Complicidades encubiertas

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Además de la ineptitud, torpeza y ridículo exhibidos por el equipo de seguridad del gobierno, la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha puesto al descubierto la debilidad de un Estado fracturado por la corrupción e infiltrado hasta la médula por el crimen organizado, en especial por el Cártel de Sinaloa, beneficiado por un trato especial de la administración de Enrique Peña Nieto.

Todo apunta hacia la existencia de un pacto de impunidad política entre el gobierno y el crimen organizado sinaloense, que opera al estilo de la mafia italiana de los años sesenta mediante vínculos con las élites política, empresarial y judicial, más allá del soborno y la corrupción. En ello coinciden dos destacados especialistas en la materia, Edgardo Buscaglia y Roberto Saviano.

Documentado con amplitud, el escape de Guzmán Loera a través de un túnel de kilómetro y medio y hasta 19 metros de profundidad utilizando alta tecnología satelital y constructiva hubiera sido imposible sin la connivencia –por comisión u omisión– no sólo de los directivos y personal del penal de máxima seguridad del Altiplano (hoy conocido como Almoloya), sino de altos funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como de las secretarías de Gobernación y Defensa, como se acredita con detalle y rigor en Proceso 2020.

Aunque ya era apodado El Señor de los Túneles por las decenas que construyó para traficar drogas, dinero y armas entre México y Estados Unidos, ninguna autoridad detectó ni impidió la construcción del que lo condujo a la libertad. Tampoco fueron interceptados los mensajes y llamadas del reo, quien gozaba de un ilegal trato privilegiado dentro del penal, lo cual le permitió seguir dirigiendo su cártel desde la prisión, además de establecer alianzas con enemigos y competidores como Héctor Beltrán Leyva, miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas ahí recluidos (como lo ha documentado Anabel Hernández).

El poder corruptor de El Chapo también impidió que la Presidencia de la República cumpliera su compromiso de ubicar los bienes y mecanismos que permitieron el lavado de dinero, así como identificar a los cómplices del capo para procesarlos conforme a derecho, como lo ofreció el vocero Eduardo Sánchez tras su captura. Durante la efímera reclusión de Guzmán Loera, el gobierno no atacó la estructura financiera y patrimonial del Cártel de Sinaloa ni la red de corrupción y complicidad que sustenta su funcionamiento. En cambio, sí permitió que los dos narcotraficantes más peligrosos del país, El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, capos de ese grupo delincuencial, hayan abandonado la prisión en menos de dos años, apoyados por autoridades de seguridad y justicia del país (Proceso 1920).

Desde hace más de un lustro, el Cártel de Sinaloa ha disminuido la confrontación armada con grupos rivales a favor de una estrategia empresarial basada en la formación de alianzas, con el propósito de expandir sus negocios a escala hemisférica y mundial. Ello ha propiciado que el combate contra dicho sector delictivo se dirija contra los grupos criminales más violentos, estableciendo un acuerdo –¿tácito o expreso?– para permitir que la organización sinaloense opere con mayor libertad.

De acuerdo con Edgardo Buscaglia, uno de los expertos mundiales más destacados en la materia, la estrategia del Chapo es aliarse con sus enemigos en lugar de enfrentarse a ellos, imitando el modelo de organizaciones criminales como la mafia Yakuta de Japón, basado en un pacto con la clase política para establecer una paz mafiosa. Su táctica es concentrarse en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, operando sin violencia. Ello disminuye los índices de robos, homicidios y secuestros en los territorios bajo su mando, como Baja California y Morelos, al tiempo que se amplía el mercado del crimen y su poder e ingresos aumentan.

En la misma línea de análisis, Roberto Saviano señala que El Chapo Guzmán no es un simple “narco”, sino el jefe de una mafia organizada con base en reglas y jerarquías, que no responde instintivamente a mecanismos gansteriles sino a códigos y estrategias económicos. El autor de Gomorra opina que Guzmán Loera ha cambiado la historia de México y está transformando la historia de la economía del narcotráfico porque ha trascendido el modelo de Pablo Escobar. A diferencia del colombiano, el sinaloense no pretende participar en política, sino utilizar al poder político en beneficio de sus intereses. Sabe que la fortaleza de una organización de la mafia radica en su carácter secreto, en la discreción de la clandestinidad. Al mismo tiempo, el Cártel de Sinaloa utiliza la estrategia del chantaje: si me atacas, transfiero mi dinero al extranjero; entre menos me agredas, más invierto en México (El Universal, 20/VII/15).

De acuerdo con Saviano, la relación entre la mafia y la política es de reciprocidad y soporte mutuo. La mafia no puede existir sin sus vínculos políticos, ni la política puede sustentarse sin el apoyo de la mafia en los territorios controlados por ella. Es una relación fundada en el intercambio de favores, sabiendo cuándo y cómo manipular un contrato o hacerse de la vista gorda a cambio de apoyos financieros o de garantizar un descenso de la violencia en las zonas donde opera. Tal como ocurre en México con el Cártel de Sinaloa.

La participación de funcionarios de la presente administración en la huida del Chapo –al igual que en la liberación de Caro Quintero– es tan clara como la falta de voluntad política para realizar una investigación a fondo del problema que permita corregir sus causas y castigar a los responsables. El gobierno federal no parece dispuesto a emprender un combate frontal y eficaz contra la corrupción vinculada al crimen organizado mediante las creación de unidades de investigación patrimonial autónomas en todos los estados del país, como lo ha propuesto Buscaglia –entre una veintena más de recomendaciones de fondo– para evitar que la delincuencia organizada aumente su control político en beneficio de sus intereses.

Más allá de la mediocridad y el cinismo que implica, la pusilánime reacción gubernamental ante la amenaza a la seguridad nacional y hemisférica provocada por la fuga de Guzmán Loera trasluce una profunda connivencia con la mafia del narcotráfico. A pesar del descrédito internacional y de la indignación social, el gobierno de Enrique Peña Nieto parece empeñado en restaurar la paz mafiosa que prevaleció durante el régimen priista del siglo pasado, mediante la implantación de la oferta –la ley mafiosa del silencio– a fin de fortalecer las complicidades encubiertas.

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