en la UE”, denunció el portavoz parlamentario de Syriza, Nikos Filis. Efectivamente, entre la izquierda existe la sensación de que el plan de los acreedores, obligando a Syriza a firmar leyes contrarias a sus ideas y su programa electoral, busca forzar la dimisión de Tsipras y dividir a la formación izquierdista. Algo que poco a poco va logrando: 109 de los 201 integrantes del Comité Central del partido han exigido al gobierno dar marcha atrás al acuerdo y varios altos cargos del ejecutivo han dimitido en protesta por su aceptación. Si bien tiene la esquizofrénica labor de implementar un acuerdo en el que él mismo ha dicho no creer, el joven mandatario heleno parece dispuesto a continuar, aunque sus bases se tambaleen: “No voy a hacer el favor a nuestros adversarios políticos de ser un breve paréntesis en la historia”, declaró. Por el momento se perfilan en el futuro cercano una remodelación del gobierno para expulsar a los diputados disidentes y, quizás, unas nuevas elecciones después del verano. “Nuestro deber es no caer y esperar que otros como nosotros lleguen al poder”, afirmó Tsipras. Aguantar, resistir y rezar por que partidos de izquierda lleguen al poder en países mayores, como España, lo que permitiría que la austeridad no sea “la única opción en Europa”. Pese a todo –la firma de un acuerdo muy doloroso, el cierre de los bancos que está estrangulando la economía, las profundas grietas en su partido--, Tsipras sigue gozando de un amplio apoyo popular. Según una encuesta de Kapa Research, el índice de aprobación del primer ministro es de casi 60 %. En la calle, la mayoría de los consultados por Apro lo defienden: “Es un buen chico, ha hecho lo que ha podido”, es la frase más repetida con diferentes matices. La mayoría de los griegos culpa a Alemania de querer hundir a Grecia. Como en Alemania culpan a los griegos de dilapidar sus ahorros. El nacionalismo está saliendo reforzado de este proceso y, no en vano, durante las negociaciones se leían en las redes sociales llamamientos de internautas griegos a expulsar a los inmigrantes polacos y de otras naciones que se han aliado con los alemanes en las exigencias a Grecia. Desde luego, el nuevo acuerdo ha dividido al gobierno heleno, pero la crisis del euro está abriendo también una falla entre los países europeos y despertando los fantasmas del pasado, aquellos precisamente con los que pretendía acabar la unificación del Viejo Continente.