MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo y Ostula evidencian un claro patrón de ataque sistemático desde las instituciones del Estado en contra de la población civil. Cada día resulta más evidente que el gobierno federal priista se comporta como un grupo más del crimen organizado, sin el menor respeto para la humanidad o el debido proceso. La crisis de derechos humanos que se vive en México es sin duda aún peor que durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón. Bajo el mando de Enrique Peña Nieto, las instituciones supuestamente “públicas” asesinan a sangre fría a sospechosos e intervienen sin control alguno las comunicaciones privadas. No es de ninguna manera gratuito que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez haya remitido su informe más reciente, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. La orden de “abatir a los delincuentes en horas de oscuridad” convierte tanto a los altos mandos de seguridad como al mismo presidente de la República, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, en probables responsables de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha puesto el dedo en la llaga: “Desde el periodo de la ‘Guerra Sucia’ (…) las autoridades federales dispusieron del Ejército Mexicano para que se encargara de aplicar acciones de contrainsurgencia con el fin de acabar con la insurrección popular. Desde aquellos años las instituciones castrenses y las instancias encargadas de procurar y administrar justicia fueron utilizadas como estructuras delincuenciales para solapar y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad” (análisis completo disponible aquí: http://ow.ly/PnfPj). El hecho de que el modus operandi de las fuerzas de seguridad se mantiene igual que hace 40 años comprueba una vez más que México jamás experimentó “transición democrática” alguna. La alternancia entre el PRI y el PAN en el poder presidencial no ha sido más que una gran cortina de humo que ha servido para distraer la atención del proceso de consolidación de un Estado criminal. El informe del Centro Pro Juárez sobre Tlatlaya (disponible aquí: http://ow.ly/Pnh4Y) constituye un estudio de caso aplicable a la totalidad del país. La cantidad de masacres que se han vivido en México durante los últimos años demuestra que el gobierno federal utiliza la fuerza letal del Estado sin responsabilidad alguna. De acuerdo con el centro de derechos humanos, los documentos internos del Ejército establecen una “distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y ‘los delincuentes’”, y autoriza a “abatir” a los supuestos integrantes de la tercera categoría. Pero habría que recordar que la única institución facultada por las normas mexicanas para determinar si alguien es o no un delincuente es el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las leyes nacionales prohíben tajantemente la aplicación de la pena de muerte. La ejecución a sangre fría de cientos de ciudadanos por las fuerzas del Estado constituye una grave violación al estado de derecho. Resulta igualmente preocupante la utilización por el gobierno federal de la plataforma “Remote Control Sytem” de la empresa Hacking Team de Milán, Italia, para intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos. Tal y como ha informado la revista Proceso, esa empresa ha sido señalada por Reporteros Sin Fronteras como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet”, además de haber sido exhibida por Citizen Lab por la utilización de sus programas para la represión de grupos disidentes y periodistas en África y el Medio Oriente. Resulta risible la “aclaración” ofrecida por el gobierno federal de que el programa de espionaje se utilizaría “en el marco de la ley” y que “sirve para escuchas legalmente autorizadas por el Poder Judicial de la Federación”. Un gobierno capaz de “abatir” a sangre fría a cientos de ciudadanos inocentes evidentemente no duda tampoco en intervenir de manera indiscriminada en la vida personal de los mexicanos con el fin de “abatir” la resistencia popular. Queda meridianamente claro que Peña Nieto cuenta con el firme respaldo del gobierno de Barack Obama en su cruzada en contra de la sociedad mexicana. El reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EU tiende un manto de protección sobre Peña Nieto al indicar que casi todas las violaciones en la materia supuestamente se deberían a problemas a nivel local. Asimismo, el informe de la oficina de John Kerry desdeña olímpicamente el tema de la represión política al señalar con mala fe que en México no existen ni presos políticos ni detenciones arbitrarias de activistas sociales. El documento también dice que el gobierno mexicano “respeta generalmente” los derechos a la libertad de expresión y a la protesta, y que la elección presidencial de 2012 fue “libre, justa y transparente”. Resulta evidente que el adversario no es solamente el hombre sentado hoy en Los Pinos, sino una estructura internacional de complicidad neoliberal que busca acabar con cualquier resquicio de resistencia de los pueblos dignos en México, en Grecia y en el mundo entero. Urge consolidar la internacionalización de la lucha por la justicia y la democracia mexicanas. www.johnackerman.blogspot.com @JohnMAckerman