Deja el gobierno intacta la red criminal de “El Chapo”

Un documento de inteligencia de la Secretaría de Marina fechado en marzo de 2014 enlista una red de 242 compañías y al menos 203 empresarios y prestanombres –incluido un primo del expresidente Vicente Fox– que manejaban negocios legalmente registrados y sustentaba el enorme poder financiero de El Chapo Guzmán. De acuerdo con el reporte, al que tuvo acceso este semanario, estaban por intensificarse las acciones contra las personas ahí señaladas, pero la Marina no actuó y ahora el capo está libre.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En marzo de 2014, días después de la detención de El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa, en las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) se elaboró un documento que se refiere a una investigación sobre los contactos que el capo utiliza para su protección, “así como de las redes y los operadores financieros a su servicio a través de los cuales ha podido lavar cientos de millones de dólares en los últimos 13 años”.

Este semanario tuvo acceso a ese análisis, según el cual forman parte de la red 242 empresas registradas en México y al menos 203 empresarios y prestanombres. Entre los señalados directamente está Gabriel Quesada Suárez, primo del expresidente Vicente Fox y representante del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México durante seis años (2007-2013) a petición del guanajuatense.

“La intensificación de las investigaciones no se centra únicamente en las redes y actividades del Chapo –aclara el documento de la Semar–, sino también de los principales mandos del Cártel de Sinaloa, fundamentalmente Ismael Zambada, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Dámaso López Núñez, El Licenciado y su hijo Dámaso López, El Mini Lic, entre otros”.

Por lo tanto, agregaban los redactores, “se espera que en el transcurso de las próximas semanas se asesten nuevos golpes contundentes a este cártel, con detenciones de varios de los principales, así como de sus cómplices, prestanombres y lavadores de dinero”.

Pero eso no sucedió en los 17 meses que El Chapo permaneció tras las rejas: precisamente sus amplias redes de lavado de dinero y protección le permitieron fraguar su salida del penal de máxima seguridad del Altiplano, el sábado 11.

En junio de 2014 esta reportera, a través de la Ley Federal de Transparencia, hizo solicitudes de información a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para conocer el número de empresas aseguradas, intervenidas o decomisadas al Chapo, sus familiares y socios, o relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidos sus nombres y las fechas en que fueron afectadas.

La SHCP respondió que esa era competencia de la PGR, y ésta que la información era “inexistente”.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2021, ya en circulación)

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