GUANAJUATO, Gto. (apro).- Organizaciones civiles lamentaron la negativa del gobierno federal de declarar la Alerta por violencia de género a pesar de la deuda histórica que tiene con las mujeres guanajuatenses. Además, advirtieron que por lo menos deberá cumplir con el compromiso de garantizar a las familias de las víctimas de feminicidios la protección y la reparación del daño, así como concretar una política pública en la materia. “El feminicidio es la máxima expresión del incumplimiento de las obligaciones del Estado. Los feminicidios (en Guanajuato) tienen qué parar”, dijo la directora del Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez”, Ángeles López García. A su vez, la diputada federal electa por el PRI, Éricka Arroyo, señaló que mientras en el Estado de México –donde el gobierno federal declaró la alerta en 11 municipios con elevados índices de feminicidios--, en la entidad se exigirá que el gobierno estatal muestre con trabajo que lo más importante es la seguridad de las mujeres. “Al gobierno de Guanajuato le preocupó más verse mal…si el fenómeno (de los feminicidios”) no baja a mediano y largo plazo, estaré sumándome si hay una nueva petición de las organizaciones civiles para una Alerta de género”, anunció la priista. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Conavim, dio a conocer el pasado jueves que no se emitirá una Alerta de género para Guanajuato, a pesar de la violencia feminicida que ha cobrado la vida de cerca de 200 mujeres del 2013 a la fecha. Ángeles López, directora del Centro “Victoria Díez”, dijo que más allá de la formalidad de la Alerta por violencia de género, el Estado deberá demostrar con resultados que es capaz de garantizar la vida y la integridad de las guanajuatenses, no sólo en términos físicos, sino “que puedan vivir una vida libre de todas las violencias: económica, política, obstétrica…”. Por ello, dijo esperar que el proceso de la Alerta y el resultado para el caso de Guanajuato, no quede en una cuestión meramente formal, sino que se adquiera un compromiso verdadero. “Los feminicidios tienen qué parar y no es un eslogan, sino una exigencia de respeto a las vidas de las mujeres. no se trata de que haya policías vigilando a cada mujer, sino que en la medida en que el Estado es capaz de abatir la impunidad, de sancionar a quienes cometieron esos feminicidios, y más allá, proporcionar condiciones de acceso a vivienda, salud, educación, el mensaje que se manda es que las mujeres tenemos derechos como todos y nuestra vida tiene que ser respetada”. Además, ante la declaratoria emitida para el Estado de México, López García aclaró que se trata de una decisión tardía “porque cuando el Estado ya no pudo pidió auxilio, aunque al gobernador no le corresponde. No es necesario llegar a esos extremos, porque la prevención significa cumplir con el derecho para no violar derechos”. Por ello, anunció que organizaciones como el Centro Victoria Díez seguirán exigiendo del Estado señales claras de que no sólo se cuentan las muertas, sino que se trabaja por una vigencia de derechos y una política pública, “es lo mínimo que podemos esperar”. El Centro Las Libres, la organización civil que solicitó (por tercera vez) esta declaratoria, dio a conocer a través de su directora Verónica Cruz Sánchez que se continuará exigiendo que el Estado reconozca la problemática en violencia feminicida en Guanajuato y actúe, “con alerta y sin alerta”. Resaltó que la sociedad civil ha trabajado en evidenciar la situación y exigir a las diversas autoridades que tomen medidas, y aunque se han comenzado a dar pasos por parte del gobierno estatal, la alerta es un mecanismo que pudo servir para frenar la violencia contra las mujeres y las muertes violentas que se registran en la entidad.