Piden alerta de género para los 125 municipios del Edomex

El cuerpo de una mujer hallado en Ecatepec, Edomex. Foto: David Deolarte El cuerpo de una mujer hallado en Ecatepec, Edomex. Foto: David Deolarte

MÉXICO, D.F.  (apro).- Familiares de víctimas de feminicidio, así como de desaparición de mujeres en el Estado de México, exigieron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitir la alerta de violencia de género (AVG) para los 125 municipios de la entidad y no sólo en los 11 propuestos el martes por el gobernador Eruviel Ávila.

En rueda de prensa, integrantes de la Alianza de los Derechos de las Mujeres en el Estado de México recordaron que desde hace más de cinco años han demandado la AVG durante las gestiones de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, e incluso han interpuesto un amparo contra una decisión inicial de negar la declaratoria tras considerar la exigencia como una estrategia política contra el actual presidente de la República.

Los integrantes de la Alianza, un colectivo de familiares que exigen justicia, fijaron su posición en víspera de que el Sistema Nacional determine la pertinencia de la declaratoria de AVG, una vez que Eruviel Ávila consideró que la violencia contra las mujeres se concentra en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyot, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Yuritzi Hernández de la Rosa, integrante de la Alianza, resaltó que es indispensable que se considere la alerta en los 125 municipios de la entidad, toda vez que de 2011 a 2013 se han registrado 840 feminicidios, de los que la Procuraduría mexiquense sólo reconoce 145; en tanto que de 2011 a 2012 la dependencia reportó mil 258 desapariciones de mujeres, quienes en cerca de 53% está en el rango de los 10 a 17 años de edad.

Los familiares de cuatro víctimas de violencia contra las mujeres en esa entidad, integrantes de la Alianza, exigieron que la declaratoria de AVG considere la creación de un “observatorio ciudadano” para verificar que los recursos de la Federación se destinen efectivamente a la localización de las desaparecidas y a respaldar a las víctimas de feminicidio.

Irinea Buendía –madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en diciembre de 2010 y por quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó reabrir el expediente de investigación que se clasificó como “suicidio”, así como castigar a las autoridades responsables– agregó que la violencia contra las mujeres en la entidad gobernada por Ávila Villegas va en incremento, y recordó que a partir de 2013 no se les ha proporcionado información sobre el número de víctimas.

Buendía, quien se ha convertido en defensora de otros casos, insistió en la necesidad de que la sociedad civil “vigile las acciones de las dependencias que serán las encargadas de dar cauce a la AVG, porque el gobierno está acostumbrado a negar información.

Muestra de ello, abundó, es que mientras de 2006 a 2011 se tenía un registro de 7 mil 749 feminicidios, “en 2011 la Fiscalía de Feminicidios me informó que sólo tenían registrados 922 casos, peor aún, en lo que va del año las autoridades dicen que sólo hay 30 mujeres desaparecidas y nosotros hemos detectado más de cien casos sólo en la revisión de los periódicos”.

La madre de Mariana Lima –joven asesinada por su pareja en 2010, caso que también fue clasificado como suicidio– consideró sospechoso que Eruviel Ávila haya solicitado la alerta de género cuando “no nos ha recibido como familiares de víctimas y se ha negado de manera continua a aceptar la declaratoria de AVG”.

También consideraron que la solicitud del gobernador bien podría ser una estrategia política para obtener recursos públicos para la compra de votos, pues la declaratoria implicaría la asignación especial de recursos para la entidad, presuntamente destinados a capacitación de personal de la PGJEM.

“Hasta ahora –contó Irinea– no nos han buscado del gobierno del estado para conocer nuestras propuestas, por eso tenemos miedo que se utilice el dinero para repartir despensas y televisiones de pantalla plana, y no para lo que se requiere”.

En la conferencia estuvieron María Antonieta Márquez y Viviana Muciño, madre y hermana de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; José Diego Suárez Padilla, padre de Rosa Diana Suárez Torres, cuya muerte ocurrió en diciembre de 2010, y Marisol Méndez Rizo, hija de María Dolores Rizo Juárez, desaparecida en 2011.

Como doña Irinea, todos ellos recordaron que sus casos se encuentran en la impunidad y manifestaron sus reservas de que los recursos que se destinarían a la entidad, en caso de declararse la AVG, no se apliquen en su totalidad, lo que en los hechos sería una simulación.

Por ello, insistieron en la urgencia de crear un observatorio ciudadano, independiente de las decisiones gubernamentales.

Los activistas adelantaron que este martes 28 realizarán un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), a partir de las 10 de la mañana, en espera de que se declare la AVG en todo el Estado de México.

Comentarios

Load More