El caso Martí, otro traspié de Mancera

MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado sábado 18 Lorena González Hernández fue liberada luego de permanecer en prisión, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, en junio de 2008.

La exagente de la Policía Federal emprenderá ahora una batalla legal contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que le reparen el daño causado y le ofrezcan una disculpa, como establece la ley.

Rodrigo Higuera, abogado de Lorena, declaró a Radio Fórmula que buscarán una cita con el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos, para iniciar el proceso de reparación del daño.

“Nuestro primer paso a seguir, es buscar tener una cita con el procurador Rodolfo Ríos a la brevedad posible, si no fuera el caso actuaríamos por la vía legal, nosotros creemos que es mucho más fácil porque ya hicieron lo más difícil que es reconocer que se equivocaron y por lo tanto procede un derecho legal, no es un favor que le van a hacer, ella tiene derecho a que le digan que fue un error”, dijo.

Además, puntualizó que su clienta pedirá tener una compensación económica por las complicaciones que enfrentará para encontrar trabajo, debido a lo mediático de su caso, y a que su encierro generó la pérdida de su vivienda y sus ahorros los invirtió para mantenerse en la cárcel.

La detención de La Lore ocurrió cuando Miguel Ángel Mancera estaba a cargo de la PGJDF. En aquel entonces, el hoy jefe de Gobierno se basó en la declaración del principal testigo del caso: Christian Salmones, escolta del joven Martí. En su declaración ministerial, Salmones reconoció a La Lore como la persona que ayudó a los supuestos agentes federales a secuestrar al hijo del empresario Alejandro Martí.

Fue lo único.

Con el paso del tiempo, Salmones cayó en contradicciones y finalmente se desistió de ratificar la acusación, lo que permitió la liberación de la expolicía federal y de paso dejó otra vez en entredicho la investigación que estuvo a cargo de Mancera.

La historia

Fernando Martí Haik fue secuestrado el 4 de junio de 2008, junto con su chofer y su escolta Christian Salmones, quien fue el único que sobrevivió al falso retén policiaco que encontraron cuando se dirigían a su escuela, el colegio American British School.

El 1 de agosto siguiente, el cuerpo del menor fue localizado en el interior de un auto Corsa abandonado en la colonia Villa Panamericana, en la delegación Coyoacán.

Para entonces, Mancera Espinosa tenía menos de un mes al frente de la PGJDF, donde sustituyó de Rodolfo Félix, quien debió renunciar luego del operativo fallido en la discoteca News Divine.

Según el libro “Mancera. Rumbo extraviado”, del periodista del semanario Proceso, Raúl Monge, días después del hallazgo del cadáver, la PGJDF detuvo a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Marco Antonio Moreno Jiménez y al policía judicial Fernando Hernández Santoyo.

Los tres fueron señalados por la PGJDF como integrantes de la banda delincuencial “La Flor” y responsables del secuestro y muerte del hijo del dueño de las tiendas de artículos deportivos Martí.

Más tarde, cuenta Monge, en una carta dirigida al entonces presidente Felipe Calderón, Romero Ángel denunció que su detención fue ilegal. También acusó al entonces jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazarlo y torturarlo y hasta pidió que la investigación fuera atraída por la Procuraduría General de la República (PGR). Al poco tiempo, sus abogados renunciaron a su defensa tras recibir amenazas.

Ante la creciente indignación ciudadana –ya estaba en formación el movimiento Alto al Secuestro, encabezado por el mismo Alejandro Martí–, el procurador Mancera responsabilizó a Sergio Humberto Ortiz Juárez El Apá, un policía retirado, y a Lorena González Hernández La Lore –cercana a Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, dos de los principales colaboradores de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, de participar en el supuesto retén policiaco en el que fue secuestrado Fernando Martí.

Según la investigación de Raúl Monge, cuando La Lore fue puesta a disposición del Ministerio Público, negó haber participado en el crimen y tener relación con El Apá y los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, acusados por la PGJDF de cuidar a Fernando en su cautiverio.

Después de dar sus datos generales –casada, empleada en la SSP federal, católica y pasante de la carrera Negocios Internacionales– La Lore fue llevada a la cámara de Gessel, donde fue identificada por Christian Salmones, el escolta del menor, como la mujer que participó en el retén.

El vuelco

En enero de 2013, cuando llevaba cuatro años de estar en prisión, en entrevista con el diario 24 Horas, La Lore acusó a Miguel Ángel Mancera –para entonces ya jefe de Gobierno del DF–, de fabricar su caso.

“Sí, cuatro años y cada vez es más difícil. Veo cómo se abre una puerta y luego se cierra, siempre esperando una esperanza que aún no llega. Pese a todo, sé que llegará el momento en que recobraré mi libertad, pero no sé cuándo”, dijo.

En esa entrevista, citada por el periodista de Proceso, La Lore aseguró que el día del secuestro de Martí ella estaba en Acapulco de vacaciones con su esposo y que estaban hospedados en el hotel Lisette, en Costa Azul. Agregó que en el juicio pidió a las autoridades que se hiciera la diligencia en dicho hotel para comprobar su estancia, pero ésta nunca se hizo. Incluso, dijo que el 3 de junio –un día antes del secuestro– acudió a una sucursal del banco HSBC del puerto.

Lorena González aseguró que en su expediente “hay declaraciones de dos personas de Tepito que me relacionan con la banda de secuestradores, pero resulta que las credenciales del IFE de esos testigos eran falsas, entonces, yo creo que nunca existieron, y creo que todo fue una ruin fabricación de pruebas en mi contra”.

Agregó que ignoraba por qué Salmones la señaló como responsable. “No sé de dónde venga todo esto, el hecho es que no tienen pruebas suficientes en mi contra, sólo declaraciones y fabricaciones que ha hecho la PGJDF, pese a que en el fuero federal hay pruebas sólidas de que señalan lo contrario”, agregó.

Al contar sobre su detención, González Hernández dijo que agentes judiciales fueron a sus oficinas de la Policía Federal con una orden de aprehensión y luego la arraigaron. Sin embargo, sólo hasta un mes después se enteró de qué estaba acusada.

La mañana del 17 de junio de 2009, el entonces coordinador de Inteligencia de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, anunció la captura de integrantes de la banda “Los Petriciolet” y presentó a Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García como autor confeso del secuestro y muerte de Fernando Martí.

Aquel anuncio echó por la borda la investigación de la PGJDF a cargo de Mancera.

Sin embargo, el proceso contra Lorena González Hernández continuó con ella tras las rejas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Hasta que el que pasado sábado 18 de julio, el juez 32 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur determinó dejarla en libertad por insuficiencia probatoria, pues los datos recabados no fueron sólidos para concretar una sentencia condenatoria.

Además, Christian Salmones, exescolta del hijo del empresario y quien en un principio la señaló como la mujer que participó en el falso retén policiaco, se desistió de ratificar su acusación.

La defensa de Mancera

Antes de la liberación de La Lore y desde su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera justificó en entrevista con Raúl Monge su actuación en todo el caso:

“Lo que nosotros siempre dejamos claro es que se trataba de una banda muy grande, que estaban involucrados policías y que operaban en células. Y empezaron ahí las objeciones porque lo que nos decían es que los secuestradores nunca operan en células que no podían ser algo tan grande y que no tenían vinculación con otra actividad delictiva.

“Al final del día se comprobó que sí había células, que había incluso miembros de la banda que no se conocían entre sí, que estaban metidos policías federales y capitalinos, y que la línea troncal o la columna vertebral tenía que ver con el narcotráfico”.

Tras la liberación de La Lore el pasado fin de semana, Mancera Espinosa se refirió al caso:

“Se presentaron conclusiones inacusatorias. El procurador (Rodolfo Ríos Garza) consideró que con los elementos que se tenían y, sobre todo, tomando una nueva realidad tanto de criterios como de análisis en el sistema jurídico mexicano, los criterios que se tienen hoy derivados del sistema acusatorio, los planteamientos de principios en este sistema adversarial que quedan plasmados ya en la Constitución y las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pues dan una orientación diferente al Ministerio Público”.

Siguió:

“A partir de estos principios, incluso se tiene ya al Ministerio Público con un principio que es el principio de oportunidad en donde yo estoy seguro que cada vez más vamos a ver asuntos así en donde se lleguen a los análisis cuando no tienes una prueba plena. Porque hay que recordar que hay varias etapas. La etapa de la prueba indiciaria para lograr primero una orden de captura, una prueba indiciaria robustecida en la formal prisión y la etapa de la prueba plena para la condena”.

Y remató: “El Ministerio Público es el que consideró que no tenía los elementos suficientes para llegar a la condena”.

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